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Tribunales

Los magistrados que archivaron el pitufeo al PP juzgarán a Eduardo Zaplana

El caso Erial que ha investigado al expresidente de la Generalitat y 14 personas más por las presuntas mordidas en las ITV y el Plan Eólico recae en la sección cuarta de la Audiencia de València

Eduardo Zaplana atiende los periodistas durante una de las comparecencias en el Juzgado de Guardia.

Eduardo Zaplana atiende los periodistas durante una de las comparecencias en el Juzgado de Guardia. / M.Á. Montesinos

El caso Erial que ha investigado al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y catorce personas más por las presuntas mordidas en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico será juzgado por la sección cuarta de la Audiencia de València, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. 

La sección cuarta de la Audiencia de València ya ha dirigido un exhorto al Juzgado de Instrucción 8, que ha investigado el caso Erial, según una providencia notificada a las partes el pasado jueves. Y al juzgado de Instrucción 18, que ha investigado el caso Taula y donde se originó la investigación de Erial, al encontrar una documentación en el despacho del entonces abogado del yonqui del dinero.

Se trata de la misma sección de lo penal que el pasado 14 de diciembre tumbó, tras casi seis años de instrucción, la causa del presunto pitufeo o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades para los cincuenta exconcejales y exasesores del PP del Ayuntamiento de València sobre los que ya se había decretado la apertura de juicio oral. El Partido Popular como persona jurídica también estaba acusado en esta subpieza del caso Taula, que acabó archivada.  

Los tres magistrados que dieron carpetazo al asunto, Pedro Castellano (ponente), José Manuel Megía e Isabel Sifres, consideraron que «en modo alguno puede sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha, que los apelantes recibieron el dinero sucio propuesto [los 1.000 euros que algunos reconocieron les devolvieron en dos billetes de 500 euros] y consumaron con esta acción el injusto típico característico del delito imputado», aseguiraron en relación al presunto blanqueo de capitales. Los magistrados tampoco vieron relación entre el presunto dinero negro o en «B» que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015. «Es impensable que se conservaran 50.000 euros durante ocho años». 

Una decisión que no fue unánime en la sección cuarta de la Audiencia de València. La magistrada Clara Bayarri defendió que los 50 investigados debían ir a juicio porque «todos los hechos de 2007, 2011 y 2015 están relacionados» y el presunto blanqueo se comete «desde el momento en el que las 50 personas ingresan los 1.000 euros en «la cuenta extrainstitucional y opaca abierta desde 1995». Para la jueza «es irrelevante que se produzca la devolución o no de los mil euros», porque el blanqueo se produce con «el efectivo pago a proveedores por el grupo municipal del PP con dinero sucio, una vez mezclado éste con el dinero ilícito obtenido mediante las transferencias lícitas». 

No obstante, en esta misma causa, la misma sección sí ha rechazado todos los recursos presentados y ha abocado al juicio oral al núcleo duro de colaboradores de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá: el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP y alter ego de Barberá, María del Carmen Carmen García-Fuster, el exconcejal Juan Eduardo Santón y el exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau (TVCB), José Salinas. Los cuatro serán juzgados por los presuntos delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos durante las elecciones municipales de 2007 y 2011 al supuestamente derivar 1,7 millones de tres fundaciones municipales. 

Entre las últimas decisiones de esta misma sección de lo penal de la Audiencia de València también está la absolución al exalcalde de la Pobla Llarga, Rafael Soler. La sección cuarta de la Audiencia de València absolvió al exalcalde de la Pobla Llarga (2003-2015), exdiputado provincial y exdelegado del Consell, Rafael Soler Vert, de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil por la subvención de 267.000 euros que recibió de la Diputación de València para las butacas del teatro cine Monterrey que se pagaron dos veces y nunca se instalaron

Estos mismos magistrados también absolvieron al exalcalde de Moncada, Juan José Medina, de estafa y prevaricación en la venta de unas parcelas municipales. 

Por último, esta misma sección es la que obligó a Instrucción 15 a reabrir la causa contra Mónica Oltra (que el juzgado archivó provisionalmente hasta que el Supremo se pronunciara sobre la condena al exmarido y monitor condando por abusos a una menor tutelada). Igualmente, también revisaron todos los recursos del caso Alquería, que instruyó el Juzgado de Instrucción 9, y del que se espera la sentencia tras acabar el juicio el pasado 30 de noviembre. 

El caso Erial sentará en el banquillo a 15 personas por las presuntas mordidas pagadas y cobradas durante la adjudicación de los lotes de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Entre los acusados se encuentran los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además del círculo de confianza más estrecho del primero, como sus dos presuntos testaferros y su exjefe de gabinete. El juicio estaba pendiente de conocer qué sección de la Audiencia de València iba a juzgarlo los hechos. Tras recaer por reparto en la sección cuarta de la Audiencia de València, ahora esta sala deberá fijar la fecha de las vistas como mínimo a partir de septiembre, cuando el Fiscal Anticorrupción de la causa habrá finalizados los dos juicios ya señalados del caso Taula que se celebran o están ya señalados. El juicio podría retrasarse a principios de 2024.