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Mollà firmó un plan para acelerar las renovables el día previo a su destitución

La conselleria promovía la instalación del autoconsumo en cascos urbanos y proyectos "de excelencia" para plantas de generación

Un instalador de una planta fotovoltaica supervisa el montaje, en Riba-roja. Germán Caballero

El martes 25 de octubre un comunicado de prensa de la Generalitat anunció la destitución de Mireia Mollà como consellera de Agricultura y Transición Ecológica. La decisión sorprendió no solo a los medios de comunicación, también lo hizo a la entonces titular autonómica, que fue informada de su salida un par de horas antes en una llamada de teléfono. Un día antes, cuando la posibilidad de un cese no era ni un rumor, Mollà y su equipo habían acabado de perfilar un plan con dos medidas para acelerar la implantación de las renovables, núcleo central de la polémica.

Según ha sabido este periódico, la Conselleria de Transición Ecológica tenía ya elaboradas dos propuestas con la que dar un empujón a la instalación de renovables, especialmente fotovoltaica. Los proyectos estaban ya redactados y con el visto bueno de la entonces consellera para ser incorporados por los grupos parlamentarios vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento. Las medidas iban dirigidas a dos ámbitos diferentes y, según explican fuentes del equipo que formaba parte de este área, estaban alineadas con las reivindicaciones de Compromís.

Una de ellas estaba centrada en el impulso del autoconsumo a partir de acelerar la implantación de placas en los tejados, medida en la que la coalición valencianista basa su modelo energético. En este sentido, según el borrador elaborado por Transición Ecológica, proponía la modificación del artículo 14 (que habla de las fotovoltaicas en techos) del Decreto Ley 14/2020 del Consell que preveía acelerar la instalación de renovables. Fue la primera norma del Ejecutivo autonómico con la que intentó agilizar estos trámites.

En concreto, la propuesta incorporaba un nuevo apartado para habilitar la instalación de paneles solares en los tejados de los cascos urbanos y sobre todo, para sortear la "protección del patrimonio cultural" que limita estas estructuras. Así, esta norma reclamaba al departamento responsable de patrimonio que elaborase "antes del 31 de marzo de 2023 una guía de criterios estéticos y técnicos" para instalar estas placas y que, en caso de incumplir el plazo dado "prevalecerá el derecho a acceder al autoconsumo".

Esta medida se parece al nuevo reglamento que trabaja la Comisión Europea y al que le falta que los Estados miembros le den su visto bueno (algo que podría provocar el cambio de su redacción). En este, se señala que si no hay una respuesta por parte de las administraciones en un mes cuando se soliciten trámites para instalar plantas de menos de 50 kW (pequeñas), se considerará concedida la autorización, una medida centrada para el autoconsumo en casco urbano donde se requiere un permiso municipal.

La otra acción estaba centrada en acelerar los parques de generación fotovoltaico (las de menos de 50MW de competencia autonómica). Estos son los que traen más tensiones dentro del Consell entre las diferentes corrientes especialmente de Compromís. Sin embargo, según explican fuentes conocedoras de la propuesta, el objetivo era lograr impulsar aquellos proyectos que contasen con un sello de calidad y dentro de unos parámetros que redujeran al máximo su impacto ambiental y aumentaran su beneficio social. "Era apoyar un modelo de expansión responsable", señalan.

En este sentido, se trataba de primar las propuestas que contasen con "criterios de excelencia a nivel ambiental, impacto local positivo y que destaquen sobre los desarrollos estándares". Para ello, la conselleria se guardaba la potestad de fijar como "proyecto de prioridad energética" (un término que aparece a partir del macrodecreto de renovables de abril) a aquellos planteamientos que cumplieran una serie de condiciones. Este proyecto de prioridad energética permite una tramitación de urgencia, habilita la compatibilidad territorial y urbanística y da la exención al máximo del 3 % de uso de suelo no urbanizable para renovables.

