La falta de residencias obliga a encerrar en casa a enfermos de salud mental

Hace tres años que la madre de David espera plaza en una residencia. Pero la realidad es que no hay. El crío tiene una discapacidad intelectual y agrede a la madre desde hace años, cuando la violencia verbal se tornó física. Pero no hay centros para David. Ni para David ni para menores con problemas de salud mental. Sólo hay una residencia, con 12 plazas en toda la Comunitat Valenciana para este perfil de niños, niñas y adolescentes. Es decir, críos con problemas de salud mental que precisen de un ingreso a media y larga estancia. Otra cosa son las crisis puntuales. Ante esta situación la red consiste en 24 plazas en tres hospitales valencianos. Pili, la madre de David, cree que la Conselleria de Igualdad está dejando pasar el tiempo para que el crío cumpla la mayoría de edad. Lo hará en agosto de este año.

Y es que la red pública de plazas residenciales para personas mayores de edad y con una discapacidad es algo mayor (habida cuenta de que es inexistente para la infancia), aunque está saturada y es deficitaria. Carmen y Paco visibilizan este problema. Ellos llevan cuatro años esperando una residencia para su hijo, un joven de 31 años, con autismo y con unos brotes violetos que le obligan a vivir encerrado en una habitación. Cuatro meses después de que esta familia contara su caso en Levante-EMV, todo sigue igual. El joven, encerrado. La familia, sola y destrozada.

Solo hay 12 plazas en toda la C. Valenciana para niños con problemas de salud mental

Mientras la Fiscalía Provincial de Valencia investiga este último caso y los padres continúan dándole la medicación por la ventana tras copar portadas y programas de televisión, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que le exige a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que, "con carácter urgente, promueva las actuaciones que permitan hacer efectivo el derecho a la persona dependiente a acceder a un recurso residencial adecuado a su perfil". El Síndic concede el plazo de un mes para que se cumpla la resolución o indique por qué la desestima. Además, desde la institución instan a que se actúe de la misma manera en el caso del menor de edad que también lleva tres años a la espera de una plaza residencial.

El Síndic critica en su resolución que "en un caso tan complejo como este, no puede descargarse en la familia la búsqueda de un recurso adecuado, sino que, más bien, la familia debe encontrar apoyo suficiente en el sistema, pues dado el perfil de la persona dependiente, es una situación muy difícil de manejar en el núcleo familiar que se puede sentir desbordado".

Es más, el informe también recalca que "la insuficiencia de plazas disponibles para personas dependientes con perfiles específicos es el único fundamento alegado por la Conselleria", por lo que "sería necesario, en consecuencia. que esa administración examinara el número de plazas residenciales destinadas a personas dependientes cuya atención precisa de centros específicos debido a si tipo de discapacidad y el número de solicitudes con recurso residencial propuesto, pero no resuelto, para ir acomodando el número de plazas residenciales a la demanda real que de ellas existe"

Lista de espera ocultas

Ahora bien, ni en niños ni en mayores se conoce la lista de espera de personas con problemas de salud mental que precisan de un recursos residencial específico que no existe. El informe previsto para analizar la situación de la infancia adolescencia en la Comunitat Valenciana cifraba e 90.000 los menores con un diagnóstico en salud mental. La cifra es antes de una pandemia que puso en primera fila la eterna asignatura pendiente del sistema: la salud metal. En mayores de edad, la cifra global se desconoce pero el volumen no debe ser baladí teniendo en cuenta que los centros de salud atienen al día casi 500 consultas sólo por depresión, aunque la mitad de los casos no están reconocidos o diagnosticados.

La competencia de Salud Mental es de la Conselleria de Sanitat que, sin embargo, deriva a los usuarios a los recursos de la Conselleria de Igualdad que lleva años creando una red pública desde la nada. Ahora bien, los esfuerzos se ha centrado en la su decisión y explica sus políticas abogan por la "no institucionalización" de las personas, sea en centros o en viviendas, y apuestan por la atención temprana y en el entorno del usuario. Aún así, el número de plazas de la red pública para atender problemas de salud mental ha crecido un 32 % en diez años. Sin embargo, familias como la de Pili o Carmen sigue esperando una plaza que no llega y un abandono institucional que esperan finalicen lo antes posible.