Caturla declara que "huía de la gente del partido para contratar en Ciegsa"

El juicio de los zombis en Ciegsa e Imelsa del caso Taula finalizó ayer con la declaración de los acusados e iniciará el próximo viernes las comparecencias de los testigos. A pesar de lo accidentado de la jornada, con la incomparecencia inicial de Marcos Benavent el yonqui del dinero por un error de agenda y la indisposición de una de las acusadas, la sección segunda de la Audiencia de València pudo tomar declaración a los cinco últimos acusados de los catorce que defienden su inocencia y no han aceptado los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

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El exsecretario autonómico de Educación y exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, explicó que la empresa pública se creó para «implantar la Logse y su mapa escolar de 3.400 millones de euros a los que la Generalitat tuvo que hacerle frente» mediante la fórmula de «cesión de suelo y vuelo» para construir colegios e institutos que se «regalaban a los ayuntamientos». En este encaje de bolillos administrativo ubicó la necesidad de nuevas contrataciones que, declaró, supervisó el despacho Broseta Abogados. Y, sobre los cuatro trabajadores presuntamente zombis que cobraban de Ciegsa y presuntamente trabajaban en otras instancias, Caturla sólo se responsabilizó de uno de ellos. Y defendió que mientras él estuvo en Ciegsa, hasta que pasó a la Diputación de València, en 2007, «siempre lo vi trabajar para Ciegsa». De los otros contratos supuestamente zombis, Caturla responsabilizó al exconseller de Educación y exconsejero delegado de Ciegsa, Esteban González Pons y a Carlos Alberto Precioso. 

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También explicó que para buscar colaboradores «huía de la gente del partido» por la mala experiencia que tuvo en Ciegsa con Miguel Barranca, miembro del PP y con quien mantuvo duros y sonados enfrentamientos cuando ambos estaban en Ciegsa. «Era complicado de carácter. Estaba enfadado con todo el mundo. También negó tajantemente que Alfonso Rus le influenciara en alguna contratación de Ciegsa, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. «No recibía órdenes de nadie que no sea el conseller o el presidente de la Generalitat. ¿Qué pinta alguien que era alcalde de su pueblo ahí?», aseguró en referencia a Ciegsa. 

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En la jornada también pudo declarar el exdiputado socialista Rafael Rubio, juzgado por dos contratos presuntamente zombis a dos asesoras que duraron cuatro meses. Rubio explicó que al consejero del PSPV le «correspondían dos asesores» y que, para evitar hacerlos fijos tuvo que cambiar de personas a cuatro meses de finalizar como diputado en 2011, por lo que le costó encontrar a alguien. Defendió el trabajo de sus dos asesoras, que no tenían puesto físico de trabajo. «Nos reuníamos en la diputación o en cafeterías». Su trabajo consistía en elaborar informes sobre las instalaciones del Plan E, o de las instalaciones de césped y ludotecas que le entregaban en fichas en papel que no conserva. Tampoco el dossier de sus cuatro años de trabajo como diputado que entregó a sus sucesores. Rubio también justificó que nadie puso reparos a las dos contrataciones. 

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Teresa G. I., una de las asesoras de Rubio y que pese a su indisposición respondió a las preguntas de su abogado, aseguró que trabajaba por las tardes en la Diputación de València. «Miraba la prensa, para ver si encontraba algún problema con colegios y pueblos, lo imprimía y lo ponía en una carpeta». 

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Juan Antonio S. N. también fue contratado como asesor de Juan José Medina. Fue Marcos Benavent quien le propuso llevar las redes sociales de Imelsa y de la diputación. Trabajó en ambas sedes. Y asistía a actos y eventos para subirlos a las redes sociales, como Twitter o Facebook. Aseguró que no ha podido recuperar ese trabajo porque los perfiles que creó se cerraron al cambiar el color político. 

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El exdiputado y exalcalde de Beniarjó, Salvador Enguix, procesado por firmar trabajos de zombis, aseguró que los firmó sin revisar por la «confianza con quien me pasaba las cosas a firmar». Defendió no saber «ni que se me había asignado una asesora». Y que el nombre de una contratada «se lo oí por primera vez a la UCO».

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Por último, la asesora de prensa de Ciegsa, Clara S. A. declaró ya trabajaba con anterioridad en la Conselleria de Educación. Y que al cambiar de empleador a Ciegsa «no le dí importancia. No me extrañó porque ya hacía cosas para Ciegsa. Me dijeron que no iba a cambiar mi trabajo y tampoco cobraba más. Lo leí pero no sabía que era un contrato de alta dirección porque mi sueldo, mis atribuciones y mi trabajo era de continuidad con lo que ya hacía». 

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