Los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante se han sumado al criterio de los magistrados de otras ocho audiencias provinciales españolas y optan por rebajar las penas afectadas por la ley del 'solo sí es sí'. Los magistrados alicantinos se apartan de la interpretación de la Fiscalía General del Estado (que se opone a las rebajas a los agresores sexuales) y entienden que la ley ha abierto un resquicio que beneficia a los condenados y tienen derecho a una rebaja de la pena. Los jueces de la Audiencia de Valencia se van a reunir esta próxima semana para fijar una postura común, aunque la mayoría de los juristas advierte de que legalmente no tienen margen y deberán aplicar las rebajas.
A la espera del criterio que fije para toda España el Tribunal Supremo, por el momento los jueces de Madrid, Zaragoza, Vizcaya, Granada, Córdoba, Valladolid, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante han acordado estudiar los casos en función de los criterios más favorables al reo y no atender a la disposición transitoria del Código Penal de 1995 que limitaría estas revisiones. Los únicos que por el momento parecen optar por este precepto son los jueces de La Rioja,
Un jurista que conoce de cerca lo ocurrido explica que realmente se ha producido un fallo técnico durante la aprobación de la ley que ha abierto la rendija que beneficia a una parte de los condenados y acusados por agresiones sexuales (que es justo el efecto contrario que buscaba la reforma legal liderada por Podemos). Las reformas del Código Penal de 1995 del año 2003, 2010 y 2015 incluyen una disposición transitoria que recoge que "en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código Penal". Es decir, que si alguien estaba cumpliendo una cárcel cuya pena se encontrara dentro de los límites del nuevo Còdigo Penal, la seguiría cumpliendo aunque de acuerdo con la nueva ley correspondiera una inferior.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el error es no haber incluido en la nueva ley esa disposición. Las mismas fuentes apuntan que la única manera de subsanarlo es modificando la ley, pero el mal ya está hecho porque una parte de los condenados hasta ahora y las personas que sean juzgadas hasta que se apruebe esa modificación se van a poder aprovechar de las rebajas a los agresores sexuales.
"Durante la tramitación de la ley nadie se dio cuenta de que faltaba esa disposición transitoria: ni en el Consejo Fiscal ni en el Consejo General del Poder Judicial ni en el Ministerio de Justicia", lamenta la misma fuente.
Los jueces de la Audiencia de Alicante han descartado revisar de oficio todas las sentencias de agresiones sexuales, pero han asumido que se van a tener que aplicar rebajas cuando lo pidan las partes (y obviamente se cumplan los requisitos legales). Alguna sección de la Audiencia alicantina ya ha estado preguntando a los letrados si iban a plantear una reducción de pena. En la Audiencia de Valencia están siguiendo los mismos pasos.
El abogado penalista Juan Carlos Navarro asegura que los jueces de la Audiencia de Valencia están dando a los letrados tres días para que se pronuncien sobre la posible reducción de penas. "Bajo mi criterio los jueces están obligados a aplicar la norma que más beneficia a los acusados y condenados. De diez casos de este tipo que llevo como defensa se le puede aplicar a cuatro", asegura. Navarro incide en que en determinados supuestos de la nueva ley son muy beneficiosos para los procesados. "Una persona que se enfrenta a una petición de pena de hasta diez años de prisión por una agresión sexual puede llegar a evitar la cárcel (con una condena de 2 años) si hace frente a una indemnización (que en este tipo de casos ronda los 30.000 euros) y consigue que se le aplique la atenuante de dilaciones indebidas", explica.
