La mayoría de mujeres va a un centro público a abortar y acaba en uno privado

Se iba a llamar Daniela. Era un embarazo buscado y querido pero sus padres decidieron que había que interrumpirlo por los problemas médicos que presentaba el feto. Para Sara, su madre, ha sido la decisión más dura que ha tenido que tomar nunca. "Estás ahí, firmando papeles, eximiendo de culpa por acabar con esa vida y tienes que seguir adelante con eso. Lo llevas contigo siempre", rememora entre lágrimas. Pero tuvo la opción de hacerlo. La decisión la tuvo en sus manos y no concibe otra cosa.

Por eso ha decidido pasar de nuevo por el mal trago de compartir aquellos días, porque cree que hace falta salir en defensa de un derecho que parece que está siempre en permanente amenaza, el del aborto.

Castilla y León estrena protocolo '"provida": una ecografía 4D y escuchar el latido del feto para evitar abortos

Han pasado casi 40 años desde que se despenalizó el que las mujeres decidieran sobre su cuerpo pero el derecho al aborto parece que no está consolidado. Suele ser arma arrojadiza entre los principales partidos y Vox ahora ha vuelto a forzar el debate como socio del gobierno de Castilla y León promoviendo medidas "provida" como ofrecer a las madres que decidan interrumpir su embarazo escuchar el latido del bebé antes de hacerlo.

A Sara, después de haber vivido lo vivido, se le revuelve el estómago estos días escuchando la propuesta. "Si una mujer decide que no continúa con su embarazo, por el motivo que sea, está en su derecho. ¿Por qué torturarla y hacerle sentir mal? ¿Y por qué siempre el acento en nosotras intentando coaccionarnos?  Siempre nos quieren quitar lo poco que hemos ganado", reflexiona esta valenciana que tiene además dos niñas.

Sara Cívico: "Esos que dicen que quieren poner el latido, después no hubieran venido a ayudarme si la niña necesitaba cuidados especiales"

De hecho, pensó en su hija mayor cuando decidió tomar la decisión sobre Daniela, cuando pensó que el problema solo era una alteración cromosómica. "Valoré muchas cosas pero también que no quería hipotecar la vida de mi hija mayor. Porque esos que dicen que quieren poner el latido después no hubieran venido a ayudarme si la niña hubiera necesitado cuidados especiales. ¿Y qué hubiera pasado cuándo nosotros hubiéramos faltado?", afirma desafiante.

Vox, el Constitucional y el debate en el Senado

El discurso de Vox ha vuelto a poner el debate sobre la mesa pero Castilla y León va a ser la única plaza en la que se hable de este derecho. El Tribunal Constitucional tiene aún que decidir (trece año después) sobre el recurso de constitucionalidad que puso en su día el Partido Popular contra la ley de plazos de 2010 que está en vigor y que permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta la 22 cuando hay riesgo para la madre o "graves anomalías en el feto".

Y aún tiene que recibir la validación en el Senado, la nueva ley del aborto que vuelve a rebajar la edad en la que puede interrumpir el embarazo sin necesidad de consentimiento paterno y retira los tres días de reflexión que hay ahora, dos de las modificaciones que introdujo el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. La nueva ley defendida por la ministra Irene Montero apuesta por "blindar" el aborto en la pública, algo que ya prevé la ley que está en vigor pero que tampoco se cumple.

El 91 %, en la privada

Porque el embarazo que tuvo que interrumpir Sara fue uno de los pocos que en la Comunitat Valenciana que se hacen en hospitales públicos. En contra de lo que dice ya la ley de 2010, el 91 % de los abortos que se practicaron en 2021 se hicieron en clínicas privadas y aunque el 70 % de las mujeres que interrumpieron su embarazo acudieron y se informaron por la sanidad pública, son muy pocas las que completan el proceso allí. En 2021, apenas 683 abortos de los 7.937 practicados a mujeres residentes en la C. Valenciana.

Lola y Paco: "No podemos retroceder en el derecho pero también hay mucho que mejorar. Una cosa es lo que está en el papel y otra la que se cumple"

Porque esta es la otra cara de la moneda del derecho al aborto. "Ahora, escuchando a Vox saltan las alarmas y tiene que ser así. No podemos permitir que se retroceda en este derecho pero también hay mucho que mejorar con lo que tenemos. Porque una cosa es lo que está en el papel y otra es lo que se cumple". La frase es de Lola y Paco (nombres ficticios para preservar su intimidad), otra pareja de valencianos que han pasado por la (mala) experiencia de tener que interrumpir un embarazo, y no solo una vez, sino tres y se han topado con la realidad de cómo se ejecutan los abortos: la gran mayoría fuera del sistema público.

"Si hay niño, sales por la puerta grande, sino, sales por la puerta de atrás"

Las dos primeras veces, el embarazo lo llevaban en la pública pero la interrupción (les gusta hablar de interrupción "legal" del embarazo porque para ellos no fue voluntaria) terminó en una clínica privada en el primer caso y en un aborto farmacológico en casa en el segundo. Ambas, experiencias muy traumáticas para la pareja. "En la pública, si sales con el niño en brazos, sales por la puerta grande, pero cuando se trata de un aborto siempre sales por la puerta de atrás, como si fuera un fracaso que hay que esconder", verbaliza Paco.

Ambos se sintieron "infantilizados y juzgados" cuando llegó el momento de ahí que pongan el acento en que la ley sobre el papel es una cosa pero la ejecución por parte de los profesionales es otra. "Y depende de con quien topes. En la primera ocasión, intentaron disudiarnos pese a los problemas que tenía el feto y nos aseguraron que ellos estaban allí (en un hospital público del que prefieren no dar el nombre) para dar vida y no para quitarla. Nos sentimos totalmente juzgados", recuerdan.

Sin registro de objetores "individual"

A día de hoy solo unos cuantos hospitales valencianos asumen las interrupciones de embarazo: el Doctor Peset en València, el hospital de Requena, el de Sagunt y alguno más comarcal. La intervención corre por cuenta de las arcas públicas pero la gran mayoría de casos son derivados. La Conselleria de Sanidad está ultimando un plan para revertir esta situación pero, según fuentes de los propios profesionales, tampoco se ha cumplido del todo con otro de los requisitos de la ley de 2010: un registro de personal objetor "individual" y no colectivo.

Y aún así, la Comunitat Valenciana sigue siendo de las que puede presumir de una alta ejecución de la ley. En otras comunidades, directamente no dan esa opción en ningún hospital. Entre los abortos registrados aquí en 2021 de mujeres no residentes, hay casos llegados de varias autonomías, pero en mayor medida de Castilla-La Mancha y Murcia. 

Lola y Paco mantuvieron en su decisión pese al mal trago y tampoco el paso por la clínica privada fue agradable. "Estábamos en una sala 10 o 12 chicas, como si fuera una fábrica. Te sedan y ya, sin más opciones", recuerda Lola.

Esta es una de las cuestiones que desde asociaciones como Nubesma (asociación de apoyo al duelo gestacional y neonatal) piden que se cambie: que haya un protocolo específico para las interrupciones que no son por voluntad de la mujer sino que median problemas médicos para poder expulsar el feto "y que no haya un legrado y dar la posibilidad de despedirse, por ejemplo, o que se separen a las mujeres que están en una situación u otra", apunta Rosana Bonora, vicepresidenta de Nubesma.

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