Piden la intervención municipal para devolver el agua a una familia okupa que fue estafada

Orriols en Bloc exige que se reestablezca el servicio en el piso de un fondo buitre hasta que haya alternativa habitacional para la familia

Manuel afirma que necesita suministro y que sea legal porque vive con cuatro niños.

Manuel afirma que necesita suministro y que sea legal porque vive con cuatro niños. / Miguel Ángel Montesinos

 “Las empresas no podrán cortar los suministros de agua, luz y gas a hogares vulnerables aunque no tengan contrato”. Así consta en el decreto antidesahucios que se firmó al inicio de la pandemia y sigue vigente tras sucesivas prórrogas con el objetivo de crear un escudo social para familias como la de Manuel Vargas, un joven con 4 hijos que lleva meses sin suministro de agua por un corte que, según la normativa, no debería haberse producido.

Así lo aseguran desde la entidad social que ayuda a esta familia vulnerable, el Sindicato de barrio Orriols en Bloc, que insta a la empresa y al ayuntamiento a restablecer el servicio a esta familia hasta que consigan regularizar su situación en esa vivienda o les concedan un piso social.

Es más, afirman que en el Gobierno especificó que cuando los servicios sociales “acrediten que una familia, aunque no tenga un contrato con la compañía de suministros, se encuentra en situación análoga a la que le permitiría recibir el bono eléctrico, también se prohibirá el corte de luz, agua o gas en este hogar”. Por ello, desde el sindicato de barrio instan al Ayuntamiento de València a mediar y buscar una solución a esta familia que vive con cuatro críos muy pequeños. Sin embargo, una cosa es evitar el corte y otra activar el suministro.

Manuel Vargas, su mujer y sus cuatro hijos en el piso okupa propiedad de un fondo buitre donde viven.

Manuel Vargas, su mujer y sus cuatro hijos en el piso okupa propiedad de un fondo buitre donde viven. / Miguel Angel Montesinos

La familia tuvo suministro durante tres años porque contaba con un contrato fraudulento, sin saberlo. Por ello, pagó todas las facturas y se ve ahora en un callejón sin salida. “Como nos somos propietarios del piso no podemos conseguir la licencia de ocupación que nos piden. Y ya hemos contactado con el fondo buitre al que pertenece el piso pero no quieren negociar un alquiler social. No sabemos qué más hacer pero necesitamos agua porque aquí vivimos con cuatro críos pequeños”, explica Manuel, el padre de familia.

Fraude en el contrato

Desde la empresa aseguraron que el corte de agua se produjo tras detectar el fraude en el contrato y contar con la sentencia firme que condena al estafador, aún en busca y captura. “Ese suministro nunca se tuvo que producir porque es ilegal hacerlo. Damos cobertura a familias vulnerables porque tenemos herramientas ante impagos y problemas de pago para garantizar el suministro gracias al fondo social. Pero dar suministro a viviendas okupadas de forma ilegal es algo que no podemos hacer”, añaden.

Manuel, en el contador de su vivienda que se niega a enganchar de forma ilegal.

Manuel, en el contador de su vivienda que se niega a enganchar de forma ilegal. / Miguel Ángel Montesinos

Desde la entidad social Orriols en Bloc piden la intervención del ayuntamiento porque “la titularidad del agua es municipal y esta familia también tiene un seguimiento en Servicios Sociales del ayuntamiento. Si carecen de una vivienda social que ofrecer a una familia como esta lo que deberían hacer es permitir que tengan suministro. Aunque sea por el bien superior del menor. Que aquí hay cuatro niños y el ayuntamiento no les ha ofrecido ninguna alternativa y debería mediar”.