Con cartas a los ayuntamientos invitándoles a aprobar la ordenanza para multar a los clientes de la prostitución. Es la última acción con la que la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, trata de acelerar uno de los compromisos asumidos casi a nivel personal: tejer toda la normativa posible encaminada hacia la abolición del proxenetismo. La ofensiva tiene que ver con que el final de la legislatura se aproxima y hay que sacar adelante la máxima gestión posible, pero también con que el asunto conlleva también ciertas reticencias entre los socios del Consell.

“La prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género; y nuestra obligación como poderes públicos es luchar contra la violencia y, sobre todo, proteger a las víctimas”, señala Bravo en la misiva en la que reclama a los municipios que saquen adelante en sus respectivos plenos estas sanciones para frenar la demanda de la prostitución. En la carta se recuerda que el modelo de ordenanza está, para copiar y pegar, en la web de la conselleria y que suponen infracciones de hasta 3.000 euros por la demanda de prostitución.

De momento, son una decena de ayuntamientos los que la han aprobado, el último, el pasado viernes, en Alcoi, y otros ocho que se encuentran en trámites para llevarlo a debate. Los números están todavía lejos de las perspectivas que el departamento de Justicia se había puesto y trata de acelerarlos en los últimos meses de legislatura no solo en el Consell sino también para los ayuntamientos. El objetivo es que, como mínimo, se puedan sacar adelante en los consistorios en los que el puño y la rosa tienen mayoría absoluta como ya ha ocurrido en Mislata y Paterna.

La carta enviada recuerda que la ordenanza aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución y no como una cuestión de orden público. En esta, también prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. 

He aquí una de las cuestiones clave y ante la que las asociaciones feministas y que forman parte del Front Abolicionista le señalaron a Bravo que faltaba un "impulso político" por parte de los consistorios una vez se aprobase la ordenanza. Es decir, que sacarla adelante no suponía el final del trayecto, sino un inicio. Para ello, la titular de Justicia ha avanzado que se creará un grupo de trabajo para elaborar este plan integral de apoyo a las víctimas con medidas en el ámbito sociolaboral, sanitario y habitacional, entre otros.

El envío de estas cartas también parecen ser otro punto de respuesta en el choque que mantienen los socialistas con Compromís por la prostitución y que llega al seno del Ejecutivo autonómico. El viernes, la vicepresidenta, responsable de Igualdad y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, criticó las propuestas del PSPV en las Corts para modificar la ley de Espectáculos y la ley de Carreteras, una doble medida que se basa en el anteproyecto lanzado por Bravo en mayo.

"Una ley seca para la prostitución solo servirá para esconder un problema que tiene unos componentes sociales muy complejos y que deberán tratarse más allá de una estrategia punitiva", expresó la máxima responsable institucional de Compromís el pasado viernes al tiempo que señaló su recelo a la "estrategia punitivista" que, consideró, están siguiendo los del puño y la rosa. La respuesta llega en forma de cartas y de presión por parte del Front Abolicionista que ha solicitado reunirse con Compromís y Unides Podem para que apoyen la propuesta en las Corts, algo por lo que acudirán a las puertas del parlamento valenciano el jueves.