La falta de salas de vistas disponibles en la Audiencia Nacional ha obligado al tribunal a retrasar del 17 al 23 de enero de 2023 el juicio en el que el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo acusado en relación a la presunta contratación irregular con la trama Gürtel del montaje expositor valenciano en la feria Fitur de 2009.

Camps se enfrenta en este juicio, el último de la trama valenciana de la Gürtel que queda por juzgar, a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel como acusado de delitos de prevaricación y fraude. Será su segundo juicio por Gürtel; el primero, el conocido como el de "los trajes" y en el que acabó siendo absuelto, le llevó a dimitir como presidente de la Generalitat valenciana por el PP en julio de 2011. Junto a Camps también serán juzgados seis miembros más de la trama Gürtel, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 16 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat. Se trata de la pieza 5 del caso Gürtel conocida como la de los contratos menores que juzgará una catarata de pequeños contratos menores de 12.000 euros adjudicados a las empresas de Correa desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones, cuando la Generalitat valenciana estaba dirigida por Camps.

La vista oral fue programada hace meses para empezar el 17 de enero de 2023 y se preveía que se extendiese hasta el 23 de mayo, si bien la Audiencia Nacional ha tenido que retrasarla casi una semana por la falta de salas para albergar el juicio, un problema que ya ha obligado a aplazar la celebración de otras vistas, principalmente las que albergan a un gran número de acusados -con sus respectivos abogados- y que implican la comparecencia de muchos testigos. El retraso de la vista al 23 de enero supondrá que ese día coincida con el inicio del juicio de la Gürtel con el del caso Taula por los contratos zombis, previsto para ese mismo día en la sección segunda de la Audiencia de València.

Precisamente este asunto fue trasladado hace ya un año por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional al Ministerio de Justicia. En respuesta a su reclamación, el mes pasado el departamento que dirige Pilar Llop anunció el compromiso para reformar y ampliar una de las salas de la sede que el tribunal tiene en San Fernando de Henares (Madrid) para que pueda acoger la celebración de macrocausas con casi 400 personas presentes.

Si se cumplen los plazos, las obras se adjudicarán durante el primer trimestre de 2023 y finalizarán en el mes de agosto para poder estar en servicio cuando comience el próximo año judicial.