Caso Azud

La Guardia Civil indaga si hubo mordidas en otros tramos del Júcar-Vinalopó

El ‘financiero’ del PSPV tenía un escrito con las cantidades a pagar por cada adjudicatario en la trama del caso Azud

Obras de construcción del trasvase Júcar-Vinalopó.

Obras de construcción del trasvase Júcar-Vinalopó. / Levante-EMV

Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga si hubo más presuntas mordidas en los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó, adjudicados por Aguas del Júcar (después Acuamed) entre 2006 y 2007, en una pieza separada del caso Azud.   

La pista de la que tirar del hilo se encontró en la documentación incautada al ex responsable de finanzas del PSPV José María Cataluña en mayo de 2021. Un filón para los investigadores, aunque más desorganizada que los archivos encontrados al metódico promotor Jaime Febrer, que apuntaba cuándo y con quién se reunía, además de guardar en muchas ocasiones las anotaciones que tomaba en esos encuentros lo que ha nutrido de cuantiosa información a los investigadores del caso Azud

La Fiscalía Anticorrupción considera a José María Cataluña el «financiero o recaudador» del PSPV-PSOE que «si bien aparece desvinculado formalmente desde el año 2004 de la secretaria [de finanzas del partido]» esta situación «sería meramente formal, dado que seguía obteniendo los recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obra pública, relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal, en el ámbito del gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría para gobernar el partido socialista», señala el informe del Ministerio Público en alusión al periodo en el que el gobierno central estuvo presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). 

La documentación comprometedora sobre las adjudicaciones del trasvase Júcar-Vinalopó la encontraron los agentes de la UCO de la Guardia Civil en «el dormitorio de José María Cataluña» donde «se encontró el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E, que suponía un mayor precio de la licitación», explica el Fiscal Anticorrupción en su informe del 2 de agosto que dio pie a la creación de la pieza separada del caso Azud que impacta de lleno en los responsables del PSPV-PSOE en los años 2007 y 2008. 

Documentación manuscrita

Sobre esta «documentación manuscrita intervenida» a José María Cataluña, el Fiscal Anticorrupción considera que «evidencia por un lado que, de hecho y realmente, seguía al frente de la financiación del Partido Socialista y, por otra, evidencia el control sobre la adjudicación pública, determinando las comisiones y porcentajes que las empresas adjudicatarias debían satisfacer».

Y el representante del Ministerio Público puntualiza que estas anotaciones manuscritas que José María Cataluña guardaba en su dormitorio «no solo [son] respecto a las cantidades entregadas por la UTE adjudicataria del tramo E [Acciona y Construcciones Luján] sino de las cantidades que el resto de sociedades adjudicatarias de cada uno de los tramos tenía que satisfacer conforme al precio de adjudicación de cada uno de los tramos y conforme a su participación en la UTE (unión temporal de empresas)». 

El fiscal añade que el «documento manuscrito en poder del investigado Cataluña, se corresponde con cada uno de los tramos adjudicados a las UTE respecto a la redacción de proyecto y ejecución de obra del trasvase Júcar-Vinalopó».

Respecto a los adjudicatarios del tramo E del Júcar-Vinalopó los agentes de la UCO de la Guardia Civil han podido acreditar el pago de 120.060 euros de la mercantil Construcciones Luján a Cronosport, la empresa a la que el PSPV encargaba el material publicitario electoral (camisetas, libretas, chapas, mochilas, etc).  

El acceso a los servidores de la empresa Acciona, autorizado por el Juzgado de Instrucción 13, también ha permitido acceder a los correos que intercambiaron responsables de la empresa en la Comunitat Valenciana con los de Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y que suponen, a juicio de la UCO y del Fiscal Anticorrupción, «sólidos indicios respecto al concierto existente» entre la empresa contratista y los organismos estatales para «conseguir adjudicaciones públicas predeterminadas al margen de los procedimientos legales de adjudicación». Por estos hechos se investiga, como adelantó Levante-EMV al ex consejero delegado de Aguas del Júcar José María Marugán; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues; y un ingeniero y jefe de zona de Acciona en el momento de los hechos investigados, Juan José Fernández, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción pidió a la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 13 de València, que investiga el caso Azud, que los citara a declarar «en calidad de investigados» por los presuntos «delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, sin perjuicio de ulterior calificación». 

Ninguno ha querido declarar ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil. Una decisión habitual cuando los hechos investigados se encuentran bajo secreto de sumario (que se levantó a finales de diciembre). El trabajo que queda ahora pendiente a los investigadores del caso Azud es cruzar los nombres de los adjudicatarios del trasvase por si alguno también contrató con Cronosport y analizar la documentación de los registros de finales de octubre

Suscríbete para seguir leyendo