Adrián González está acabando la carrera de derecho y ejerce como abogado para un centro de empleo protegido en València. Tiene discapacidad intelectual, pero eso no le impide hacer bien su trabajo. Lleva la asesoría jurídica de las 400 personas con discapacidad que este centro de empleo ha insertado en distintas empresas. Como abogado denuncia que la nueva reforma del Ministerio de Trabajo "pone en riesgo a todos los trabajadores con discapacidad".
"Es devastador para el colectivo". Así de claro se muestra Luis Vañó, presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (Cermi) en la C. Valenciana sobre el último anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral, entre los que están las personas discapacitadas.
El sector denuncia que Trabajo plantea eliminar casi todas las bonificaciones al pago de la seguridad social para las empresas que contraten personas con discapacidad. Por ejemplo, para los contratos temporales pasa de haber una bonificación de hasta 391 euros para pasar a cero euros. En el caso del empleo protegido (entidades sociales), pasan de pagar el 100 % de la seguridad social a no pagar nada. Cero euros.
Estos dos puntos son los que preocupan especialmente a la entidad que agrupa a todas las asociaciones de personas con discapacidad. Lo único que se mantiene -aunque con una pequeña bajada- son las bonificaciones a la contratación indefinida que pasan de 475 a 466 euros al mes en el mejor de los casos.
La confederación denuncia que este anteproyecto también limitará el acceso a bonificaciones a las administraciones públicas, por lo que entienden que también provocará limitaciones a la contratación.
Juan José Serrano, presidente de la patronal de centros de empleo protegido Agevalce, explica que esta reforma supone disparar los costes para todos estos centros. En el suyo, donde el 94 % del personal tiene discapacidad, "ninguno de los empleados cobra el salario mínimo, y si de golpe hay que abonar todas las cuotas eso puede significar una reestructuración muy grande", asegura.
El Cermi se ha puesto en contacto recientemente con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) al que ha hecho llegar esta cuestión para reclamarle que las CC AA también ejerzan presión en contra de esta regulación. La entidad, contactada por Levante-EMV, no ha querido dar declaraciones a la espera de mantener una reunión con los afectados.
En la Comunitat Valenciana hay 124 centros de empleo protegido, que suelen ser entidades sociales o fundaciones. En estos centros es obligatorio que un 70 % de la plantilla tenga algún tipo de discapacidad (física, orgánica y intelectual), y actualmente tienen una bonificación del 100 % de las cuotas de la seguridad social. El anteproyecto de ley plantea quitar todas esas bonificaciones por completo, algo que afectaría a unos 8.000 trabajadores y trabajadoras, según estima el Cermi, solo en la C.Valenciana.
De estas personas afectadas, alrededor del 30 % podría quedarse en el paro. Especialmente todos los trabajadores con contratos temporales, según explica Serrano. Se trata solo de las personas trabajadoras a través de centros de empleo protegido, no de todas las personas con discapacidad con trabajo, así que el número podría ser mucho mayor.
Por provincias, la gran mayoría de trabajadores están en la provincia de Valencia. En Alicante tan solo hay 1.000 personas empleadas y en Castelló 600. En toda España los centros de empleo protegido dan trabajo a casi 100.000 personas, "la reforma del Gobierno va a afectar a muchísima gente", remarca Serrano.
En cuanto al empleo ordinario, donde es obligatorio que el 2 % de la plantilla en una empresa de más de 50 trabajadores tenga discapacidad, el más afectado es el trabajo temporal, que tampoco tendrá nada de bonificación. Algo que, consideran en el Cermi, impactará muy negativamente a las opciones que tienen las personas con discapacidad de conseguir un empleo por delante del resto de la población.
Es más, el Cermi dice que "con toda probabilidad provocará pérdida de empleo, reducción de la contratación en personas con discapacidad y pondrá en riesgo la viabilidad de los centros de empleo protegido". De hecho considera que, como consecuencia, "conllevará mayores gastos añadidos para el Estado, para las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en general". Por ello reivindica que se mantenga el sistema de bonificaciones.
"El coste" de la no inserción
El Cermi remarca que, en estos momentos, el peso de la contratación en centros de empleo protegido es del 68 % del total del mercado laboral, con lo que, si se concreta esta decisión "puede llevar a una pérdida de empleo dentro de un colectivo muy complicado de insertar en el mercado laboral", provocado por el incremento "desmesurado" de los costes laborales de los puestos de trabajo.
La entidad hace incluso un desglose sobre lo que podría costar a un centro de empleo protegido de media que se aprobara este reglamento, contando que tiene los trabajadores necesarios para funcionar y el mínimo del 70 % de personas con discapacidad. Según el Cermi, el coste del anteproyecto sería de 52.853 euros (sin contar pluses de ningún tipo), que según ellos "llevaría a muchos centros a ser inviables".
Vañò pide que se tenga en cuenta "el coste" de la no inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral o de la pérdida de empleo. Para el presidente esto tiene como contrapartida "una serie de gastos añadidos para el Estado, para la persona con discapacidad, para su familia y para la sociedad en general".
Las entidades ya tuvieron una reunión con el ministerio el pasado 28 de octubre donde le trasladaron sus reivindicaciones. Ahora confían en que sean las autonomías las que trasladen también este mensaje para evitar la reforma legal.
"No se produce igual con discapacidad. Sin ayudas encontrar trabajo es muy complicado".
Un trabajador con discapacidad no rinde igual que el resto. "El tiempo para hacer una actividad es mayor la mayoría de ocasiones, y quizá no es igual de productivo, se le tiene que tratar distinto. Las empresas que contratan personas con discapacidad tienen esos inconvenientes productivos, por eso se le dan estos incentivos. Pero sin ayudas es complicadísimo que podamos conseguir trabajo", explica González.
El abogado denuncia que "si los centros especiales de empleo han crecido y han construido toda una estructura con estas bonificaciones, cuando el Gobierno las recorte toda esa estructura se va a recortar también, y eso pone en riesgo muchísimos puestos de trabajo", reivindica.
