Una derrota puede ser una victoria, bien administrada con paciencia, lealtad y conocimiento del entorno político. Puede ser la lección de la trayectoria de Toni Gaspar, que tras veinte años de alcalde de Faura no repetirá, con lo que supone también (previsiblemente) de descartarse de la presidencia de la Diputación de València en la próxima legislatura.
Gaspar perdió en 2012 con José Luis Ábalos para liderar el PSPV en la provincia y perdió en 2014 con Ximo Puig para ser el candidato a la Generalitat. Ha sembrado buenas relaciones con ambos, sin embargo, que le han valido para construir una sólida y tranquila trayectoria en la corporación provincial, que preside desde 2018.
El método de una posición política propia, discrepante en ocasiones de la oficial (las líneas rojas ante las investigaciones a políticos ha sido la más notable), pero leal a la dirección del partido, sensible a otras corrientes y propicia al diálogo y el acuerdo con la oposición, le ha funcionado. La prueba es que queda en una situación óptima para ocupar otros cargos de relevancia política a partir de mayo de 2023.
Gaspar (Faura, 1973) llegó a la presidencia de la diputación en 2018 tras el trauma de la caída de su predecesor, Jorge Rodríguez, a causa de la operación Alquería por presunta corrupción. Nunca ha cargado contra él con posterioridad. Al contrario, ha tenido algún gesto de complicidad. Pero aprendió de los errores de aquel y asumió desde el minuto uno la lección de que las diputaciones (instituciones cuyos miembros no se eligen directamente en una votación) no podían ser virreinatos.
Esta es la principal huella de su gestión: la eliminación de mucho boato que permanecía, la ordenación de las ayudas municipales en unas pocas líneas y la asunción de un papel político secundario. Eso sí, sin renunciar a la institución, como si hace la izquierda, incluso bastantes en su partido. Gaspar la ha defendido como apoyo necesario para los municipios pequeños.
Pero el paso del alcalde de Faura por el palacio de Batlia quedará marcado sobre todo por la liquidación de la empresa pública Divalterra, antes Imelsa, un foco de corrupción en la etapa del PP por su uso (presunto) para ocultar contrataciones y desviar fondos, y que no se ha librado de la polémica y la actuación judicial en la etapa del Botànic. Tanto Rodríguez como Gaspar se han lamentado de no haber laminado la entidad antes. Este último activó el botón definitivo en 2021, tras los últimos enredos en la empresa, cuyo jefe jurídico acabó imputado en otro caso de corrupción (Azud). El camino está a medio andar en el caso de Egevasa.
Pendiente queda también el traslado a la Generalitat de las llamadas ‘competencias impropias’, como el Hospital General o los museos que dependen de la diputación, un objetivo que ya estaba en la carpeta de Rodríguez pero que aparece repleto de trabas administrativas.
Donde sí ha dado pasos es en la regulación del patrimonio ‘impropio’ (el que correspondería a la Generalitat). Está a falta de firma el traspaso al Consell del edificio del Palau de la Generalitat, que hasta ahora está adscrito entre los bienes inmuebles de la corporación provincial, heredera del grueso de patrimonio del Estado tras el advenimiento de la democracia.
