Una de cada cuatro resonancias públicas se mandan a la privada

Una de cada cuatro resonancias que los profesionales de la pública pidieron durante el año pasado se tuvo que hacer en una clínica privada por falta de capacidad en los hospitales públicos. En concreto, desde diciembre de 2021 cuando los hospitales asumieron este servicio y hasta noviembre de 2022, se hicieron un total de 256.905 de estas pruebas: 196.777 dentro del sistema público y otras 60.128 en clínicas privadas. En varios hospitales, de hecho, se han mandado más resonancias a hacer fuera de las que se han podido asumir, como en La Fe, el Clínico, Gandia o Xàtiva.

De 0 a 190 días de espera para una resonancia según dónde se viva

Así se desprende de la información facilitada por la Conselleria de Sanidad al diputado del PP, José Juan Zaplana en respuesta a una pregunta parlamentaria en la que el popular se interesaba por cómo había funcionado el servicio el primer año de reversión a manos públicas, cuántas se habían hecho dentro y fuera del sistema y cuál era la lista de espera de los pacientes para hacerse una de estas pruebas que, según ha denunciado el diputado se ha duplicado desde que el servicio ha sido devuelto a la pública y supera los seis meses en Castelló o Alcoi.

Según esta respuesta, al menos una de cada pruebas hechas de diciembre a noviembre del año pasado se tuvieron que derivar a la privada por falta de capacidad en la pública aunque la cifra final de 60.128 derivaciones se queda corta porque hay hospitales en los que solo se da información hasta agosto del año pasado o hasta octubre.

Un bache previsto por Sanidad

El que los hospitales públicos no iban a ser capaces de asumir toda la demanda de resonancias (al menos temporalmente) era algo previsto por la Conselleria de Sanidad. De hecho, todas esas derivaciones se han hecho a través de un contrato de apoyo que se preparó ex profeso para cuando se iniciara la reversión del servicio conscientes de que no se iba a llegar rápidamente a la velocidad de crucero que llevaba la concesionaria (y que trabajaba con sus equipos y su personal pero dentro de los hospitales).

Sanidad preparó un contrato para derivar resonancias conscientes de que se iba a tardar en estar al 100 % mientras se ajustaban plantillas y se instalaban los equipos

La idea era que los hospitales tuvieran un refuerzo externo hasta que los servicios de Radiodiagnóstico públicos funcionaran al 100 % mientras contrataban a todo el personal necesario (Sanidad subrogó a un centenar de profesionales procedentes de la concesionaria pero hacían falta más) y se instalaban las nuevas máquinas.

Las donadas por Amancio Ortega ya están en marcha pero ahora se deben instalar las 29 nuevas resonancias compradas con fondos europeos, lo que supone un proceso largo y que bloquea los equipos. Esto se va a notar especialmente en La Fe que va a renovar las tres máquinas que tiene y va a instalar dos nuevas.

El contrato de refuerzo se queda "corto"

El contrato se activó con una previsión de 54.000 resonancias derivadas el primer año desde los hospitales de Valencia y Alicante pero la cifra, claramente se ha quedado corta. La cifra se ha superado aunque faltan varios meses de pruebas por contabilizar de la Fe (el centro que más hace junto al Clínico) y solo en pruebas hecha en Alicante (de los hospitales de Alcoi, Alicante, San Juan, Elda y Orihuela), las derivaciones casi se han duplicado: de las 7.200 previstas a las 13.643 de las que da cuenta Sanidad.

Así, por ejemplo en el Clínico en el primer año hicieron 10.760 pruebas y derivaron 14.819. En La Fe, de diciembre de 2021 a agosto de 2022, se hicieron 10.678 resonancias pero se derivaron 11.955.

Y es que en la administración se ha topado con otro problema añadido a los ya previsto: el aumento de la demanda de estas pruebas. Como en el resto de niveles asistenciales y tras la pandemia, la petición de estas pruebas diagnósticas se ha disparado.

Otras 15.000 resonancias más contratadas

De hecho, este primer contrato se va a ampliar para dar cobertura a otros hospitales como el de Castelló o el de La Plana que no entraron en el primero ya que se consideró que podían ser "autosuficientes". El nuevo contrato (Sanidad lo convocó en octubre) también incluye las pruebas de más que no se pueden hacer en Dénia y Torrevieja.

"Para quien pensara que esto iba a ser mejor... nos están costando un dineral entre el coste económico de las derivaciones, la absorción de las máquinas que había y del personal. No está siendo ni eficiencia ni eficaz", ha criticado el diputado popular José Juan Zaplana.