Tribunales

Francisco Camps: "La Fiscalía Anticorrupción debería ser auditada"

El expresidente de la Generalitat critica en la conferencia "La Pena de Telediario en España" haber sido "perseguido por cuatro trajes y ahora por tres mostradores" a cinco días de volverse a sentar en el banquillo de los acusados por la Gürtel

El presidente de la Generalitat de 2003 a 2011 Francisco Camps reivindica que "la Fiscalía Anticorrupción debe ser auditada y justificar su existencia". Una reivindicación que realizó, junto a un paquete de medidas de reforma de la justicia, en la conferencia "La pena de Telediario en España", organizado ayer por la tarde por el Foro 2020 en el Casino de Agricultura de València. Camps también reivindicó su legado como presidente de la Generalitat y denunció la persecución judicial que, asegura, sufre desde hace casi catorce años, desde que estalló el caso Gürtel el 6 de febrero de 2009. Una reivindicación que se produce a cinco días de sentarse en el banquillo de los acusados por la última pieza valenciana de la trama Gürtel que se juzgará a partir del próximo lunes, 23 de enero, en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares en Madrid.

En un salón de actos del Casino de Agricultura lleno que tuvo que habilitar una segunda sala, para poder seguir su conferencia, Camps reivindicó su legado, evitó pronunciarse sobre su vuelta a la política y recibió los parabienes de algunos de los asistentes que lo calificaron como "el mejor presidente que ha tenido la Generalitat". Entre los asistentes muchos exaltos cargos de la Generalitat como Alejandro Font de Mora, Paula Sánchez de León, Luis Ibáñez o Jesús Lecha. Y otros ex altos cargos con inminentes causas judiciales por juzgar como David Serra y Rafael Peset (que lo acompañarán en el juicio del próximo lunes) o Emilio Llopis. No participó ningún representante actual del Partido Popular.

Camps quiso dedicar su conferencia a los "235 investigados" que, según él, han sufrido como él "la pena de telediario" por las "79 causas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción que han terminado en archivo, sobreseimiento o absolución. 235 personas del PP, que han visto sus familias truncadas, sus economías arrasadas, sin compensación, porque hay compensación posible". "Va por todos ellos esta conferencia que intenta que estas cosas no vuelvan a ocurrir", defendió. Ni una palabra ni mención para otros exaltos cargos como Milagrosa Martínez, Rafael Blasco, Ricardo Costa, entre otros, que sí que han sido condenados en los últimos años.

Unos procesos que, ha defendido, "pueden haber costado 20 millones de euros a las defensas de los acusados e imputados" y que "también han tenido un coste para la justicia por los viajes fuera de España de policías y guardias civiles junto a fiscales a los que hay que pagar alojamiento, dietas y horas extraordinarias y que deberían cuantificarse por el Ministerio de Interior y señalar la responsabilidad política por semejante dispendio", criticó, sin citar ningún caso en concreto.

El expresidente de la Generalitat también criticó haber visto su imagen "vapuleada de manera impune: se me han atribuido regalos, delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, trafico de influencias, el interés para ganar patrimonio o beneficiar a terceros sin beneficio de la duda. He abierto telediarios y portadas de periódicos donde se daba por hecho que había cometido todos esos delitos". Delitos de los que se enteraba, asegura, "por la prensa" y con semanas de antelación" antes de que se le notificaran formalmente, según su versión de los hechos.

Camps achacó esta persecución a los "altos cargos socialistas" con carrera en la judicatura. Y citó tres nombres: el juez Baltasar Garzón "con quien todo comenzó, cuando decidió imputarme por los regalos de unas chaquetas y pantalones"; el magistrado Juan Climent que participó el tribunal del jurado por la causa de los trajes en la Gürtel que acabó absuelto y en el que "nunca supe de qué se me acusaba", y que destacó que fue "magistrado por turno político a propuesta del PSOE y exsecretario de Presidencia del primer presidente socialista"; y el exjuez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que lo investigó por la pieza de la Gürtel que lo juzgará a partir del lunes. "La décima causa" en la que se ve implicado, según sus cálculos. Aunque formalmente sólo ha sido juzgado o investigado en cuatro causas y seis piezas separadas, según el cómputo realizado por Levante-EMV.

"El PSOE lleva cuarenta años metiendo la mano en la justicia" por lo que abogó por "impedir que los altos cargos de los gobiernos sean del Tribunal Constitucional porque ya están bajo sospecha. El Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido va a hacer mucho daños a la democracia y libertad en España", criticó Camps.

De ahí que lanzara una batería de propuestas para "despolitizar la judicatura. Hay que volver a la legislación de 1981 para que los jueces se elijan a sí mismos". Entre otras propuesta Camps planteó "reforzar la presunción de inocencia que en mi caso llevan siete años incumpliéndola, regular la instrucción sumaria para evitar la mala praxis que ha destruido mi inocencia. La Audiencia Nacional debería dedicarse sólo al terrorismo, el tráfico de armas y la extradición". También se debería, a su juicio, "prohibir la negociación de los procesados con la Fiscalía Anticorrupción porque después de exigirles cárcel les exige que se autocondenen y perjudiquen a otros procesados a los que destroza su derecho a la defensa", como ha sucedido en la causa que comenzará el próximo lunes. También plantea "restablecer el principio de mínima intervención penal: examinar antes los procesos administrativos para decidir si proponer via penal. Un político debería ser citado antes como testigo". Además de reducir los plazos de instrucción. "Todo lo que en seis meses no se clarifica es prospectivo".

Camps también considera "necesarios agentes de la UCO y la UDEF formados y preparados para elaborar informes sin persecución". Además de evitar en las operaciones policiales "furgonetas, helicópteros y agentes con chalecos antibalas para retirar ordenadores y expedientes de ayuntamientos o consejerías que pueden obtener de funcionarios que no van a obstaculizar" la investigación. Medidas todas para "garantizar el derecho a la dignidad de los implicados impidiendo el escarnio público". También propuso "perseguir las filtraciones de los sumarios" y "equilibrar las informaciones buscando la verdad, respetando la presunción de inocencia, evitando destruir la imagen de los imputados".