España rechaza investigar la muerte de un militar valenciano en Irak
La Audiencia Nacional desestima el recurso de la familia de Aarón Vidal al considerar que el accidente en 2016, por un exceso de velocidad, ya fue judicializado por los tribunales iraquíes
La muerte de Aarón Vidal López, el soldado valenciano de 25 años fallecido en septiembre de 2016 en la base militar de Besmayah (Irak), no será finalmente investigada por la Justicia española. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la familia del joven y confirma el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones acordado en su día por el Juzgado Central de Instrucción número cuatro por falta de jurisdicción de los tribunales españoles.
El fallecimiento del cabo valenciano, que cuenta con una calle en el barrio de Malilla con su nombre (carrer Aarón Vidal López Soldat) –homenaje que logró con mucha insistencia su familia tras reclamaciones al ayuntamiento y una recogida de firmas masiva– se produjo el 8 de septiembre de 2016 cuando un camión articulado de las Fuerzas Armadas iraquíes se salió de la calzada e impactó contra el carro de combate Lince –un vehículo 4x4 polivalente, blindado y con torreta– en el que viajaba el fallecido junto a otros dos militares que también resultaron heridos.
La Audiencia Nacional considera que el accidente ya fue judicializado por los tribunales iraquíes en su momento, que se detuvo a una persona por una presunta negligencia al volante y que la Dirección General de Tráfico de Bagdad estableció como causa del siniestro una velocidad excesiva y una distracción.
No obstante, los familiares de Aarón Vidal apelan al artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e invocan la competencia de la jurisdicción española al apreciar en la investigación llevada por el país iraquí una «injustificada demora que pone de relieve su falta de interés en esclarecer lo ocurrido» aquel 8 de septiembre de 2016 en la base militar de Besmayah, en la que perdió la vida el joven soldado español de 25 años.
Desde el primer momento, ya en marzo de 2017, la Justicia española se opuso a iniciar una investigación por los hechos ocurridos en una base militar española, en suelo extranjero, y que se saldó con la muerte de un ciudadano español. Así, se acordó el «sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones por la falta de jurisdicción de los tribunales penales españoles».
La clave está en que España no tiene competencias legales si ya se ha iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en el que se hubieran cometido los hechos, según una de las excepciones que recoge el artículo que fija en qué casos los delitos cometidos fuera del territorio nacional pueden ser perseguibles por los tribunales españoles.
La Audiencia Nacional ha desestimado finalmente el recurso planteado por la familia y señala que según la «única Comisión Rogatoria Internacional obrante no puede señalarse que estemos ante una causa paralizada». Si bien las últimas informaciones conocidas sobre lo ocurrido se remontan a abril de 2019, cuando el Tribunal Federal de Apelación de Bagdad resolvió iniciar una investigación.
Según figura en la citada comisión rogatoria, el militar imputado que conducía el camión causante del siniestro mortal fue detenido y puesto en libertad tras el pago de una fianza de 15 millones de dinares –al cambio unos 10.000 euros–.
Por todo ello la Audiencia entiende que no puede inferirse un supuesto acto terrorista ni atentado contra funcionario, al no apreciar sustento probatorio, ni siquiera dolo, y que «parece indiscutible que en Irak se ha seguido un procedimiento judicial, aunque del contenido de la Comisión Rogatoria Internacional no se infiera la conclusión o estado del mismo». Lo cierto es que seis años después la familia de Aarón sigue sin saber el castigo al presunto autor de su muerte.
El cabo Aarón Vidal López, miembro del Regimiento de Caballería Ligero y Acorazado Lusitania 8, perdió la vida en septiembre de 2016 en la que era su primera misión en el extranjero.
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