Los beneficiarios de rentas mínimas crecen un 121 % en dos años en la C.Valenciana

La C. Valenciana ha aumentado un 121 % el número de personas que cobran alguna renta garantizada tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital en 2019 y la Renta Valenciana de Inclusión en 2018. Además, en tres años ha aumentado un 60 % el presupuesto dedicado a esta ayuda, en una autonomía donde una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza.

Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia que "muchas autonomías están desmantelando sus sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social" a través de las rentas mínimas.

No es el caso de la C. Valenciana, que ha duplicado ampliamente el número de personas que reciben ayudas, otras como Madrid o Aragón han disminuido un 50 % el número de beneficiarios. En el caso de Castilla - La Mancha la bajada es del 73 %.

El año de la pandemia, de hecho, supuso un crecimiento enorme en el número de preceptores en la C. Valenciana, pasando de 38.016 a 77.825 personas entre 2019 y 2020. El año 2021 creció un poco más hasta los 84.070 beneficiarios.

Los directores y gerentes critican que aunque algunas destinaron este "ahorro" a programas de inclusión social u otras políticas sociales, como las dos últimas, para otras "supuso sin más una reducción de su gasto social, en un año tan marcado por la crisis sanitaria y social como fue 2021".

Aunque en general la Comunitat aparece bien parada en el informe también hay datos que los directores y gerentes denuncian. Por ejemplo, solo el 7,8 % de las personas que están bajo el umbral de la pobreza cobran la Renta Valenciana de Inclusión o el Ingreso Mínimo Vital. En realidad la media española se sitúa en el 7,1 % y las únicas autonomías que se salvan son Navarra (75 %) y el País Vasco (55,8 %).

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Otro dato a destacar es el gasto medio por titular de la ayuda en relación con la renta media de los hogares. La C. Valenciana es la tercera de España con un 18 %, por detrás de Cataluña (19,4 %) y Baleares (18,5 %). Las más bajas son Madrid (9,5 %) y Murcia (8,4 %).

Gasto disparado

El gasto en la Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital en la C. Valenciana es de los más altos de España, a pesar de tener mucho menos poderío económico que otros territorios. Cataluña gasta unos 400 millones en la ayuda, igual que el País Vasco, mientras que la Comunitat llega a 250 millones. Otras autonomías como Madrid apenas gastan 150 millones.

En el conjunto del país, el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y sólo el 7,1 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.

Por comunidades, el informe señala que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su ya "exiguo" gasto en Rentas Mínimas de Inserción, con una reducción de más de las dos terceras partes del mismo (66,7 %). Los Directoras y Gerentes de Servicios Sociales apuntan que en esa comunidad y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura las RMI "están siendo sustituidas por el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".

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Una situación que "contrasta", añaden, con la de comunidades como la Valenciana, Cataluña y Canarias, "donde se han reforzado como complemento del IMV", con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60 %.

Navarra y País Vasco siguen destacando con elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, con un 75,8 % y un 55,8 %, respectivamente, mientras que en Castilla-La Mancha "se confirma la extinción de estas RMI", según la asociación.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 % de la renta media por hogar en el conjunto del país, una cifra que para las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es "extremadamente baja" y que se ha reducido más de un punto desde 2019, al pasar del 17,1 % al 15,9 %.

Tras constatar esta situación, la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha querido subrayar que "pobreza no es igual a exclusión social" y que "el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía resulta a todas luces insuficiente", mientras que "la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional".

Por eso reclaman a las comunidades "que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas"