Prisiones: los manicomios del siglo XXI

Un informe del del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión revela la ausencia de psiquiatras para más de 6.000 presos

Centro Penitenciario de Valencia en Picassent

Centro Penitenciario de Valencia en Picassent / JOSE ALEIXANDRE

En la Comunitat Valenciana hay más de 6.000 personas presas y el 40% presenta problemas de salud mental. Sin embargo, no hay psiquiatras en las cárceles valencianas. Y es que hay presos que presentaban sintomatología e incluso tenían diagnóstico pero éste no se tuvo en cuenta en el juicio rápido con el que le condenaron. También los hay que fueron diagnosticados en prisión por los escasos médicos generalistas que las atienden o ya estaban diagnosticados y, pese a ser personas inimputables, acaban en la cárcel cumpliendo condena ya que las prisiones se han convertido "en los manicomios del siglo XXI".

Así lo asegura Javier Vilalta, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión (ODSP), que ha presentado su segundo informe, en el que hacen doce propuestas a la radiografía de una situación que deja en evidencia "el maltrato" al que está sometida la población reclusa ya que la falta de recursos sanitarios en las prisiones valencianas y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es "alarmante y vergonzosa" y "vulnera los derechos sanitarios". Vilalta presentó el informe junto a las investigadoras Carla Mateo (psicóloga) y Aurora Fernández (criminóloga).

De izquierda a derecha, Aurora Fernández, Carla Mateo y Javier Vilalta.

De izquierda a derecha, Aurora Fernández, Carla Mateo y Javier Vilalta. / Fernando Bustamante

Desde el observatorio repiten, negro sobre blanco, que para que se produzcan "cambios reales" es "imprescindible" que la Generalitat solicite las transferencias sanitarias penitenciarias. Así, el informe reclama que haya coordinación entre las administraciones para que las personas con problemas mentales que están en prisión "no estén en el limbo", indica Vilalta, para quien "urge" que el Consell solicite las competencias sanitarias penitenciarias "tal y como están obligados desde 2004 y como avalan tres PNL aprobadas en 2022 en Les Corts".

"El 40 % de los presos tiene problemas de salud mental, con una prevalencia del 90 %. El 65 % de las personas que están en prisión toman medicación psiquiátrica y en los centros penitenciarios valencianos la carencia de facultativos llega al 70 %", recalca Vilalta.

Sin psiquiatras

El informe denuncia la ausencia de psiquiatras en las prisiones de la Comunitat Valenciana, donde hay 6.308 personas presas (el 90,8 % hombres y el 9,2 % mujeres), y señala que solo el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, tiene en plantilla a tres especialistas en Psiquiatría para a atender a 215 personas.

Los diagnósticos más frecuentes son los trastornos adaptativos (20 %); trastornos psicóticos (20 %); o trastornos afectivos (10 %), problemas "muy complejos", "crónicos" y relacionados con factores sociales y físicos que empeoran su pronóstico y manejo como son la adicción a las drogas, dando lugar a la patología dual o las dificultades de aprendizaje.

En los centros penitenciarios, señala, enfermeros y médicos no están especializados en salud mental pero "son los que acaban ajustando medicaciones y llevando el seguimiento de las personas con enfermedad mental" y al estar el equipo médico "colapsado" no puede llevar a cabo una función de filtro previa a la visita del psiquiatra.

Carla Mateo analiza el punto de vista clínico del informe.

Carla Mateo analiza el punto de vista clínico del informe. / Fernando Bustamante

Respecto a la medicación, tanto sanitarios como pacientes coinciden en que es común la sobremedicación, el cambio de medicación en aquellos que ya tenían pauta médica, casos de medicación que no les sienta bien o que no está ajustada y normalmente administrada mediante pinchazo por una cuestión práctica debido a la falta de personal y recursos y para evitar suicidios y venta de la medicación.

"El 65 % de las personas que están en prisión toman medicación psiquiátrica", explica Vilalta

Con respecto al suicidio, es en la etapa inicial del encarcelamiento, de uno a cinco meses, cuando se produce el lapso de mayor riesgo en la aparición del intento suicida y, según el informe, de las 36 personas que se suicidaron en las prisiones españolas en 2021, 8 lo hicieron en los primeros 3 meses y 4 de ellos en el mismo día de ingreso.

CIE Zapadores

En el caso del CIE Zapadores, el informe explica que cuando una persona interna requiere un ingreso hospitalario, "es el director del centro, que no es personal sanitario, quien tiene la decisión última de que este tenga lugar, una decisión que debería ser estrictamente médica".

Otra de las deficiencias observadas es el hecho de que se omite el horario del intérprete y, en caso de que un interno no pueda comunicarse con el médico, este difícilmente podrá atenderle con todas las garantías.

Además, en el CIE Zapadores no hay psiquiatras ni psicólogos clínicos para que la atención sanitaria sea completa, teniendo en cuenta el malestar psíquico y emocional de las personas que se encuentran internadas en el mismo.

Recomendaciones

El informe aporta 14 recomendaciones "para que se den cambios reales". Entre las propuestas destaca que las fuerzas políticas "lleven a cabo acciones, empezando por la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas", además de destinar los recursos que requiere una acción de esta envergadura.

En este sentido, el informe indica que en la actualidad se está pendiente de la petición de las transferencias penitenciarias por parte de Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Sanidad solicitadas en varias proposiciones no de ley (PNL) en les Corts Valencianes. "Las PNL no deben quedarse en papel mojado", resalta Vilalta.

El informe reclama un equipo de salud mental en cada provincia de la Comunitat, formado por al menos un especialista en psiquiatría, otro en psicología clínica y una enfermería especializada en salud mental.

Respecto a los CIE en España, donde en 2021 había 1.841 personas (frente a las 8.814 del año 2018), asegura que son centros "desproporcionados, inútiles, caros y que vulneran los derechos humanos" y exigen su "cierre inmediato" ya que, afirman, "no hay reforma posible que pueda justificar privar de libertad a una persona que no ha cometido delitos.