El Gobierno recurre la ley catalana antidesahucios que imita el Consell

El Consell se ha topado con el refranero popular en su camino hacia una ley que garantice la prohibición de los desahucios sin garantía habitacional. La Vicepresidencia Segunda de la Generalitat ultima su norma para regular la actividad de los grandes propietarios inmobiliarios, no obstante, desde que el Gobierno anunciase que iba a recurrir al Tribunal Constitucional la ley catalana en la que se inspira la valenciana, por los despachos del departamento que dirige Héctor Illueca se escucha como aviso eso de "cuando las barbas de tu vecino veas cortar...".

El Ejecutivo estatal acordó en el Consejo de Ministros del pasado lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley catalana antidesahucios al no tener competencias para legislar sobre la materia.

En concreto, el Gobierno cuestiona una disposición adicional en la que se señala la necesidad de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de llevar a cabo un desahucio si la persona afectada se encuentra en situación de vulnerabilidad y las viviendas pertenezcan a grandes tenedores.

El problema para el Consell es que la norma valenciana tiene una clara inspiración en la ley catalana e incluye un artículo similar al que el Govern que encabeza Pere Aragonés aprobó en marzo.

"Los grandes tenedores de viviendas (se considera gran tenedor a quien tenga más de 10 viviendas) tendrán la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler asequible a la persona o unidad de convivencia en riesgo de perder su vivienda habitual, siempre que se constate la vulnerabilidad o emergencia residencial de las personas ocupantes", dice el decreto que prepara el departamento de Illueca, tal y como contó Levante-EMV.

Sin embargo, las acciones judiciales del Gobierno no cambian, de momento, la hoja de ruta del Consell. Según fuentes de Vivienda, el decreto de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso Inmobiliario (así se llama la norma) continúa el camino emprendido con el objetivo de ser aprobado este mismo mes de diciembre.

"No conocemos el contenido del recurso y tampoco sabemos si habrá una sentencia que le dé la razón", argumentan fuentes de la Vicepresidencia Segunda que señalan que la tramitación continúa.

"El objetivo del Consell es desplegar desde la Generalitat todo el potencial competencial que podamos"

En este sentido, insisten en que el proyecto legislativo (como cualquier norma que se impulsa desde el Ejecutivo) ha de pasar por los órganos jurídicos internos del departamento, como la Abogacía de la Generalitat, y que ninguna ley que se presenta y se lleva adelante está elaborada para que la tumben luego los tribunales. Es decir, hay informes jurídicos antes de que la norma salga adelante y el caso catalán puede ayudar a sortear el problema en la redacción final.

De momento, la maquinaria burocrática continúa para poder presentar la norma cuanto antes con la idea de "desplegar desde la Generalitat todo el potencial competencial" en materia de vivienda. Qué ocurrirá después en caso de que el Alto Tribunal dé la razón al Gobierno en el caso de la ley catalana y, posteriormente, afecte a la futura norma valenciana es algo en lo que no entran. "Buscaremos otras vías de garantizar el derecho a la vivienda", insisten.

A favor del departamento de Illueca juega también el tiempo. El Parlament catalán validó el proyecto legislativo el 23 de febrero y la presentación del recurso (que no la sentencia del Constitucional) ha llegado más de medio año después. Entre medias, ha habido negociaciones entre Govern y Gobierno para pulir otros artículos en los que sí que ha habido acuerdo. También sirve de ejemplo el recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo estatal a una modificación de la Ley de Acompañamiento de la Generalitat de 2021. La norma se aprobó a final de 2021 y el recurso se presentó en noviembre, once meses después.

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Críticas por el "bloqueo" a la ley estatal

La situación generada por la ley antidesahucios catalana, e inspiradora de la valenciana, sirve para que desde el área que encabeza Illueca se pida una revisión a las competencias en vivienda que cuentan tanto el Estado como las autonomías. "Hay que clarificar el modelo", señalan, para evitar problemas de invasión de competencias como la que se denuncia en el caso catalán y que no es la primera vez que ocurre. Pasó con la Ley de Función Social de la Vivienda valenciana aprobada de 2017. En ese proceso señalan la Ley de Vivienda que sigue bloqueada en el Congreso. "No puede ser que el reparto de competencias supongan un freno para regular una pata del Estado del Bienestar", lamentan fuentes del Consell.

La obligación de garantizar una alternativa habitacional no es la única incorporación del decreto que prepara el departamento de Illueca. Entre las herramientas que adopta, la nueva ley permitirá a la Administración reclamar la "cesión obligatoria temporal" de aquellas viviendas de grandes tenedores que se encuentren más de un año sin cambio en el registro de viviendas deshabitadas, de reciente creación.

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