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Los taxistas se ponen en pie de guerra

La Generalitat sostiene que «no tiene sentido» que los taxis sigan teniendo más descansos de los habituales

Varios taxistas esperan fuera de sus coches en una parada en València. | G. CABALLERO

Lo que hace una semana era un tono conciliador y comprensivo por parte de los taxistas hacia las políticas de la Generalitat se ha convertido rápidamente en un sentimiento de indignación en el sector. Una situación enturbiada en las que las dos partes están ahora muy lejanas, tanto que los taxistas han convocado una huelga este jueves 17 de noviembre. Las dos principales agrupaciones sindicales de taxistas valencianos afirman que la convocatoria será «histórica» y constituye una de las pocas veces en las que la Federación Sindical del Taxi y la Gremial se han puesto de acuerdo.

El origen del conflicto se encuentra en el runrún en aumento en los últimos meses en València y alrededores. La Conselleria de Política Territorial y Movilidad recibió multitud de quejas por parte de la ciudadanía, que avisaba de que había muy pocos taxis en las calles y que, para tomar uno, debían esperar un tiempo demasiado largo para lo que acostumbra el servicio. Así que este viernes, finalmente, decidió resolver lo que considera como una «demanda ciudadana».

Tal como adelantó Levante-EMV la pasada semana, la nueva regulación obliga a que haya 2.400 taxis circulando por València y su área metropolitana en los días laborables, de los cerca de 3.000 que hay disponibles. Durante la pandemia de la covid, la cifra se redujo a 2.100 vehículos. Los fines de semana circularán 1.500, pero las noches de viernes y sábado se permitirá circular a los 3.000 a la vez. «No se prohíbe a nadie trabajar, de hecho se levantan prohibiciones», argumentan fuentes de la conselleria. Desde el departamento autonómico sostienen que «no tiene sentido» mantener una normativa que se aplicó a causa de la covid porque «ya se han levantado todas las restricciones de movilidad». Explican que hay que «volver a la normalidad» y que ciudades como «Madrid, Barcelona o Málaga» ya han recuperado el sistema de taxis previo a la pandemia. «Somos conscientes de las quejas crecientes en los últimos meses por parte de los usuarios, pero también del sector empresarial y turístico por la falta de taxis. Se busca un equilibrio entre las necesidades de los usuarios y el sector del taxi», consideran las autoridades, que han tenido en cuenta las reclamaciones de restaurantes, bares y hoteles.

Estos negocios lamentan que sus clientes no tenían oferta en estos últimos meses y creen que eso «no es bueno para la imagen que proyecta València».

Para presidente de la Gremial, Ismael Arráez, sin embargo, la nueva normativa es «un capricho político para hacerle la gracia a otros sectores». «La conselleria ha cometido un error que nos condena a hacer más horas para ganar el mismo dinero», censura Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de València y Provincia.

Los taxistas mantienen que sí hay taxis suficientes en la ciudad. Es más, dicen que «hay una sobreoferta» y lo reflejan con que la ratio aquí es de 500 por habitante mientras que «en toda Europa están cercanos a un taxi por cada 2.000 habitantes». Creen que la regulación que había en pandemia debería continuar porque había demostrado ser más eficiente, ya que un taxista no quedaba abocado a hacer 14 horas de jornada laboral —varias de ellas parado en una larga fila— para ganar el mismo dinero que ahora hacía en 8 horas.

Lamentan además que su sueldo ha subido por debajo del 3 % a pesar del incremento del 14 % del IPC en los últimos dos años. Arráez y Del Molino van más allá afirman que tras la medida de la Generalitat hay un «interés de un sector de la sociedad en justificar que haya un servicio paralelo al taxi». Mantienen que «detrás de estos mensajes hay plataformas multimillonarias que quieren monopolizar el servicio».

El papel de las VTC

Del Molino cree que la conselleria está cediendo a una «presión directa o indirecta» de esas multinacionales de las VTC. «Esta administración, en vez de hacer buenos estudios objetivos de la situación, prefiere basarse en opiniones subjetivas interesadas en todo esto», subraya, muy crítico. Su colega Arráez lo ve de forma similar. «Lo que tengo claro es que la conselleria está creando una necesidad de un transporte alternativo que no es necesario con la finalidad de aprobar un servicio que es ilegal. Si va por ahí, mal va».

Y carga además contra los hosteleros que se quejan de la situación: «su petición está basada en la ignorancia, el debate se ha abierto porque hay alguien que se ha metido en tu casa sin llamar. Ahora mismo estamos con las paradas desbordadas de taxis, no veo a ningún hostelero llamando, están en su casa con los barres cerrados». Creen además que hay una «inoperancia por parte de la inspección» a las VTC y que no se cumple la obligación de precontratar el servicio un mínimo de 15 minutos de antelación.

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