La ley del sólo sí es sí se ha añadido al cajón de asuntos que tensan la relación de los socios del Consell. Porque aunque la norma sea estatal, su terremoto tiene réplicas a nivel valenciano. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha pedido su reforma, una propuesta a la que ha respondido el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca: "Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres".

La bronca vuelve a ser entre morados y socialistas, socios de gobierno no solo en la Comunitat Valenciana sino también en el Estado, una nueva demostración de que el roce no solo hace el cariño sino que también genera importantes desavenencias. Así, Bravo, de la cuota socialista en el Consell y voz autorizada dentro de los del puño y la rosa en temas de feminismo, e Illueca, líder institucional de Unides Podem y candidato de los morados para mayor de 2023, han hecho evidentes sus desavenencias por el tema.

"Será necesario plantearse una reforma de esta ley", ha indicado la titular de Justicia del Ejecutivo autonómico quien se alía con la tesis de una parte del ala socialista del Gobierno que ya se abre a hacer modificaciones (aunque Pedro Sánchez ha apelado a ver "qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía"). La ley la impulsó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero quien ha centrado la respuesta en "reforzar la formación obligatoria" de los jueces que "no están cumpliendo con la ley" y no en hacer cambios.

Sin embargo, Bravo ha señalado que esa posible rebaja de penas si se aplicaba la ley "es un tema que se advirtió en los informes preceptivos", una advertencia del Consejo General del Poder Judicial que la delegada del Gobierno en violencia machista niega que fuera por esta futurible y ahora aplicada rebaja de penas. Por ello, la consellera ha reclamado "la necesidad de reflexionar sobre las observaciones preceptivas" que realizan órganos constitucionales.

"Lo que no podemos consentir de ninguna forma es que un déficit en la técnica legislativa genere interpretaciones que perjudiquen a las víctimas", ha considerado Bravo. Y ha añadido que si los jueces "han encontrado ese problema que abre esa interpretación de los agresores sexuales será necesario plantearse una reforma de esta ley".

Sus críticas van directas contra el ministerio que dirige Irene Montero. En defensa de la ley, y por ende, de la ministra de Podemos, ha salido el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, que ha lanzado un mensaje directo contra Bravo: "Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres". En este sentido, ha indicado qeu el problema "no es la ley" sino "la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad".

Esta acusación, en la línea de la que ha hecho Montero y el resto de miembros de Podemos que achacan el problema a la interpretación de la judicatura a la ley, se ha llevado el reproche del Consejo General del Poder Judicial. "Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", señala un comunicado de la Comisión Permanente que califica de "intolerables" los "ataques vertidos en las últimas horas".

Mas reclama "no hacer partidismo"

Entre medias, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Aitana Mas, principal referente de Compromís, se ha situado más cerca de la posición de los socialistas que de los podemistas, combinación de fuerzas poco habitual dentro de los relatos de enfrentamientos dentro del Botànic. Mas ha abierto la puerta a que haya modificaciones en esta norma. "Como todas las leyes se han de revisar los puntos fuertes y los puntos débiles, se tendrá que estudiar si se ha de modificar", ha dicho la portavoz del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha indicado que los políticos, a la hora de hacer leyes, "no tenemos la verdad absoluta" y que si se ha de revistar la ley se ha de hacer para "erradicar una cuestión concreta" que no funcione. "Las leyes no son fotos fijas", ha expresado en esta línea.

No obstante, Mas ha tratado de encapsular el problema a una cuestión que no se encuentra dentro del Consell. "La tendrá que estudiar el Gobierno central", ha indicado volviendo a intentar despejar del seno del Consell las desavenencias internas por posiciones de los diferentes partidos. De ahí que haya reclamado que este debate se haga "sin ruido" y que haya pedido "no hacer partidismo" del asunto y ha restado cualquier dramatismo a la hora de afrontar el debate.