El rector de la Politècnica: "Sin presupuesto existe el riesgo de no poder reducir la temporalidad"

"Está bien que los legisladores quieran reducir el problema de la temporalidad, pero van a hacer falta recursos económicos que de momento no se nos dan. Existe el riesgo de no poder cumplir algunos aspectos de la nueva ley de universidades si no tenemos el presupuesto". Así lo ha asegurado el rector de la UPV, José Capilla, que ha tomado el relevo de la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades públicas de manos de la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro en un acto celebrado este miércoles, que ha reunido a los cinco dirigentes de las universidades públicas (Universitat Jaume I, Universitat d'Alacant, Universitat Politécnica de València, Universitat de València y Universidad Miguel Hernández).

Capilla se refiere a uno de los objetivos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), que marca la reducción de la temporalidad del 40 % actual al 8 % en el curso 2025-26. Según ha publicado este periódico, esta ley, beneficiaría a unos 8.400 profesores, convirtiendo a algunos en temporales indefinidos, y a otros en fijos.

Al menos 8.400 profesores dejarán de ser temporales con la nueva ley de universidades

Protestas de informáticos en el rectorado de la UPV

Capilla, que ejerce desde hoy el cargo de portavoz de las cinco universidades públicas valencianas, ha hecho un repaso a todos los retos que tiene por delante. Uno muy importante es la aplicación de la ley, que entra en vigor desde este mismo mes de marzo y que da un plazo de dos años a las universidades para adaptarse.

Esta ley conllevará cambiar los estatutos y "corregir muchos problemas que nos plantea". El primero, es que hay elecciones a la vuelta de la esquina, lo que provocará que "cambiemos los estatutos con el gran riesgo de que toque volver a cambiarlos en 6 o 12 meses". Es más, Capilla asegura que "es muy posible que el Gobierno valenciano tenga que cambiar la ley de universidades"

Otra novedad de la ley es la posibilidad de debatir asuntos de actualidad e interés en los claustros, algo que, en opinión personal de Capilla (no como representante de las universidades) "puede romper la neutralidad de la universidad y que se expresen pronunciamientos políticos, lo que puede acabar contaminando la institución".

Además, la legislación fija que el Gobierno deberá destinar el 1 % del PIB para la financiación universitaria. Algo que, según critica el rector de la Universitat Politècnica de València, "a día de hoy es papel mojado".

Financiación

El reto más a la vista es el Plan Plurianual de Financiación de las universidades públicas, que confían tener listo a principios de marzo, según avanzó también la consellera Josefina Bueno. Este plan fue unos de los compromisos del Botànic al principio de la legislatura y esperan tenerlo finalizado a las puertas de las elecciones.

La Generalitat prevé aprobar el nuevo plan de financiación universitaria en marzo

El nuevo plan permitiría a los campus embarcarse en proyectos de investigación e infraestructuras a largo plazo, ya que conocerían de antemano el dinero con el que cuentan durante varios años, y no solo para el corriente, como sucede ahora, lo que limita su margen de actuación. Además, se trata de un solo plan de financiación para las cinco universidades públicas valencianas, en lugar de los cinco planes distintos que había hasta ahora.

Pese al incumplimiento del plan de financiación, Capilla alabó "el esfuerzo de la Generalitat por borrar la deuda histórica de las universidades, ya que hemos podido arreglar problemas cronificados como el mantenimiento, las infraestructuras, y los equipos".

La cantidad que fija el Plan Plurianual de Financiación es, de momento, la que fijan los presupuestos de la Generalitat de este año, en torno a 1.000 millones de euros para universidades. Pese a todo, como explicó Capilla "aún no hemos empezado a hablar de la temporalidad". Es decir, que la regularización de más de 8.000 docentes todavía no está sobre la mesa. "Evidentemente si no nos dan el presupuesto necesario existe el riesgo de no poder cumplirlo por cuestiones económicas", denuncia el rector.

Otro frente abierto es la huelga indefinida convocada por el profesorado asociado de las universidades públicas. Las movilizaciones son en contra de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) del Gobierno, que afectan al Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas. La plataforma lucha por «conseguir la estabilidad y conversión de los contratos temporales del profesorado asociado en indefinidos», explica la asociación en un comunicado. La huelga indefinida se produce martes, miércoles y jueves de cada semana. 

Los profesores asociados de las cinco universidades públicas valencianas inician una huelga indefinida

Según las universidades el seguimiento está siendo muy bajo, pero la regularización de este personal en la Losu plantea un gran reto para todos los campus. Estos docentes suelen ser profesionales de un campo que dan clase unas horas a la semana, por ejemplo, un juez o una fiscal que da clase en derecho además de ejercer, y como explica la rectora de la Universitat de Alicante, Amparo Navarro, "muchos no tienen ningún interés en convertirse en funcionarios". Lo que modificaría la ley es que, en lugar de renovar este contrato año a año se les convierta en indefinidos.

Huelga de informáticos y nuevo convenio colectivo

El acto se ha celebrado en la sala de juntas de la UPV, y a la puerta decenas de informáticos se han concentrado para protestar ante el rector por sus condiciones laborales. Llevan varias semanas en huelga indefinida reclamando una mejora salarial.

La reivindicación de los 170 informáticos en huelga (que suponen el 10 % del personal de administración y el 3 % del total) es clara: cobrar lo mismo que sus compañeros de otras universidades. Actualmente perciben un 10 % menos de sueldo que sus iguales de otros centros públicos.

Los informáticos de la UPV convocan una huelga indefinida

Esto se debe a la falta de un convenio colectivo de las universidades públicas. Otro compromiso sin cumplir del Botànic que se cerrará "inminentemente" según Capilla. Se trata de igualar las condiciones laborales de todos los trabajadores de las universidades públicas en un mismo convenio (evidentemente con sus diferencias) pero para que no se produzcan estas desigualdades.

Capilla, preguntado por los periodistas, ha asegurado que se volverá a reunir con el comité de huelga, pero que "no podemos cumplir con sus reivindicaciones cuando desconocemos (porque no está aprobada la financiación) de cuánto dinero vamos a tener. No nos podemos comprometer a algo que no sabemos si se va a poder cumplir", ha explicado.

Sin embargo ha denunciado que "estos problemas se llevan se deben a decisiones políticas de hace 15 o 20 años", y ha pedido al colectivo de informáticos paciencia hasta tener la financiación necesaria.