La defensa del jurista Jorge Cuerda, asesor del expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, que llegó a ser secretario del consejo de administración de Divalterra, ha solicitado la absolución de su defendido porque considera que los informes que elaboró, en concreto uno que firmó el 14 de febrero de 2018 y que remitió a Rodríguez, "no era vinculante, el destino era para el presidente, no para el expediente de contratación".
Cuerda, funcionario de carrera con plaza como letrado de la diputación desde 2005, aunque estuvo de excedencia en ayuntamientos como Sueca, Calaf y Rocafort, regresó a la Diputación de València con Rodríguez al mando. Tras incorporarse fue adscrito al área de presidencia para fiscalizar Divalterra, Egevasa y Girsa. En abril de 2017 pasó a ser jefe de sección del asesoramiento jurídico y en noviembre fue ascendido a secretario del consejo de administación de Divalterra, siendo el hombre de confianza de Rodríguez en la empresa pública. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de dirigir la mercantil pública, junto a los asesores Manuel Reguart y Ricard Gallego. Cuerda se enfrenta a seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento público.
La defensa del letrado asesor ha justificado que Cuerda se incorporó a la Presidencia de la Diputación porque "no tenía asesores jurídicos". Y respecto a Divalterra que su cometido era "comprobar que las propuestas no tuvieran tacha de ilegalidad" además de socorrer a la cogerente de Compromís, Agustina Brines, que había quedado sola al frente de Divalterra, tras la dimisión de Víctor Sahuquillo.
También ha recordado que Jorge Cuerda es nombrado secretario del consejo de administración de Divalterra el 21 noviembre de 2017, "cuando las áreas [de los altos directivos] ya estaban creadas".
Y ha justificado que el "consell de dirección", que la Fiscalía Anticorrupción considera el gobierno en la sombra de Divalterra, "eran reuniones de trabajo y es el consejo de administración donde se deliberan y votan los actos administrativos" y ha justificado que uno de los denunciantes del caso Alquería "participó en esos consejos y nunca se cuestionó su existencia y procedencia".
Respecto a los informes que elaboró Cuerda sobre los altos directivos, su abogado ha defendido que "los consejeros {de Divalterra] no fueron ignorantes de la existencia de más informes. Ya que él aludía a los favorables como los que no. Y por eso se ha acribillado a mi patrocinado. Los informes [contrarios a las contrataciones] fueron anteriores a su llegada. Y estaban custodiados" por uno de los denunciantes "que nunca dijo nada, ni siquiera cuando Jorge Ochando (diputado de Ciudadanos y otro de los denunciantes) preguntaba".
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