Los trabajadores de los servicios sociales concertados (residencias, centros de día, o centros de menores, entre otros) tendrán la misma jornada laboral que sus iguales del sector público. Es una de las novedades en el acuerdo de homologación salarial que Igualdad firmará este jueves con patronal y sindicatos y al que ha tenido acceso Levante-EMV.
El acuerdo da un plazo de cuatro meses a las partes para cumplirlo, y es una de las principales novedades de los presupuestos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para 2023, con una inversión de 50 millones de euros. Igualdad llevaba trabajando en esta medida desde el año 2019, con el objetivo de acabar con una "discriminación histórica" de los trabajadores de empresas que están bajo paraguas público, pero que contaban con unas condiciones mucho peores.
El acuerdo afectará finalmente a 13.200 trabajadores. La gran mayoría son en el ámbito de la diversidad funcional, con 8.000 plazas. También mejorará las condiciones laborales de 2.500 puestos de trabajo en residencias de mayores, 200 de centros para mujeres maltratadas, 2.000 personas en centros de menores y 500 en el área de inclusión social.
Es más, Igualdad planea seguir ensanchando la red concertada y el objetivo de 2022 es llegar a los 16.000 trabajadores bajo este paraguas, y por tanto, dentro de la mejora. Los servicios públicos que ahora mismo tienen contratos externos son la atención a Personas Mayores Dependientes, Diversidad Funcional, Salud Mental, Infancia y Adolescencia y Mujeres.
El objetivo es equiparar los sueldos y las jornadas a las tablas de la Generalitat Valenciana. Se hará subiendo los sueldos año a año hasta alcanzarla en 2026
La Conselleria de Igualdad se marca un horizonte claro, la equiparación, tanto de salarios como de jornadas, con las tablas retributivas de la Generalitat Valenciana. Será de forma progresiva, subiendo sueldos y mejorando condiciones año a año, y la fecha máxima que se dan para alcanzarla es el 30 de junio de 2026.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, explicó los detalles de esta equiparación salarial la semana pasada en Las Corts Valencianes. Allí puso dos ejemplos concretos de la mejora la vida para los trabajadores del sistema. Una enfermera de una residencia de personas mayores en 2022 percibía 1.445 euros mensuales de salario base y en 2026 percibirá 2.170 euros, es decir, un incremento salarial en cuatro años de 725,54 euros.
Mas ha puesto otro ejemplo, el del personal de servicios generales, es decir, limpieza, mantenimiento, cocina, etc... Mientras hoy ese salario es de 969 euros, es decir, un salario base por debajo del salario mínimo, en 2026 cobrará 1.430 euros.
La Generalitat matiza que cada sector al que beneficia tiene unas características y va dirigido a colectivos con necesidades distintas, lo que se reflejará en la inversión. Igualdad se compromete a aumentar los módulos de financiación en las próximas licitaciones de los centros (suele ser una por año) gestionados con contrato público. Estas subidas repercutirán en las tablas salariales cada año, con posibilidad de revisarlo al alza en los próximos presupuestos.
Patronales y sindicatos se comprometen a trasladar estos aumentos a los trabajadores y también a equiparar la jornada laboral del sistema. Esto se hará, según el acuerdo, en base a "un análisis que realizará la administración y la consiguiente propuesta de equiparación de las jornadas laborales".
Objetivo: Un convenio único
Ahora mismo la concertada se reúne con Igualdad a través de 4 mesas de trabajo distintas, y todas convergen en una Mesa de Acción Concertada general, creada en diciembre de 2021. Otro de los objetivos que se marca el acuerdo es acabar desarrollando un Convenio Sectorial Único para la acción concertada del sistema público de servicios sociales, donde se equilibren "las condiciones laborales entre sectores y salarios".
La administración también se compromete a varias cosas. La primera, a financiar esta implantación a través del pago delegado (un mecanismo rápido para dotar de recursos), que irá subiendo año a año hasta alcanzar la equiparación. También creará una comisión de seguimiento en la Mesa de Acción Concertada con representantes de patronal y sindicatos para vigilar que se esté cumpliendo el acuerdo.
