Conselleria apura la legislatura sin los planes de gestión para l’Albufera

Transición Ecológica no ha conseguido en los ocho años del Botànic aprobar las revisiones del PORN y el PRUG, dos instrumentos legales fundamentales para regular los usos del parque natural

Conselleria apura la legislatura sin los planes de gestión para l’Albufera

Conselleria apura la legislatura sin los planes de gestión para l’Albufera / josé miguel vigara. valència

José Miguel Vigara

José Miguel Vigara

El Govern del Botànic agotará su segundo mandato sin aprobar el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de l’Albufera, una herramienta jurídica fundamental para ordenar los usos agrícolas, lúdicos o incluso turísticos del lago. El Parc Natural de l’Albufera continúa, pues, con sus principales herramientas de blindaje jurídico, el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) y el PORN, sin actualizar. Tres conselleras, Elena Cebrián, Mireia Mollà e Isaura Navarro, habrán pasado por el máximo órgano ambiental de la Generalitat, en manos de Compromís, con la misma asignatura pendiente después de casi 8 años.

El Pleno del Consell aprobó en 2019 una modificación del Decreto 71/93 de 31 de mayo, que establece el régimen jurídico del Parque de l’Albufera, con el fin de actualizarlo. Además, el vigente régimen jurídico del Parque Natural, el decreto de 1993, ha tenido tres modificaciones parciales: los decretos 57/1994, 258/2004 y 264/2004.

El PORN fue aprobado en 1995, y ahora se está revisando y se pretende actualizar. Sin embargo, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que se aprobó en 2004, se impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que en 2008 dió la razón a Acció Ecologista Agró al anular algunos de los preceptos del proyecto impulsado por Partido Popular y el entonces conseller Rafael Blasco. Esta decisión fue ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo en 2012.

Una seguridad jurídica

Después, tal como apunta el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Carles Sanchis Ibor se aprobó un decreto en 2019 «que repara los artículos del PRUG anterior», que había tumbado la justicia. Por eso, Sanchis subraya que en l’Albufera «hay una seguridad jurídica y se están cumpliendo unas normas y una regulación estricta». Algo que no exime, incide, de la obligación de dotarla de herramientas legales actualizadas.

Mientras, se ha abierto el período de alegaciones para el nuevo PORN, hasta marzo, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de consenso, entre los colectivos afectados. Sin embargo, es casi imposible que este ambicioso plan pueda estar aprobado antes de las elecciones de mayo ya que su compleja tramitación necesitará al menos 18 meses. Por el momento, el borrador ha suscitado la oposición generalizada de los municipios afectados y de los agricultores, los cazadores y los pescadores.

Ayer mismo, dos directivos de AVA-Asaja y de la Unió confirmaron que han solicitado a la administración que modifique el borrador del PORN y lo simplifique ya que entienden que en el mismo documento se han incluido múltiples cuestiones que tendrían que figurar en el PRUG o en órdenes de la propia Conselleria que regulen aspectos concretos, a posteriori. En todo caso, los agricultores muestran su «preocupación» porque esta propuesta de Transición Ecológica, si se aplica en los términos descritos, supondría el fin del cultivo del arroz en l’Albufera.

Miguel Minguet, representante de AVA y vicepresidente del grupo de trabajo del arroz en Europa, confía en que la administración va a atender las críticas generalizadas que se le transmitieron en la reunión de la Junta Rectora del Parc Natural del jueves ya que aplicar este borrador equivaldría «a impedir el cultivo del arroz» en el lago. Minguet afirma que Transición Ecológica «se ha equivocado» al querer ordenar y regular con una misma herramienta legal cuestiones que corresponden con el PRUG, órdenes o reglamentos.

Enric Bellido, responsable del sector del arroz, de la Unió Llauradora i Ramadera, señaló que el documento en fase de estudio resulta «muy restrictivo» en el uso de herbicidas y productos fitosanitarios. La propia administración, añade, tiene que analizar qué plan tiene para la agricultura en el lago porque si se aplica, «tendremos que plantearnos cambiar a otros cultivos».

El nuevo documento supone también un intento de frenar la ampliación del Puerto de València ya que se ha aumentado la zona de protección litoral, lo que impediría la ejecución de las obras. En esa línea, la portavoz del PP María José Catalá denunciaba ayer que este plan constituye «el enésimo ataque de Compromís» a la infraestructura portuaria al tiempo que censuró que el Consell haya invertido «cero euros» en los espacios naturales durante 2022.

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