Por momentos pareció que el pleno de las Corts era el del Congreso. La reforma del Código Penal por la sedición, la bronca por el ’sólo sí es sí’, la violencia verbal de la ultraderecha contra la ministra Irene Montero o los asesinatos de ETA crisparon la última sesión de control del año al president de la Generalitat, Ximo Puig, quien se solidarizó, como los tres partidos del Botànic, con la ministra de Igualdad. También lo hizo el PP que reivindica el mismo trato cuando esa violencia verbal es a sus cargos públicos, como ocurrió con los escraches a Rita Barberá.
«La violencia comienza cuando la palabra insulta, amenaza y degrada», ha resumido Puig. «Lo que hacen ustedes es rendición, aquí y en España», responde la síndica del PP, María José Catalá por los impuestos aprobados por el Botànic y la agenda estatal, que Puig reprocha que se repita en las Corts porque responde a un «sucursalismo absurdo».
También la vicepresidenta, Aitana Mas, ha criticado el acoso a Montero y el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, ha alertado de que lo ocurrido es un problema de machismo y de fascismo porque hay sectores políticos que no aceptan los avances ni las reivindicaciones de las mujeres.
En ese contexto de crispación, una frase mal formulada del diputado de Ciudadanos Fernando Llopis que se refería a los «amigos de los socialistas con las manos manchadas de sangre» acabó por disparar la tensión. Puig, airado, intervino para reprochar al diputado alicantino (algo nada habitual porque el presidente solo responde a los síndicos) que fue el exministro Ernest Lluch, de cuyo asesinato se han cumplido 22 años esta semana, quien le animó a entrar en política. «La única sangre que he visto es la de mis compañeros y mis amigos», dijo.
«Todo no vale en democracia, ayer vimos cómo se excedían los límites en el ataque personal en el Congreso y se pasaban las líneas rojas y hoy también», ha dicho con los diputados del Botànic en pie.
El pulso energético continúa
Mientras, los socios del Botànic han vuelto a chocar por la fórmula para agilizar la implantación de las energías renovables. Lo novedoso es que ha ocurrido en la sesión plenaria y en las preguntas de control al president y también porque la síndica de Compromís, Papi Robles, ha repreguntado al presidente, algo nada habitual. Ya lo hizo Compromís al final de la legislatura pasada cerca del período electoral, como ayer, para reforzar la idea que se desmarca del socio mayoritario.
Robles se siente «decepcionada» por el rechazo del PSPV a la Agencia de la Energía, una herramienta que permitiría, según Compromís y Unides Podem, agilizar las renovables, rebajar la factura eléctrica y alcanzar la soberanía energética. Los socialistas en realidad no se niegan a desarrollar la agencia, que ya tiene un anteproyecto de ley en exposición pública que la Conselleria de Economía no ha incluido en la Ley de Medidas Fiscales. Lo que plantean es una ley específica para que pueda crear o participar en sociedades mercantiles, comercializar energía eléctrica o gestionar la infraestructura de distribución.
Robles recuerda que hay un acuerdo de todo el Botànic de mayo para impulsarla, aunque ese texto no habla de renovables. «Tenemos que acelerar las renovables, no los beneficios de las grandes empresas», plantea.
Puig responde que los socialistas cumplen su palabra incluso cuando no les gusta, en referencia a la tasa turística. «Buscar un equilibrio es complicado y es lo que estamos haciendo», sostiene.
