Las defensas de los tres asesores más cercanos al expresidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se desmarcaron ayer del día a día de Divalterra para pedir su absolución en el caso Alquería. Las defensas de Jorge Cuerda (letrado asesor y secretario del consejo de administración de Divalterra), Ricard Gallego (jefe de gabinete) y Manuel Reguart (asesor de Rodríguez) intervinieron ayer en una nueva jornada del caso Alquería. La Fiscalía Anticorrupción considera que Cuerda, Gallego y Reguart «eran realmente quienes dirigían la empresa en comandita con el señor Rodríguez» a través del «consell de direcció», la estructura paralela creada para tratar los asuntos de Divalterra antes de que fueran al consejo de administración.
El abogado de Jorge Cuerda defendió que las labores de asesoramiento jurídico que realizó el jurista no eran «vinculantes». Cuerda, funcionario en excedencia de la Diputación de València desde 2005, se reincorporó a la institución provincial en 2015 y fue adscrito al área de presidencia para fiscalizar Divalterra, Egevasa y Girsa. En abril de 2017 pasó a ser jefe de sección del asesoramiento jurídico y en noviembre fue secretario del consejo de administración de Divalterra.
De su trabajo en Divalterra señaló que su cometido era «comprobar que las propuestas no tuvieran tacha de ilegalidad» además de «socorrer a la cogerente de Compromís, Agustina Brines, que había quedado sola al frente de Divalterra, tras la dimisión de Víctor Sahuquillo». El abogado de Cuerda también justificó que cuando llegó a Divalterra, el 21 noviembre de 2017, «las áreas [de los altos directivos] ya estaban creadas» (desde noviembre de 2015).
Sobre los informes que elaboró Cuerda de los contratos de alta dirección, su abogado defendió que «los consejeros {de Divalterra] no fueron ignorantes de la existencia de más informes. Ya que él aludía a los favorables como los que no. Y por eso se ha acribillado a mi patrocinado. Los informes [contrarios a las contrataciones] fueron anteriores a su llegada. Y estaban custodiados» por uno de los denunciantes «que nunca dijo nada, ni siquiera cuando Jorge Ochando (diputado de Ciudadanos y otro de los denunciantes) preguntaba».
La defensa de Ricard Gallego se basa en que comenzó a ser jefe de gabinete de Rodríguez en la diputación (ya lo era en Ontinyent desde 2015) a partir de febrero de 2016, cuando José Manuel Orengo abandonó este cometido, por lo que no participó en la gestión de los contratos.
Una vez en la institución provincial, «tenía una dedicación amplia y variada y no se dedicaba solo a la empresa pública Divalterra». Y apeló a su formación como periodista para señalar que «Gallego carece de formación jurídica, por lo que no aparece informe sobre la legalidad de las contrataciones, ni para dirigir los informes en un sentido o en otro. Gallego carecía de competencias y tampoco pertenecía a la empresa pública».
Sobre el consejo de administración en el que el exauditor de Divalterra asegura que Gallego le llamó «hijo de puta», el abogado del jefe de gabinete de Rodríguez reiteró que «no hay prueba alguna que lo sostenga, como ha vuelto a acreditarse en el juicio oral. Todos los testigos han negado tales afirmaciones -Altur, Bort, Amigó, Seguí, Granero- Los únicos que sostienen este hecho es el auditor y el señor José Luis Vera». Y remachó este argumento en que nadie reflejó en las actas los insultos.
El abogado de Reguart dedica parte de su alegato a criticar a Vera, con quien compartía despacho
El abogado de Manuel Reguart, solicitó la absolución de su defendido y alegó que «su participación era accesoria. No destinaba más del 5% de su tiempo a las cuestiones de Divalterra. Se dedicaba a la diputación, a organizar la agenda del presidente y a servir de enlace». De hecho, sostuvo que Reguart "se limitaba a reenviar correos" de las tablas salariales de Imelsa o del nuevo organigrama de la empresa, cuando se crearon las nuevas áreas con los altos directivos. Una distribución que, justificó, "no supone un reparto sino que se refiere a qué gerencia se adscribía cada área. Es es el verdadero significado del esquema" directivo de Imelsa, después Divalterra. "Las contrataciones de Imelsa [de las que se duda de su legalidad en el caso Alquería] no formaban parte de su competencia".
