Unanimidad en las Corts para aprobar la bajada de tasas autonómicas un 10 %

Sin votos en contra, con toda la pantalla que resume los resultados de las votaciones en verde. Las Corts ha convalidado este jueves dos decretos y los dos con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios. La aprobación de uno de ellos supone congelar hasta el próximo mes de julio la bajada de tasas autonómicas un 10 % así como la prórroga de la suspensión del canon de saneamiento hasta julio.

La oposición y los partidos del Botànic que componen el Consell se han puesto de acuerdo para dar el visto bueno y convalidar el decreto que mantiene la rebaja del 10 % en una setentena de tasas autonómicas, una medida que el Ejecutivo valenciano tomó en abril debido al estallido de la guerra en Ucrania como respuesta a la subida de los precios y que continuará hasta mitad de 2023.

Pero no es el único tributo que recibe un descenso después del voto a favor del parlamento valenciano. También se aplicará una bonificación del 50 % en el impuesto de transmisiones patrimoniales de aquellos inmuebles que se encuentren en municipios en riesgo de despoblación que vayan a ser objeto de rehabilitación y destinados a su uso como vivienda. También se bonificará un 30 % de este impuesto cuando el inmueble en zonas de despoblación sean utilizado como sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales.

El apoyo de la oposición a esta bajada de impuestos es el mismo que hace unos meses prestó cuando se aprobó la reforma fiscal con un descenso del tramo autonómico del IRPF: con la celebración de que haya un descenso de la carga fiscal, siempre en boga de los partidos de la derecha, pero quejándose de que esta debería ser todavía mayor y no temporal, sino permanente.

No es el único decreto que ha recibido el visto bueno del parlamento valenciano. También lo ha hecho el decreto de creación del fondo estratégico municipal de prevención de incendios y gestión forestal promulgado por la Conselleria de Agricultura, un fondo que supondrá una dotación económica para todos los ayuntamientos que disponen en su término municipal una zona boscosa que deberán destinar a prevenir incendios.

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