Ninguna valenciana que ha querido interrumpir su embarazo, por el motivo que sea, ha tenido problemas para hacerlo pero el dónde ya es otra cuestión. Aunque el 70 % de las mujeres que en 2021 abortaron en la C. Valenciana acudieron primero a la pública para informarse, solo una de cada diez acabó completando el proceso en un hospital público porque en el 90 % de los casos fueron derivadas a una clínica privada. Y todo, pese a que a la Conselleria de Sanidad solo le constan (al menos hasta el año pasado) que un 15 % de los facultativos de Ginecología habían dejado por escrito su negativa a hacer abortos, 73 de 457 profesionales.

Así consta en una respuesta parlamentaria dirigida a la diputada Mònica Álvaro, de Compromís, que el año pasado se interesó por saber cuántos profesionales se habían declarado objetores. Según la contestación (fechada en noviembre de 2021), en los 24 departamentos de salud solo se habían registrado 73 objeciones de 457 especialistas, apenas un 15 % y todos, según la respuesta, ante la petición de interrumpir abortos "por decisión de la mujer" pero no en situaciones en las que en la interrupción mediaran "causa médicas".

La cifra se dio a preguntas de una diputada pero la Conselleria de Sanidad es reacia a dar estos datos. Precisamente ayer, desde la administración insistían a que actualmente no se exige que haya un registro de objetores de conciencia y que estas negativas que deben "manifestarse anticipadamente y por escrito" estaban en manos de los departamentos de salud ya que eran "variables" pero sin ofrecer detalle sobre ellas.

"Las cifras no son reales"

Si solo hay un 15 % de profesionales objetores, ¿por qué el sistema público no está haciendo los abortos que les llegan? En principio solo algunos hospitales como el Doctor Peset, el de Requena, el de Sagunt y algún otro comarcal, estarían asumiendo estas interrupciones.

El problema, según fuentes consultadas por este diario es que esa cifra, no es real. Primero, hay muchas objeciones que se registran "más por cuestiones de carga de trabajo" que por postura real de los profesionales. En esta categoría entraría, por ejemplo, la inusual situación de que los 27 profesionales registrados en el servicio del Hospital General de Alicante se hubieran declarado objetores o casi la totalidad de los registrados en el servicio de la Marina Baixa (12 de 14) o 16 de los 20 del hospital de Xàtiva-Ontinyent.

"En muchos servicios, son los jefes los que hacen una declaración conjunta de objeción para que el servicio no los realice y quitarse esa carga de trabajo extra"

"En muchos servicios, son los jefes los que hacen una declaración conjunta de objeción para que el servicio no los realice y quitarse esa carga de trabajo extra", han explicado a este diario fuentes cercanas a los servicios.

Profesionales de una clínica privada donde se realizan abortos, preparando la sala. Daniel Tortajada

"Ellos estaban allí para dar vida, no para quitarla"

En el extremo contrario, muchas negativas se dan de viva voz pero los profesionales no han presentado ningún documento por cada vez que se ejerce el derecho. Este sería el caso más habitual y los testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo siendo derivadas a la privada desde sus hospitales así lo atestiguan. "Intentaron disuadirnos pese a los problemas que tenía el feto y nos aseguraron que ellos estaban allí para dar vida y no para quitarla", relataron Lola y Paco, una pareja de valencianos, sobre su traumático primer aborto tras ser derivados desde un hospital público.

"Nos aseguraron que ellos estaban allí para dar vida y no para quitarla", explican Lola y Paco sobre su experiencia en un hospital público, en el que no aparecen objetores registrados

Ellos no quisieron hacer público en qué hospital fue, pero en el listado de Sanidad en ese centro no aparece ningún médico objetor, por ejemplo. Lo mismo sucede con otros testimonios recogidos por este diario de parejas que han abortado por problemas médicos con el feto: en esos centros no existen objetores registrados pero a las parejas se les ha negado la práctica del aborto en el servicio por las dudas de los profesionales, pese a que sí había problemas médicos con el feto.

Registro obligatorio en la nueva ley

La nueva ley que está tramitando el Gobierno de Sánchez y que aún tiene que pasar por el Senado sí prevé que las comunidades autónomas tengan un registro exhaustivo e individual de los profesionales objetores, según la nueva redacción del artículo 19 La nueva ley quiere acabar con la práctica de "desterrar" los abortos de los hospitales públicos sea por cuestión de conciencia o de carga de trabajo ya que la administración tendrá que garantizar "el personal sanitario necesario para el acceso" a los abortos en la pública haya el número de objetores que haya, ya que con esta reforma se quiere "blindar" el que se hagan allí.

Por ahora, y conscientes del cambio que va a suponer la entrada en vigor de la nueva ley, desde la Conselleria de Sanidad quieren impulsar que los hospitales públicos asuman más abortos (en 2021 solo hicieron 683 de los 7.937 registrados de valencianas residentes) aumentando la "concienciación" de las plantillas aunque en el nuevo protocolo no se incluye ninguna medida en concreto aunque sí prevé comisiones de seguimiento donde recoger "propuestas de mejora e impulsar la implantación" de los abortos en la red pública.

Preguntados al respecto, desde la conselleria apuntaron que se quiere aumentar la cobertura "mejorando la coordinación entre los centros de salud sexual y reproductiva, los servicios de ginecología y gerencias, analizando la situación por departamentos, así como extendiendo la IVE farmacológica, en los casos en los que esté indicada y siempre que lo decida la mujer".