Concentración en Valencia para pedir no desahuciar sin alternativa y el control de alquileres "insoportables"

Durante la concentración en la plaza de San Agustín de València, en la que han participado alrededor de doscientas personas, el presidente de la PAH Valencia, José Luís González ha asegurado a los periodistas que a "pesar del escudo social" sigue habiendo desahucios.

"Siguen existiendo amenazas a las familias de que van a ser desalojados de sus viviendas o de que no se va a hacer un alquiler social. Creemos que el derecho a la vivienda no está avanzando, no están llegando los recursos para la gente y las políticas se hacen, fundamentalmente, para el capital", ha denunciado.

González ha señalado que reivindican que no haya ningún desahucio de familias "sin alternativa habitacional" y que se obligue a los grandes propietarios de vivienda a que hagan "un alquiler social para la gente, en lugar de tirarla".

También piden que haya un control de precios de los alquileres "porque están insoportables", y también que las viviendas y el suelo de la Sareb "pasen a ser parque público, igual que las viviendas rescatadas de la banca".

En la Comunitat Valenciana, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se han producido en 2022 un total de 3.387 desahucios, que suman casi 197.000 desahucios de familias desde que empezó la crisis. "Es una agresión de la banca enorme", ha indicado González.

Además, ha señalado que el 33 por ciento de los desahucios es por el impacto de hipotecas y el 63,39 por ciento por el impago de alquiler y, por ello, ha dicho, "vemos necesario que la gente que no pueda pagar una cuota hipotecaria o un alquiler tenga una alternativa".

También pide esa alternativa para la gente "que ocupa de buena fe" una vivienda "porque la administración no tiene parque público. No las mafias, sino la gente que tiene hijos y se encuentra tirada", ha dicho para añadir que la mayoría de afectados son familias monoparentales donde hay mujeres con niños.

Los casos de Victoria y Rosario

En la concentración ha participado María Victoria Pedrajas, quien ha explicado que vive con sus dos hijos menores en una vivienda de alquiler social en el barrio de Fuensanta de Valencia, pero el banco Sabadell vendió el piso a un fondo buitre y "no me dan elección a nada, ni me quieren hacer contrato".

"En pocas palabras, me quieren echar a la calle con mis hijos", ha dicho Victoria, quien ha lamentado que a partir del 31 de diciembre, cuando "el escudo del gobierno se va porque no han sacado otro decreto", vendrá "una ola, una lluvia de desahucios porque el señor presidente nos está dejando de lado a las personas vulnerables". Victoria lo ve "todo muy negro" porque, insiste, "el mes que viene empieza el procedimiento y en dos o tres meses me veo en la calle con mis hijos".

También se ha manifestado este sábado Rosario, quien explica que puede estar hasta el año 2024 en la vivienda que le quitó el banco, ya que tras fallecer su marido no pudo pagarle el dinero que querían, pero gracias a la ayuda de la PAH pudo permanecer en la casa, que va a intentar que rescate su hijo.