Mayores sin residencia: la C.Valenciana debe construir 23.000 plazas en 5 años

La llegada de la ley de la Dependencia supuso una cartera de servicios para los mayores dependientes, pero el recursos estrella en la Comunitat Valenciana era ingresar a la persona mayor en una residencia. Gobernaba el PP y reinaba el modelo Blasco-Cotino y por ello, en 2008, de las 6.998 personas atendidas por el sistema de la Dependencia en la Comunitat Valenciana, 6.415 ocupaban una plaza en una residencia y 546 en un centro de día. 

El 99,5 % de la ley de la Dependencia se aplicaba, pues, concediendo una plaza en una residencia. En mayo de 2008 solo había una prestación vinculada al servicio de atención residencial y 354 prestaciones de cuidadores en el entorno familiar. Esa es hoy, precisamente, la medida estrella de una ley de Dependencia que dio un salto de gigante en su aplicación con la entrada del primer Botànic, en 2015 y que ha supuesto, sin embargo, que sean las mujeres quienes sostienen el sistema de la dependencia con ayudas a la familia que no superan los 400 euros.

Llegó el gobierno del Botànic y anunció lo prometido desde la oposición: la reversión del sistema a lo público. Ocho años después, el sistema residencial valenciano «es claramente insuficiente». Quienes critican el sistema son las asociaciones que forman parte de la Federación de Vecinos de la Comunitat Valenciana, que han elaborado un informe para exigir la «mejora urgente del sistema de cuidados de las personas mayores» ya que la Comunitat Valenciana «necesita la creación de 23.000 nuevas plazas en centros residenciales y 3.500 plazas en Centro de Día para personas mayores en los próximos 5 años para reducir la brecha que existe con el resto de España». 

Reversión del sistema

Es más, esa reversión al sistema público no se ha producido y la apuesta por un modelo que persigue que la persona mayor se quede en su casa el máximo tiempo posible ha significado que, en la actualidad exista un número «insuficiente de plazas residenciales para personas mayores» ya que las plazas «no se han incrementado, sino que se han reducido pasando de 27.162 plazas en 2015 a 26.883 plazas en 2021».

«Desde el año 2015, no se ha acometido una actuación seria y rigurosa en la construcción y gestión de nuevos centros, y por tanto de generación de nuevas plazas. En la parte final de esta segunda legislatura se ha incrementado el número de plazas financiadas con fondos públicos a través del Acuerdo Marco que ahora se va a resolver. Menos mal que existía el modelo de accesibilidad que ha permitido ampliar el número de plazas financiadas con fondos públicos, porque de no ser así la situación hubiese sido insostenible especialmente para las familias con pocos recursos económicos», explican desde la Federación de Vecinos.

Listas de espera

Ahora bien ¿hay muchas personas mayores esperando plaza en una residencia porque no hay ninguna disponible? La Federación de Vecinos también critica la «falta de transparencia» por lo que exigen que las «listas de espera se hagan públicas» ya que «los últimos datos que tenemos al respecto son de 2018, cuando la lista de espera ascendía a 4.203 personas. Si se sigue la evolución de los años anteriores, hoy podrían ser 7.000 las personas que esperan un recurso residencial y no lo pueden obtener». 

Además, desde la entidad vecinal aseguran que desde el año 2015, «no se ha acometido una actuación seria y rigurosa en la construcción y gestión de nuevos centros, y por tanto de generación de nuevas plazas» y aseguran que la Comunitta Valenciana sufre en la actualidad un «colapso del sistema» que precisa de un «nuevo modelo de atención ya que el modelo diseñado «impone un inviable sistema público, de gestión directa, que rechaza opciones de colaboración público-privada claramente eficaces y eficientes». 

La Federación de Vecinos reconoce el cambio en la tramitación de expedientes con la llegada del Botànic, pero recalca un cambio que se sustenta en «más expedientes tramitados, pero menos calidad en la prestación». «Llevamos más de diez años con un sistema realmente paralizado, tanto cuantitativa (oferta) como cualitativamente (el único criterio que ha guiado el comportamiento del actor público ha sido el precio, no la calidad de la oferta y su seguimiento y evaluación)», explican. Y por ello exigen un cambio en el modelo en defensa de los más mayores.

Un plan que llega 6 años tarde

El Plan Convivint pretende dar respuesta a la falta de infraestructuras pero la Federación de asociaciones de vecinos asegura que llega «6 años tarde». «El incremento de presupuesto en Servicios Sociales ha sido incuestionable. Otra cosa es la capacidad de ejecución del presupuesto y que este se haya traducido en inversiones constatables del nuevo modelo. Y eso no ha sido así», explican. De hecho, el plan Convivint se marca como objetivo «ir aumentando el número de plazas de titularidad pública como mínimo hasta llegar a equiparase a la media del Estado», aseguran