En el plan elaborado por Mollà y su equipo, entre los que estaban los dimitidos Paula Tuzón y Alfons Puncel y el destituido Pedro Fresco, se establece una serie de puntuaciones en determinados criterios "de excelencia" que harían más sostenible el proyecto, como establecer el proyecto en una zona de bajo impacto ambiental, que ceda parte de la producción eléctrica a los regantes o que los vecinos del municipio participen en la propiedad del proyecto. Así, si se superaba una puntuación (50 de 120 en fotovoltaicos y 40 de 100 en eólicos), Transición Ecológica le daría la calificación de "proyecto energético prioritario".

El objetivo de la conselleria era, según se expone en el proyecto legal, "abrir la posibilidad de que los propios promotores realicen una manifestación de interés para que sus proyectos sean propuestos como posibles proyectos de prioridad energética por razones de emergencia climática", es decir, hacer atractivo a las empresas que quisieran poner en marcha una instalación de renovables para que fuera lo más sostenible posible a sabiendas de que se aceleraría su tramitación al ser incorporada como "proyecto de prioridad energética". Sin embargo, las tensiones internas de Compromís acabaron en destitución de Mollà, la posterior salida de su equipo y la paralización del plan.

Ítems que se valorarían:

Según el documento elaborado por el departamento que dirigía entonces Mireia Mollà, al que ha tenido acceso el periódico Levante-EMV, son hasta ocho los ámbitos que la Conselleria de Transición Ecológica valoraba para calificar de "excelencia" una instalación de renovables y concederle el sello de proyecto energético prioritario. En este sentido, son:

1. Zonificación ambiental: Se valoraba hasta con 20 puntos situarse en espacios calificados de sensibilidad ambiental “baja” de acuerdo a la herramienta de zonificación ambiental para la implantación de energías renovables: eólica y fotovoltaica.

2. Certificación de la excelencia del proyecto de la planta: Se le daba 10 puntos haber recibido un sello de excelencia certiicado en sostenibilidad por la Entidad Nacional de Acreditación siempre que se cumplieran parámetros como el impacto socioeconómico, la implicación de la comunidad local, la integración ambiental y la protección de la biodiversidad y la economía circular.

3. Generación distribuida: Se potenciarán aquellas instalaciones que representan mejor el modelo de generación distribuida frente al tradicional modelo de generación centralizada,. Se buscaba incentivar la implantación de centrales eléctricas basadas en el viento y el sol, próximas a la demanda. Se valoraba con 10 puntos los proyectos que se instauren en municipios que no tengan cubierto todo su consumo energético con energías renovables producidas en el propio municipio.

4. Acciones adicionales de impacto climático positivo: Se estudiaba valorar hasta con 20 puntos las acciones que estén relacionadas con el proyecto y que tengan un impacto adicional positivo a nivel climático por cuenta del promotor, sin contar aquellas acciones obligatorias de compensación que sean exigidas en el proceso de autorización.

5. Acciones a favor del regantes y agricultores del municipio: Se puntuaba con 10 puntos aquellas acciones que favorezcan la reducción de los costes energéticos de los regantes del municipio, buscando las sinergias positivas entre la actividad agrícola y el desarrollo renovable como ceder la electricidad.

6. Participación local: Se valoraba con un punto hasta 20 cada punto porcentual de la participación económica de personas físicas o jurídicas en el proyecto que fueran de los vecinos del municipio de los municipios limítrofes.

7. Sustitución de actividades perjudiciales por el medio ambiente: Se valoraba otorgando 10 puntos a aquellos proyectos que desplazasen a una actividad perjudicial sobre el medio ambiente al eliminar actividades que contaminasen los suelos, las aguas, la atmósfera o perjudican a la biodiversidad, como proyectos en zonas con riesgo alto o muy alto de contaminación de acuíferos por nitratos.

8. Ocupación fotovoltaica eficiente de terreno: Se valoraba con hasta 20 puntos aquellas instalaciones fotovoltaicas que tengan una ocupación eficiente del terreno en comparación con el resto de su tipología, en función de las características de la instalación.

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