El juicio del caso Alquería encara la recta final con las declaraciones de los peritos. El primero que compareció ayer fue el auditor de RSM Auditores que intervino en calidad de testigo-perito ya que no firmó los informes sobre Imelsa (después de Divalterra), pero sí fue quien recogió «las evidencias» e información para realizar las auditorías financieras y de legalidad de Imelsa-Divalterra de los años 2015, 2016 y 2017.
«Una de las cuestiones que llamó la atención [en la auditoría de 2015] es que se pasó de un gerente a dos cogerentes, un director de los servicios jurídicos y siete directores de áreas, aunque no había cambios de organigrama a nivel presupuestario ni se habían observado nuevas áreas de actuación», confirmó a preguntas del Fiscal del caso Alquería. «La empresa no respetó la disposición adicional 15 de los presupuestos generales del Estado que impedían nuevas contrataciones, salvo excepciones», confirmó en respuesta al Ministerio Público.
Divalterra también se quedó sin auditor interno en diciembre de 2017, «preguntábamos y nos decían que el puesto estaba vacante», explicó el testigo-perito. Sobre los informes contrarios a los contratos de alta dirección, el auditor externo explicó que se enteró de su existencia «por los medios de comunicación» en 2018. Y que cuando se los pidió al director financiero (que posteriormente fue uno de los firmantes de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del caso Alquería) éste le remitió a la cogerente de Divalterra (antes Imelsa), Agustina Brines (investigada en la causa) para que se los facilitara.
A preguntas de la defensa de Rodríguez, el testigo-perito afirmó que los contratos de alta dirección que se analizan por el tribunal por considerarlos ilegales "se realizaron al amparo de Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto", que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección pero que, como resulta obvio, es un decreto anterior (1985) al de 2015 que impedía las nuevas contrataciones en una sociedad del sector público mercantil por lo que "se le debía aplicar lo que viene en la ley de presupuestos generales del Estado".
Las sesiones del caso Alquería se retomarán el próximo jueves con la declaración del jefe de la UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía que dirigió el operativo ordenado por el Juzgado de Instrucción 9 y la Fiscalía Anticorrupción que acabó con la detención del entonces presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y su equipo de colaboradores, que fue muy criticado por los afectados.
El viernes declarará la interventora de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que elaboró un informe sobre los nueve altos directivos de Imelsa-Divalterra, además de otros ocho peritos que han elaborado informes sobre las contrataciones que están en entredicho que los acusados defienden y que la Fiscalía Anticorrupción considera una presunta malversación por el coste de más de un millón de euros para las arcas públicas que se pagaron en sueldos desde noviembre de 2015 a marzo de 2018. .
