Más de 2.400 personas se han quedado sin cobrar las ayudas a la dependencia este mes porque su banco les ha bloqueado la cuenta. Así lo aseguran fuentes de Conselleria de Igualdad, que achacan el problema a las exigencias de las entidades bancarias con la protección de datos. La situación saltó el mes pasado, cuando 1.500 personas se quejaron de no haber recibido la paga que les correspondía.

Igualdad ha atendido miles de llamadas este tiempo, y explica que el principal problema es que, para cumplir con los estándares del banco con las nuevas normas de protección de datos, están pidiendo a los afectados que vayan presencialmente a su oficina. Esto es especialmente complicado en los casos de personas internadas en una residencia o en un centro de día, o que tienen una gran discapacidad que les impide valerse por sí mismos.

Marian Ferrús, vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y vicepresidenta de Plena Inclusión, es una de las afectadas. Tiene la cuenta bloqueada desde el mes de septiembre, y fue notificada por una carta de la Generalitat, no de su banco.

Asegura que el problema surge con la Ley 8/2021 que reforma la capacidad jurídica de los discapacitados, y que un año después los bancos se niegan a aplicar. Esto está provocando que muchas familias con dependientes a cargo no puedan abrir cuentas bancarias a nombre de la persona que tiene que cobrar la ayuda.

Este error está afectando a las personas mayores de 18 años con grados altos de discapacidad y que no pueden usar las cuentas por sus propios medios -es decir, necesitan que las gestione otra persona, por ejemplo sus padres- . Es el caso de Marian Ferrús, cuyo hijo tiene un 75 % de discapacidad, no habla y tampoco sabe leer ni escribir.

Una trabajadora de Avapace junto a una usuaria dependiente, en una fotografía de archivo. Miguel Angel Montesinos

Antes de la ley (2021) los jueces emitían una sentencia de "incapacitación" que demostraba la potestad de una persona para ayudar en su día a día a otra con discapacidad. Con este documento, los bancos abrían las cuentas. Tras la legislación, este trámite ya no se consideró necesario y basta con ser "guardador de hecho", una figura similar pero sin un documento que lo demuestre, eso sí, con el consentimiento de la persona. Generalmente suelen ser los padres.

Revisión de cuentas

Ferrús explica que los bancos han comenzado a revisar cuentas y están bloqueando las de personas con discapacidad mayores de 18 años como un mecanismo antifraude. Tras bloquear la cuenta, exigen a las personas que vayan presencialmente a la oficina para confirmar su identidad.

Aquí es donde surge el problema. "Los bancos están pidiendo esta sentencia de incapacitación, ¡Pero ya no la hacen! Y cuando les decimos que somos guardadores de hecho de esta persona nos piden que lo demostremos, pero tampoco podemos. Ni siquiera con mi hijo al lado en la oficina me han permitido activar la cuenta", explica Ferrús.

En la asociación que dirige conocen cuatro casos "y dos se han vuelto a abrir la cuenta porque tenían la sentencia de antes de 2021, pero el resto no". De hecho, ha intentado abrir una cuenta para que su hijo pueda cobrar la dependencia en otro banco, "pero lo mismo, no hay manera de que me reconozcan los poderes. No hay manera de abrir una cuenta para cobrar la dependencia".

Su hijo cobra 1.095 euros mensuales en ayudas. Trescientos para los cuidados que presta Marian, y el resto para que reciba los servicios adecuados por su grado de dependencia. "Llevo ya tres meses adelantando ese dinero de mi bolsillo. Y yo al menos puedo pagarlo, hay personas que no pueden", explica.

Igualdad se escuda en que es potestad de las entidades bancarias bloquear las cuentas y que por el momento no puede hacer nada, aunque abonará los atrasos. Mientras buscan otras soluciones, piden a los afectados que acudan a su oficina bancaria para intentar solucionar el problema.

"El mes pasado recibimos una avalancha de llamadas de personas que se ponían en contacto con Conselleria porque no les habíamos pagado la ayuda a la dependencia. Fueron 1.500 personas. Nosotros comenzamos a ver que el banco nos estaba devolviendo todos los ingresos porque esas cuentas estaban bloqueadas", explica un trabajador de Igualdad.

Una mujer dependiente junto a su asistente personal. Francisco Calabuig

Volver a rellenar formularios

Las entidades bancarias afirman que Igualdad no les ha comunicado este problema, y que, pese a todo, hay protocolos de actuación previstos para las personas con movilidad reducida o que no puedan acudir presencialmente a las oficinas para realizar el trámite.

Fuentes del sector aseguran que "todas esas situaciones ya están previstas y hay vías para hacer el trámite más fácil a todas estas personas que por cualquier motivo no pueden venir a cumplimentar los documentos". Sin embargo, los afectados cuentan que todavía se están encontrando con muchas trabas.

Igualdad cuenta que problemas de este tipo son habituales, sobre todo porque gestiona 120.000 expedientes de ayudas y es común que surjan algunas situaciones así, pero desde luego no tantas. "La última vez que nos ocurrió fue con la fusión de Caixabank, que nos devolvieron la ayuda de 5.000 cuentas, pero muy pronto lo solucionaron y fue un momento puntual entendible", explican.

Esta situación no afecta a las personas menores de 18 años, ya que pueden figurar junto a sus padres en cualquier cuenta bancaria, ya que son sus tutores legales. El problema llega con las personas que han alcanzado la mayoría de edad y el no reconocimiento de los guardadores de hecho por parte de los bancos.

Igualdad se ofrece para mediar en el conflicto laboral de Quatre Fulles

La vicepresidenta y consellera de Igualdad Aitana Mas aseguró ayer que la conselleria está dispuesta a mediar y «ayudar en lo que haga falta» en el conflicto laboral de la empresa Quatre Fulles, cuyas trabajadoras denuncian que llevan meses sin cobrar y en condiciones muy precarias, según adelantó La Vanguardia. Fuentes de Igualdad aseguraron que las empleadas han puesto una demanda a la inspección de trabajo y que se personarán en caso de que haga falta mediar entre las partes. Esta empresa cuenta con un historial de impagos ya que el pasado 8 de noviembre el ayuntamiento de Ontinyent le retiró el contrato para administrar los centros cívicos por el mismo motivo. Ramón Orozco, director del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) asegura que este fue el primer y único año que se contó con sus servicios y solo fue para una semana de estancia vacacional para sus usuarios.