En el barrio de la Fuensanta, y también en la Coma, hay dos bloques de vivienda pública okupados de arriba abajo. Allí hay familias vulnerables, pero también otras que practican lo que se conoce en el barrio como «el traspaso».
La vivienda pública (mejor dicho, el derecho a ocuparla) se compra y se vende en estos bloques por precios que pueden llegar a los 1.500 euros. En realidad, depende del que quieran fijar los okupas en ese momento para las personas que van a llegar después.
Se trata de bloques muy localizados en el centro de los barrios más degradados de la Comunitat, pero en total hay más de 864 casas de la administración ocupadas ilegalmente, de un total de 14.604 viviendas. Es decir, menos de un 6 % del parque público.
Pero hay que matizar mucho este dato. Porque el año pasado eran 1.300 viviendas, es decir, Conselleria de Vivienda ha regularizado a casi 500 familias que ahora están pagando un alquiler asequible. No a todas, ya que, como matiza el secretario autonómico de Vivienda Alejandro Aguilar «tenemos que ver su situación de vulnerabilidad y si cumplían los requisitos para tener vivienda pública, si no, los desalojamos».
En estos momentos hay decenas de familias completando su proceso de regularización en estas viviendas, según confirma Aguilar, y el objetivo es despejar este problema pronto gracias a los trabajadores de la Entidad Valenciana de Vivienda (Evha).
Conselleria ha ampliado su cuerpo de inspectores para, entre otras cosas, tratar de regularizar la vivienda pública ocupada que queda y ponerla al servicio de familias vulnerables. Por otra parte también hay contratados trabajadores dentro de su plan de intervención social para tratar de recuperar barrios degradados (algunos compuestos por vivienda pública).
Esta partida se refleja en los últimos presupuestos, ya que de un millón de euros pasan a una inversión de casi cuatro millones. «Creemos que en algunos barrios como La Fuensanta o las 613 Viviendas el estado a penas ha estado presente, y que es importante invertir y recuperar estas zonas», explica Aguilar.
En estos momentos el cuerpo de intervención social está presente en 5.000 viviendas del parque en 22 municipios, pero el objetivo para el año que viene es estar en todo el parque público.
Sin embargo, tanto Aguilar como Vicente Ros, activista por el derecho a la vivienda de la PAH en Burjassot reivindican lo mismo, que el ayuntamiento se haga presente en estas zonas. «Vale que esto sea de la Generalitat Valenciana, pero el ayuntamiento no invierte ni un solo euro para mejorar las condiciones de este barrio. Aquí no entran ni los servicios de limpieza, a pesar de que sí que cobran un plus para mejorar este barrio empobrecido. Pero ese dinero no se gasta aquí», dice Ros.
En Burjassot, la zona de la Mare de Deu dels Desamparats es un claro ejemplo. Las viviendas de promoción privada del lado derecho de la calle contrastan con las de la parte izquierda, públicas y escrituradas del parque público. Algunas se tratan de fincas enteras propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y una en concreto está habitada por solo una familia muy conocida del barrio. Algunas viviendas eran públicas y se hicieron con ellas por alquiler con derecho a compra, pero otras son ahora mismo del parque público y están okupadas por miembros de esta familia. Hasta el punto de que cuando se adjudica un piso a otras personas vulnerables esta familia les obligan a marcharse.
"Está claro que el ayuntamiento no se hace cargo y ha permitido que esta zona acabe así de degradada", explica Vicente Ros, que reivindica que el parque público de vivienda, y en concreto estas zonas destinadas a la población más humilde, tengan más intervención social y cuidados. Conselleria está regularizando a sus okupas, pero todavía queda trabajo por hacer.
