El titular del Juzgado de Instrucción 18 de València ha procesado a Máximo Caturla exvicepresidente de la Diputación de València (su último cargo público), por un presunto delito de alzamiento de bienes al intentar desprenderse de su patrimonio meses antes de ser detenido por el caso Taula el 26 de enero de 2016. Máximo Caturla fue durante años un «imprescindible» en la administración autonómica donde ostentó responsabilidades clave: director general de Presupuestos en la Conselleria de Economía dirigida por José Luis Olivas, subsecretario para los recursos de Sanidad cuando la conselleria estaba dirigida por Serafín Castellano, o en la Conselleria de Educación donde fue secretario autonómico y consejero delegado de Ciegsa, la empresa pública responsable de construir los colegios, hasta que Alfonso Rus lo rescató para vicepresidir la Diputación de València y llevar las finanzas de la institución provincial y del partido. De hecho, se le considera el ‘cajero’ del Partido Popular de la provincia de València.
En el auto de Instrucción 18 notificado a las partes al que ha tenido acceso Levante-EMV, el magistrado del caso Taula concluye que "en el periodo comprendido entre octubre de 2014 y noviembre de 2015", Caturla fue "conocedor de que podía estar siendo investigado penalmente por hechos concernientes a la etapa de 2003 a 2007 en que desarrolló actividad política como secretario autonómico de Educación y como consejero celegado de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA)". Ante esta situación, Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y "con la finalidad de evitar, aminorar, o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario y a derivarlo hacia la empresa y sociedad familiar Estilo Kiki SL de la que hasta entonces era socio mayoritario", según el auto que lo aboca al juicio oral.
Dos días después de ser detenido en la operación del caso Taula del 26 de enero de 2016 el juzgado decretó «el embargo de bienes y derechos suficientes para cubrir la suma de 2 millones de euros, en la que se fijaba su posible responsabilidad civil que pudiera exigirse en la causa». Aunque Caturla ya había vendido una vivienda en Dénia (por 307.700 euros y que adquirió en el año 2006 por 200.000 euros), una nave industrial (vendida por 240.000 euros que adquirió junto a un familiar en 2013 por 116.000 euros), realizado un préstamo hipotecario de 300.000 euros sobre la finca La Corona en Fontanars dels Alforins (adquirida en el año 2000 y tasada en 2.436.606 euros y embargada por el juzgado) y donado las participaciones de Estilo Kiki SL a sus tres hijos, aunque reservándose «el usufructo vitalicio del 24% de las participaciones». Entre mayo y noviembre de 2015 también vendió 6 de los 18 vehículos históricos de los que era propietario, a través de la empresa Estilo Kiki, "por un precio declarado a efecto de impuestos de 17.096 euros". Entre los vehículos de los que se desprendió figuraba un "Jaguar E tipo 4.2 de alta gama vendido, según contrato, en 10.900 euros".
Unos movimientos que el juez considera que "presentan indiciariamente los carácteres propios de un delito de alzamiento de bienes" ya que "todas las operaciones parecen obedecer a una disminución del patrimonio personal mediante hipotecas (finca La Corona) o disposiciones (venta del piso de Dénia o las naves, determinantes de la conversión patrimonial en dinero cuyo destino viene a integrarse a la sociedad familiar generando activos, al tiempo que Máximo Caturla se va desprendiendo lucrativamente en favor de sus hijos de su participación social en la empresa".
La investigación realizada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València calcula que "se han transferido desde el patrimonio personal del investigado a la sociedad familiar 559.000 euros en metálico, al margen de la donación de participaciones".
El magistrado señala, por último, que "en las declaraciones de los investigados se ha ofrecido una versión de los hechos distinta, en la medida en que explican una motivación claramente diferenciada a la que es propia del delito de los hechos antedichos, en el contexto de una nueva gestión y gerencia por parte de uno de los hijos, pero que en su conjunto no permiten excluir los indicios delictivos".
