La Generalitat espera desde hace casi dos semanas las actas del Consejo del Agua

El Consell remitió una solicitud formal a Moncloa hace casi dos semanas para aclarar si la cláusula que recorta el trasvase fue incluida en el borrador debatido en el cónclave o añadida posteriormente, pero no hay respuesta

La ministra Teresa Ribera, durante un acto sobre gestión del agua celebrado en Alicante.

La ministra Teresa Ribera, durante un acto sobre gestión del agua celebrado en Alicante. / RAFA ARJONES

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Nuevo capítulo en el culebrón que protagonizan el Gobierno y la Generalitat a cuenta del trasvase Tajo-Segura. El Consell insiste en que el borrador del decreto que se debatió en el Consejo Nacional del Agua contenía una cláusula previamente pactada con el ejecutivo valenciano y que el texto fue modificado tras la reunión, mutilando la disposición adicional con la que se mantenía la opción de no elevar el caudal ecológico del río si mejoraba la calidad del agua. Pero el Ministerio de Transición Ecológica niega la mayor e insiste en que esa propuesta fue "de último minuto", no suscitó consenso y no se incluyó en el proyecto definitivo.

Para aclarar la sucesión de acontecimientos, la Conselleria de Agricultura reclamó formalmente al ministerio las actas de aquel cónclave el pasado 4 de enero y todavía no ha recibido contestación pasados ya 12 días, según ha podido saber este diario. Transición Ecológica tampoco ha respondido a la misma solicitud a consultas de Levante-EMV. Una opacidad que se habría mantenido en los días posteriores, cuando la Generalitat denuncia que tuvo que recurrir al Consejo de Estado para conocer el contenido del nuevo decreto ante el silencio del Gobierno.

Las posturas se han mantenido inamovibles desde hace dos semanas, con ambas partes sosteniendo tesis incompatibles entre sí. Sin embargo, este diario ya publicó la pasada semana el documento que el ministerio de Teresa Ribera remitió a la Generalitat y al resto de autonomías para ser debatido en el Consejo del Agua. 

Está fechado a 18 de noviembre, 11 días antes de la polémica reunión, y en él sí que aparece la disposición adicional novena que plantea la opción de no recortar el trasvase, como exigía el Consell, lo que contradice la versión de Moncloa de que fue una petición espontánea y que se desestimó por amplia mayoría.

Los representantes valencianos en la cita aseguran que no recibieron otra información y acudieron al pleno convencidos de que se votaba el texto en las condiciones pactadas días antes. Pero el transcurso de aquel Consejo del Agua levantó las primeras sospechas de la Generalitat, que pidió al secretario de Estado, Hugo Morán, que lo aclarara. 

Morán dispara las sospechas

De forma algo ambigua, el número dos de Teresa Ribera dio a entender la oposición de su departamento a condicionar el aumento de los caudales ecológicos a la mejora medioambiental del Tajo y se limitó a avanzar que el texto sería «mejorado» con posterioridad. Una «mejora» que finalmente ha ido en contra de los intereses que defendía el Consell y en beneficio de las tesis de Castilla-La Mancha al descafeinar ese mecanismo corrector de cara a 2026.

Declaraciones de Hugo Morán al término del Consejo Nacional del Agua en el que se votó el futuro del trasvase Tajo-Segura

Arturo Iranzo / Mateo L. Belarte

El temor de la Generalitat a que el Gobierno hubiera acometido ese volantazo con el trasvase a sus espaldas queda también patente en otro documento enviado por Agricultura al pleno del Consejo Nacional del Agua, presidido por el propio Morán, apenas dos días después de la reunión. 

En él, el Consell explica que se abstuvo en la votación porque se incluyó ese mecanismo corrector, pero avisa de que cualquier cambio en la disposición adicional novena implicaría su giro al ‘no’. «En el caso que la literalidad del texto de dicha disposición adicional novena se viera modificada, el sentido del voto dejaría de ser abstención y pasaría a ser en contra».

La delegada del Gobierno intenta mediar destacando las inversiones

En una polémica como la que libran por el agua Gobierno y Consell, dos administraciones presididas por compañeros de partido, no es fácil ser delegada del Gobierno. Pilar Bernabé tuvo que gestionar ayer esa papeleta y optó por adoptar un rol de mediadora para tratar de desinflamar el conflicto, esquivando el punto de mayor confrontación y tratando de poner el foco en los posibles puntos de entendimiento.

Así, Bernabé evitó entrar al detalle del enfrentamiento y se limitó a destacar la gestión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el agua en la C. Valenciana. 

Según defendió la delegada, además de haber trasvasado más agua que el PP, el Ejecutivo central ha asegurado «agua para siempre» en la C. Valenciana gracias a los 600 millones previstos en inversiones para levantar y modernizar infraestructuras hídricas, que es «lo realmente imprescindible».

En su opinión, si se ejecutan al ritmo necesario, estas obras —sobre todo desaladoras— «garantizan el agua» a partir de 2026. Un extremo que sin embargo rechazan las organizaciones de regantes, que denuncian que si se aumenta el caudal en 2026 a 8 metros cúbicos por segundo como prevé el decreto, el agua llegada a los campos del sur de la C. Valenciana se reduciría a la mitad y provocaría el colapso del sector.

Sobre el agua desalada Bernabé reconoció que «hay que trabajar en el precio que pagan por ese agua» y avanzó que Moncloa ultima un mecanismo para rebajar el precio.

El Consejo Nacional del Agua, en la polémica reunión en la que se votó el decreto del Tajo.

El Consejo Nacional del Agua, en la polémica reunión en la que se votó el decreto del Tajo. / Levante-EMV

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