El juez del caso Acuamed en Madrid se reúne en València con los investigadores de Azud

El juez y la fiscal anticorrupción del caso Acuamed que se investiga en la Audiencia Nacional se reunieron ayer en la Ciudad de la Justicia de València con los investigadores del caso Azud, la titular del Juzgado de Instrucción 13 de València y el Fiscal Anticorrupción adscrito al caso. Los cuatro fueron vistos en la cafetería para funcionarios que acoge en su interior la Ciudad de la Justicia de València. El magistrado Manuel García-Castellón y un colaborador abandonaron la sede judicial valenciana alrededor de las 12.30 horas, según pudo confirmar Levante-EMV. 

La razón que ha llevado a los investigadores de la Audiencia Nacional a visitar a los de València es una incógnita. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), fuentes oficiales se limitaron a señalar que «cada juzgado lleva sus propios temas», en relación al caso Acuamed y al caso Azud. Cuyo único nexo de unión es precisamente las informaciones sobre la empresa pública estatal, Aguas de las cuencas mediterráneas SA (Acuamed), cuya implicación en el caso Azud es conocida desde 2021, aunque algunos periódicos de tirada nacional únicamente se han hecho eco en las últimas semanas.

La presencia de García-Castellón en València podría enmarcarse en una posible petición para asumir todo lo relativo a la empresa Acuamed que ha surgido hasta ahora en el caso Azud. Esta situación puede producirse en algunas ocasiones en causas judiciales a petición de las defensas, de las acusaciones o del mismo juzgado instructor, que es soberano para decidir si se inhibe a favor de otro juzgado o no.

El azud transversal de la corrupción

En la Comunitat Valenciana el juzgado de instrucción 2 de Sagunt envió a la Audiencia Nacional la causa del cártel del fuego para que finalizara la instrucción por la que se juzgará al exconseller Serafín Castellano y 16 personas más por formar parte de una supuesta organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. Precisamente ha sido García-Castellón quien ha finalizado la instrucción y ha enviado la causa para su enjuiciamiento. Eduardo Zaplana también intentó, sin éxito, que el Juzgado de Instrucción 8 se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Y las diferentes piezas de la trama Gürtel tuvieron años de baile de inhibiciones entre el TSJ valenciano, el de Madrid y la Audiencia Nacional. 

Con todo, no parece probable que lo tocante a la empresa Acuamed del caso Azud acabe en la Audiencia Nacional ya que los hechos que afectan a esta empresa estatal podrían considerarse tangenciales. Como ha contado Levante-EMV, Acuamed estaría relacionada de refilón con una presunta financiación irregular de gastos electorales del PPy del PSPV. En el caso del PP, la alcaldesa de Xixona hasta 2007 (investigada) logró que el empresario Jaime Febrer le abonara 495.756 euros y que supuestamente le pagara 282.905 euros en gastos electorales, como compensación para ejecutar un PAI en Xixona, que necesitaba el agua que debía garantizar Acuamed. Con la empresa estatal negoció el jurista José Luis Vera y, a cambio, se embolsó «un millón para él y otro para el partido», según un auto del caso Azud. El caso Acuamed investiga desde enero de 2016 un supuesto desvío de fondos de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.