El letrado de Reguart dedicó buena parte de su intervención a desacreditar a José Luis Vera, exdirector de los servicios jurídicos de Imelsa-Divalterra, con quien el abogado de Reguart, Efrain Latorre, ha compartido despacho a través del bufete de su padre, Virgilio Latorre. Los dos han sido juristas de referencia en el PSPV-PSOE.
El abogado de Reguart calificó la actitud de Vera como «ambivalente, como dijo Víctor Sahuquillo [exgerente de Divalterra]» en su declaración. "La declaración de José Luis Vera debe ser tenida en cuenta como persona que tiene especiales conocimientos del ámbito judicial. No es tanto por sus conocimientos jurídicos como que domina la escena. Su declaración se desarrolló con mucha solvencia y lo estaba haciendo muy bien respecto su posición. El problema viene cuando se tiene que enfrentar a sus propias palabras y actos".
Latorre añadió que José Luis Vera, como director de los servicios jurídicos, "tenía obligación formal de informar sobre la legalidad [de los contratos de altos directivos]. No se sostiene su declaración [en el juicio] en cuanto a sus actos y en cuanto a sus omisiones". Y recordó las diferentes respuestas que fue dando sobre los contratos en entredicho. "A Brines le manifestó en un pasillo que, obviamente eran por concurso" o también que "la cuestión no era de legalidad sino de oportunidades". También afeó la contradicción de su informe sobre los contratos de alta dirección del 14 de julio de 2016 "demoledor para la posición que adoptó en el acto de la vista" que dejó "muy entredicha su declaración en todos sus aspectos". Además de "su absurdo intento de negar la autoría del mismo, aunque al final lo reconoció. Aunque este informe no casa con la oposición claramente kamikaze de oposición a las contrataciones".
El letrado tampoco desaprovechó la ocasión para recordar la estrecha relación entre José Luis Vera y el despacho Tomarial. "Tomarial llegó con Vera [a Imelsa]. A partir de aquel contrato Tomarial fue facturando hasta que se le adjudicó el asesoramiento continuado durante dos años, mientras era miembro de la mesa de contratación el señor Vera". También recordó la resolución de la Agencia Antifraude que refleja "un conflicto de intereses ya que la misma persona de Tomarial que declaró como testigo, informó sobre la validez del contrato de Vera [en 2015 como alto directivo], con cambio de criterio en 2018 [para el resto de contratos]. La primera factura de Tomarial con Imelsa coincide con la contratación de Vera".
Y remachó con la relación de ambos con el caso Azud, al exhibir una noticia de prensa en la que se revela que "Tomarial fue uno de los despachos de referencia de Jose Luis Vera cuando asesoró a Jaime Febrer. Estos señores tenían una relación directa".
Sobre el caso Alquería, el abogado de Reguart apuntó que "Tomarial redactó todos los contratos de alta dirección". Y que todos los acusados actuaron según el consejo de Vera. Un hecho que afecta al dolo en su delito de prevaricación. Todos se fiaron de lo que Vera les manifestó. ¿A quien si no le iban a preguntar? Y aún así se pidieron diferentes informes".
Y por último, recordó "el informe del fiscal sobre la no imputación para Vera solicitada por Acción Cívica (acusación popular), que pido que se aplique a mi mandante: [Justifica] que no era cogerente, ni consejero ni supone participación activa en las contrataciones. Muchos que sufrimos la pena de banquillo tampoco lo éramos", aseguró.
