El PSPV reactiva su proyecto abolicionista entre criticas de Compromís de "electoralismo"

La prohibición de la prostitución en la Comunitat Valenciana vuelve a tensionar el Botànic. Más de medio año después de que el asunto enfrentara a PSPV y Compromís en el seno del Consell, las aguas vuelven a bajar revueltas entre los socios principales del tripartito. La chispa que ha vuelto a prender la polémica ha sido la presentación por parte del grupo socialista en las Corts de dos proposiciones de ley para modificar la ley de Carreteras y la de Espectáculos con el objetivo de elevar las multas al cliente de proxenetismo.

El espíritu de la norma es el mismo que el que se empezó a tramitar en marzo del año pasado por la Conselleria de Justicia: reformar la ley de Espectáculos para actuar en los burdeles, sancionando duramente la demanda y la publicidad en los locales y la de Carreteras para sancionar con multas la demanda de prostitución en las vías que son competencia de la Generalitat. En ningún caso se sancionará a las personas prostituidas, recuerda la conselleria.

El PSPV lleva a las Corts el plan contra la prostitución para aprobarlo esta legislatura

Pero las formas cambian y en esta ocasión el PSPV ha escogido la vía parlamentaria y urgente ante el bloqueo de Compromís a la norma. Un giro que la síndica socialista, Ana Barceló, justificó porque "no es una tramitación" al uso sino "modificaciones puntuales" de dos leyes ya en vigor y por la "urgencia" de "proteger a las mujeres". Por ello, defendió que "se puede hacer perfectamente por lectura única".

Pero el procedimiento escogido no ha gustado en Compromís, que exige más garantías y participación ciudadana en lugar de aprobarlo "por la puerta de atrás". Según explicó la síndica de la coalición en las Corts, Papi Robles, se trata de un tema "fundamental" que requiere "escuchar a sectores de la sociedad que tienen mucho que decir".

Los valencianistas confirman que en las condiciones actuales votarían en contra de las proposiciones socialistas presentadas este martes, que en todo caso no entraron en el orden del día del pleno de los próximos 8 y 9 de febrero. Solo restan dos plenos posibles antes del final de la legislatura, por lo que no hay apenas margen para sacar adelante una de las leyes en las que los socialistas han puesto más empeño.

El PSPV necesita mayoría simple para aprobar ambas modificaciones por lectura única, por lo que el PPCV se presenta de nuevo como alternativa. Los socialistas ya han sacado adelante algunas medidas con el apoyo de la derecha en los últimos meses, pero los populares jugaron al despiste ayer.

María José Catalá dijo que el PPCV tiene una "postura clara en contra de la prostitución" y que le parece "bien" "cualquier modificación que ayude a que mujeres estén más protegidas", si bien hizo hincapié en la falta de unidad en el Consell sobre la materia.

Rencillas pendientes

Más allá de las versiones oficiales, este diario ha podido confirmar que la tensión entre PSPV y Compromís por la prostitución viene de días atrás. Los socialistas reactivaron la pasada semana su proyecto abolicionista, como informó este diario. Sin embargo, dos días después dieron marcha atrás por el enfado que el movimiento generó en los valencianistas, que no quieren volver a abrir ese melón ante las diferentes sensibilidades que hay al respecto en la formación.

Pero la tregua duró poco, ya que 48 horas después se repetía el guion pero con papeles cambiados. En este caso fue una propuesta de Compromís sobre financiación la que molestó al grupo socialista, que responde ahora volviendo a registrar las proposiciones de ley contra la prostitución.

Según Papi Robles no hay comparación posible, ya que recuerda que la propuesta de financiación está en el acuerdo programático del Botànic mientras la abolición de la prostitución es una apuesta socialista. Por todo ello, considera "electoralismo puro y duro" la iniciativa del PSPV.

En el bando socialista, por el contrario, señalan que la coalición se escuda en las formas escogidas para la tramitación de las proposiciones de ley para evitar posicionarse sobre un tema que "no interesa" abordar en plenas primarias.

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