Caso Taula

Los once zombis que admiten los hechos apuntan al yonqui del dinero, Rus, Llopis y Caturla

Los acusados admiten que cobraban sin acudir a su puesto o que les pagaba Ciegsa pero trabajaban para el PP

De izquierda a derecha Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y Máximo Caturla.

De izquierda a derecha Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y Máximo Caturla. / Miguel Ángel Montesinos

Los once acusados en el juicio de la pieza de los zombis del caso Taula que admitieron ayer los hechos apuntaron a los cuatro principales acusados en la causa como los instigadores de los contratos sin trabajar o, si lo hacían, cobraban de una empresa pública pero realizaban sus tareas para el Partido Popular

Entre los señalados el exgerente de Imelsa y yonqui del dinero, Marcos Benavent (al que apuntan cinco acusados); el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus (dos, aunque uno de ellos dudó); el jefe de gabinete de Rus, Emilio LLopis (dos acusados) y el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla (otros dos). 

Las declaraciones fueron breves ya que las once personas que han decidido admitir los hechos sólo respondieron a las preguntas del Fiscal Anticorrupción, sus respectivos abogados o al presidente del tribunal

Los cinco zombis que apuntaron a Marcos Benavent como el directivo que los contrató en Imelsa fueron su testaferro, José E. E., quien admitió que el contrato «fue una pantomima para tener más tiempo libre para hacer gestiones mías y de Benavent». Estarlich cobró 14.340 euros, que ya ha devuelto. «Estaba en una situación difícil, porque necesitaba liquidez y Benavent decidió ayudarme». 

Eva S., una ama de casa de Xàtiva, también fue contratada por Benavent en Imelsa, durante casi tres años (de 2012 a 2015) como asesora del diputado del PP Salvador Enguix. «Cobré, pero no hice un trabajo efectivo». Desde el inicio ha admitido los hechos y también ha devuelto el dinero, alrededor de 89.000 euros

El empresario José Adolfo Vedri también reconoció que «Imelsa debía trabajos a mi empresa La Gráfica, que no había pagado. Pedí a Benavent que resolviera el pago de esa deuda y la solución fue compensarla con el sueldo de cuatro meses (del 1 de diciembre de 2009 al 30 de abril de 2010) de dos trabajadores» que seguían trabajando para Vedri pero cobraban de Imelsa. Y que son los otros dos conformados, Óscar P. P. y Salvador T. A. Vedri ya ha devuelto «la totalidad del pago de esas nóminas» que ascendieron a 36.849,28 euros. 

Al expresidente de la Diputación de València han apuntado el exjugador del Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel M. y Manuel G. P. El futbolista ha señalado que fue contratado por Alfonso Rus para asesorar a un diputado del PP «que no lo conozco para nada». Cobró un año y siete meses de Imelsa por jugar en el Olímpic. Además de confesar ya ha devuelto el dinero que cobró, 57.325,55 euros. 

Manuel Gómez Pérez, exconcejal y exteniente de alcalde en el Ayuntamiento de Requena, explicó que se encontraba «en el paro con 60 años aporté currículums a todos los de mi alrededor. También a Alfonso Rus (aunque después matizó que no lo recordaba bien). Me llamaron por medio de Emilio Llopis. Me dijo que me llamarían para hacer una entrevista. Estuve en Ciegsa a plena disposición del consejero delegado [desde el 4 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2009] pero me daban trabajo en el PP de València». Se jubiló en Ciegsa y ha devuelto 10.000 euros de los 82.624,56 euros que cobró. El exalcalde de Cofrentes, Raúl M. Ángel Balufo, también aseguró que lo contrató Emilio LLopis. «Iba a ser su asesor, pero no le asesoré. He devuelto 77.000 euros de los 83.000 que cobré».

Protestas de los abogados de las defensas

Más controversia provocó la declaración de Antonio G. M., contratado por Caturla en un puesto de alta dirección en Ciegsa de 2005 a 2012 para «visitar ayuntamientos, mirar necesidades de cada municipio y mirar los terrenos hasta que se construían e inauguraban los colegios». Defendió que cumplía su trabajo y horario, lo que se contradice con su confesión de haber malversado al ser un trabajador zombi. Su abogada solicitó realizar una segunda declaración, tras un receso en la vista, y Antonio G. M. reconoció que de los siete años, trabajó «año y medio en Ciegsa y después en el Partido Popular. Seguía instrucciones de Ricardo Costa o alguno de los que estaban allí». Juan S. T. también logró un contrato de alta dirección de junio de 2005 hasta abril de 2011 como Jefe de planificación, seguimiento, y coordinación de las Infraestructuras. «No efectué estas labores, pero cobré por ellas. Me contrató el señor Caturla». Los abogados del resto de defensas protestaron para recordar que su declaración en instrucción fue totalmente contraria. «Un abogado me incitó a que explicase todo eso. Después de esa manifestación de mi anterior abogado hice esa declaración. Pero eso no es verdad. La verdad es lo que estoy diciendo ahora. Era mi abogado el que me aconsejó que declarara lo que dije… La verdad la he dicho en presencia de este señor», aseguró en referencia al Fiscal Anticorrupción.

El undécimo acusado en reconocer los hechos no lo hizo por un contrato sino por firmar un certificado falso. Se trata del exdiputado de la Diputación de València por el PSPV y alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, quien admitió el «error» de haber rubricado el escrito que «certificaba» que Francisco Cañizares Cara fue asesor de Toni Gaspar en Imelsa y de él mismo. Este trabajador zombi, Cañizares Cara, fue el que reconoció el lunes que "trabajaba para el PSOE y no para Imelsa". Aunque este último es el zombi que ha quedado excluido de la vista, para ser enjuiciado más adelante, al renunciar a su abogada el pasado martes, para evitar suspender este segundo juicio del caso Taula por la pieza de los zombis.