La Generalitat ofrece una decena de plazas para funcionarios expertos en fondos europeos pese a que las conselleries pidieron 270

Donde dije 270 funcionarios digo diez. Es la notable reducción que se ha registrado en la oferta de empleo público de la Generalitat para conformar un cuerpo funcionarial especializado en la gestión de fondos europeos, una prueba a la que se inscribieron (abonando las correspondientes tasas de 13,76 euros) más de 4.000 personas y que superaron unas 2.200.

Cuando se lanzó el plan de refuerzo antes de verano, fuentes de Función Pública aseguraron a este diario que tras un sondeo a las conselleries se contabilizó una demanda conjunta de 267 puestos, pero ahora la Generalitat alega que ha ido cubriendo vacantes mientras se desarrollaba el proceso de selección (que se ha ido retrasando por diversos problemas) y solo oferta una decena de plazas.

Una situación que ha enfadado a los miles de aspirantes, que tuvieron que hacer frente a un extenso temario de cerca de 1.500 folios para prepararse para el cargo, y ante la que los sindicatos ya estudian la posibilidad de recurrir. El motivo, explican, es que en la convocatoria publicada en el DOGV en junio para crear este pretendido cuerpo de élite se justifica la puesta en marcha de una Agrupación de Puestos de Trabajo (APT) específica de fondos europeos ante la no existencia de otra similar.

Pero sin embargo la Generalitat se ha ido nutriendo de perfiles de bolsas ordinarias no preparados para la materia, un extremo que, recuerdan desde el sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV, podría ser recurrible jurídicamente por aquellos que aprobaron el examen pero ahora ven que esa plaza ha sido cubierta por otra persona que no ha superado la prueba concreta. Además, el sindicato avanza que pedirá explicaciones sobre este proceso a la Generalitat.

No todo son puestos administrativos

Desde la Conselleria de Justicia niegan la mayor y aseguran que en ningún momento se habló de tal cantidad de puestos a cubrir. Según explican, esa cifra responde a una necesidad global de personal y no solo de perfil administrativo, que sería mucho más reducida.

Es decir, que del más de un centenar de refuerzos que solicitó la Conselleria de Agricultura, por ejemplo, solo una parte serían cubiertos por esta bolsa específica mientras que otros serían de otros perfiles tales como ingenieros o arquitectos para llevar a cabo esos proyectos con dinero de la UE.

Asimismo, señalan que la bolsa está abierta y que se irán incorporando a esas personas que superaron la prueba en función de las necesidades futuras. Al respecto, desde el servicio de clasificación de Función Pública concretan que la relación de puestos de trabajo (RPT) que se incluye en los presupuestos y que por tanto es la cifra de referencia contempla 113 puestos de este estilo, 70 estructurales (programas fijos de la UE) y 43 temporales. Es decir, todavía muy lejos de los supuestos 267 reclamados por las conselleries del Botànic.

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