UGT negocia con el Ministerio de Educación que los 15.000 profesores de la concertada cobren lo mismo que los de la pública

Homologar salarialmente a los 15.363 docentes de la enseñanza concertada con sus iguales de la educación pública. Es la propuesta que el sindicato UGT negocia con el Ministerio de Educación, para conseguir reducir una brecha salarial que puede llegar, en el caso de la educación secundaria, a los 500 euros al mes.

Así lo ha anunciado el sindicato en rueda de prensa durante la presentación de una campaña estatal que ha tenido lugar en València, y que busca igualar el salario de los 180.000 docentes de la concertada que hay en España.

Además de esta reivindicación, José Juan Torrecillas, responsable de la Enseñanza Concertada en UGT-PV ha asegurado que son necesarios 5.000 docentes más en la enseñanza concertada para "dar un servicio público de igual calidad".

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Esta reivindicación debía haber comenzado a negociarse antes de estallar la pandemia y se ha retomado este mes de diciembre, según ha explicado Torrecillas. "Las plantillas en algunos centros concertados son exiguas, los profesores no dan a basto y pensamos que así no se puede prestar una educación de primer nivel", explicó Jesús Gualix, coordinador de Enseñanza concertada a nivel estatal.

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En la actualidad un profesor de la concertada cobra, de base, un 4 % menos que su homólogo de la pública. Y la brecha va creciendo conforme se van añadiendo complementos como los sexenios, que suponen un extra de entre 87 y 151 euros al mes, y que con el paso del tiempo pueden agrandar la brecha a los 500 euros mensuales.

Otros temas que el sindicato busca regular son las horas dedicadas a la formación del profesorado, "algo clave y sobre todo en los tiempos que corren donde siempre hay que estar actualizado" y que, explican, "ahora los profesores la hacen voluntariamente en sus ratos libres".

La equiparación que busca el sindicato es salarial, pero también de condiciones laborales. Según cuenta el sindicato "la jornada laboral actual en la concertada es de 25 horas a la semana en la Comunitat Valenciana, mientras que en el ámbito público se sitúa en 18 en secundaria y 23 en primaria". UGT pide igualar también esta jornada y que "en ningún centro de titularidad pública se impartan más de esas horas", cuenta Gualix.

El personal complementario

"Siempre pensamos en los docentes, pero el personal de administración y servicios (limpieza, por ejemplo) son la base de los colegios y son fundamentales para que funcionen" explica Gualix. Por eso otra parte del acuerdo es que este personal se incluya dentro.

El convenio de los centros concertados ya recoge un apartado en el que se regulan los salarios y las condiciones de estos trabajadores y trabajadoras como personal del centro.

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Pero la realidad es que siempre se acaba buscando personal a través de subcontratas y empresas externas: "personal que tiene peores sueldos y muchas peores condiciones, pero eso no debería de ser así, así que pedimos que sean plantillas estables por ley y que estén integrados", reclamó Gualix.

En los centros de educación especial (para personas discapacitadas o con diversidad funcional) este personal es, si cabe, todavía más importante. "Por ejemplo, la figura del fisioterapeuta es muy relevante pero nadie la reconoce, o la del educador", reivindicó María Navarro, responsable de políticas sociales del sindicato.

Pese a todo Navarro remarcó que la Generalitat ha empezado a incorporar alguna de estas figuras. "Desde septiembre de 2022 se considera dentro del pago delegado el orientador y también la figura de audición y lenguaje. Hemos dado ese avance pero todavía queda mucho por abordar en el tema de las plantillas", explica Navarro.

Sin derecho a paga extra y menos horas

A todo esto se le suma, según denuncia Torrecillas, que los docentes concertados de la Comunitat Valenciana tienen que pelear en los tribunales su derecho a cobrar la paga extra superados los 25 años de trabajo.

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"Aunque está regulada, Conselleria de Educación nunca la paga y a todo el mundo le toca reclamar en los tribunales para que lo haga. Al final nadie se queda sin cobrarla, pero creemos que es malgastar los recursos públicos que tengamos que ir a los juzgados para cobrar algo que está regulado por ley", denuncia Torrecillas.

Otra reivindicación, que se está negociando igual en la educación pública, es el "complemento de tutoría" para aquellos docentes que ejerzan estas funciones. "El tutor al final tiene más carga burocrática y responsabilidad, y estamos hablando de que trabajamos con niños, niñas y familias, así que pedimos que un trasvase de horas para que los tutores puedan hacer bien su trabajo", reclamó Torrecillas.

Para el sindicato es fundamental incrementar el número de profesores en la concertada para que se pueda repartir una carga lectiva que consideran excesiva. "No se trata de trabajar menos, todo lo contrario, sino de trabajar mejor y más al detalle".

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