Los bancos desbloquean dos mil cuentas de personas con discapacidad

Ni ingresar las ayudas, ni sacar dinero, ni realizar trámite alguno. El bloqueo de las cuentas por partes de entidades bancarias que interpretaron de forma errónea la ley 8/2021 --la nueva norma que elimina la incapacitación judicial y establece un sistema de apoyos con mayor peso para las personas con discapacidad-- ha supuesto un grave perjuicio para quienes contaban con un tutor legal. Así, cuando la entidad bancaria se dispuso a actualizar los datos decidió bloquear las cuentas hasta que el titular se personara en la oficina. Todo ello sin tener en cuenta ni el grado de discapacidad ni las circunstancias de cada persona.

Sin embargo, entre la actuación de la Fiscalía (que ha actuado como mediadora en casos concretos indicando a los bancos cómo debían proceder ya que exigían sentencias de incapacitación que ya no existen) y las familias afectadas que no han tenido más opción que acercar a la personas con discapacidad hasta la sede de la oficina, tal y como les solicitaban, los bancos han procedido a desbloquear unas dos mil cuentas. La cifra es el resultado entre las más de 2.400 personas que tenían por cobrar la dependencia el pasado mes de diciembre y las 400 que quedan pendientes en la actualidad ya que, de momento, el sector financiero continúa en silencio ante este tema.

Pago extraordinario

"La Conselleria de Igualdad ha realizó un pago extraordinario en diciembre en aquellas cuentas que ya están desbloqueadas para ingresar así las ayudas a la dependencia que estaban pendientes. Esta es la manera a proceder. Los 400 personas que siguen sin percibir la ayuda es, o porque su cuenta sigue bloqueada, o porque no han presentado el modelo de domiciliación bancaria que es un documento obligatorio para que Intervención permita realizar el pago de la prestación”, explican fuentes de la conselleria.

"Hay 400 personas pendientes aún de recibir la dependencia", afirman desde Conselleria

La incapacitación judicial suponía la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad intelectual, psíquica o física. Es decir, un juez, a través de una sentencia, determinaba que una persona no podía valerse por sí misma. Así, su tutor legal lo decidía todo por esa persona y gestionaba su dinero, su cuenta bancaria, su vivienda, su patrimonio y todos los aspectos de su vida.

Ahora la tutela se sustituye por otras figuras graduables en función de las necesidades de la persona (la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela) pero estas figuras no están integradas en el sistema bancario que, ante la ley de protección de datos y como un mecanismo antifraude, bloquearon las cuentas de miles de personas con discapacidad.

La Unidad de Discapacidad y personas Mayores dela Fiscalía General del Estado trabaja ahora con todos los sectores prestadores de servicio “para consensuar protocolos y actuaciones" que adapten la realidad de las personas con discapacidad y su entorno a una nueva regulación, desconocida por la mayoría.