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Mazón redobla su ofensiva sanitaria: promete blindar su presupuesto, derivaciones a la privada e incentivos para trabajar por la tarde

El líder del PP valenciano anuncia acciones legales contra el requisito lingüístico sanitario y reclamará una investigación en las Corts sobre las oposiciones de enfermería

Mazón, en una comparecencia en la sede del PPCV. Levante-EMV

Con la crisis sanitaria de la Comunidad de Madrid ya lejos del foco mediático y tras la convocatoria de una huelga del sector en la Comunitat Valenciana, el PP valenciano se ha lanzado en tromba contra la gestión de la Sanidad del Botànic, denunciando la situación "dramática" e "infernal" que según ellos se vive en los hospitales de la autonomía, avanzando medidas que promete implementar en sus primeros cien días de gobierno y anunciando recursos en los tribunales contra iniciativas del Consell como el requisito lingüístico para los profesionales sanitarios.

Los encargados de escenificar la ofensiva han sido el propio presidente del PPCV, Carlos Mazón, y el portavoz de Sanidad del grupo popular en las Corts, José Juan Zaplana. "El PP tiene un plan sanitario, no nos resignamos", ha introducido el líder autonómico, quien ha avanzado tres iniciativas prioritarias que su formación pondría en marcha en los primeros tres meses de gobierno si alcanza la Generalitat.

Así, Mazón se ha comprometido a "blindar" los recursos autonómicos destinados a Sanidad en al menos un 30 % del presupuesto autonómico (en 2022 y en las cuentas actuales está en un 28 % y un 29 % del total, respectivamente), un porcentaje que según ha defendido "nunca bajó" de esa cifra durante los mandatos del PPCV. "Puig no le da el peso que merece", ha dicho.

En segundo lugar, ha anunciado la puesta en marcha de lo que llama la "norma 50" contra las listas de espera quirúrgicas, que establece "por ley" que si un paciente recibe un plazo superior a los 50 días para ser operado, será derivado a la sanidad privada "sin coste" si así lo decide la persona afectada. Es una medida similar a la anunciada por Ximo Puig durante el último debate de política general, donde se fijaba la misma posibilidad pero se daba un plazo de 60 días. Sin embargo, desde el PP remarcan que la novedad reside en que al legislarlo, se "genera un derecho subjetivo" y que es el paciente quien tiene la última palabra, mientras ahora depende de la conselleria.

La tercera pata del plan de choque del PP se basa en incentivos económicos para cubrir tanto los turnos de tarde como las plazas de difícil cobertura. La idea expuesta por Mazón consiste en ofrecer a los profesionales sanitarios la posibilidad de trabajar por las tarde y cobrar complementos de sueldo específicos a partir de las 35 horas semanales.

Acciones legales contra el requisito

Además de proponer, el PPCV también quiere revertir algunas de las iniciativas del Botànic. En ese sentido, Mazón ha anunciado que el PPCV acudirá a los tribunales si el Consell da luz verde a la implantación del requisito lingüístico para los profesionales sanitarios. "No puede imperar el prejuicio sobre la profesionalidad", ha incidido el alicantino, que ha criticado que con una "Sanidad colapsada no se puede desincentivar a los médicos" con estas exigencias que considera "ideológico".

Pero Mazón no ha querido llegar tan lejos en sus críticas al requisito lingüístico más allá de la Sanidad, ya que las semejanzas de la propuesta del Consell al 'modelo gallego' impulsado por Feijóo en Galicia complica su oposición. De esta forma, Mazón se ha comprometido a eliminar los requisitos "de la falta de sentido común", como el sanitario, pero no ha anunciado una derogación completa. "En función de lo que veamos, lo derogaremos o no", ha esquivado.

Asimismo, los populares también apretarán con la Sanidad el las Corts, en este caso por las oposiciones que se están celebrando desde las últimas semanas en la Comunitat Valenciana. Zaplana ha anunciado que presentarán una solicitud de investigación para exigir "equidad" y "esclarecer procesos" como el examen de enfermería del pasado domingo, donde los opositores protestan por la "extrema complejidad" de la prueba y los sindicatos estudian su impugnación.

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