Migraciones
Archivan la expulsión del colombiano que intentaron deportar al denunciar que había perdido el pasaporte
Subdelegación del Gobierno para la deportación al considerar que “no hay hechos graves y la persona tiene vinculación con el país”
Imagen de archivo de una comisaría de la Policía Nacional en Paterna / Levante-EMV
Subdelegación del Gobierno ha archivado la expulsión del joven colombiano al que intentaron expulsar del país cuando denunció que había perdido el pasaporte en la comisaría de Burjassot.
El organismo explica que recibió una “propuesta de sanción por estancia irregular en el país”, pero que la ha paralizado porque “no hay hechos graves y la persona no tiene vinculación con el país”.
El caso llegó el pasado día trece y, tras estudiarlo hoy, el organismo ha decidido archivar la expulsión del joven, que fue requerido en comisaría dos días después de poner una denuncia, cuando le incoaron un expediente de expulsión del país.
Los hechos sucedieron el pasado 5 de diciembre, cuando H. R. y otro compañero también colombiano fueron a la comisaría de Burjassot-Godella a formular una denuncia por la destrucción de sus pasaportes. Sus documentos se habían quemado hacía unos días en el incendio de la autocaravana donde dormían, propiedad de la empresa en la que trabajaban.
Tras presentarla, les hicieron esperar mientras realizaban consultas y les citaron dos días después en la sección de extranjería de la misma comisaría. El día 7 acudieron a la cita, y a H. R. le iniciaron un procedimiento de sanción por estancia irregular; al compañero no pudieron porque aún contaba con permiso de turista.
Así consta en la denuncia del afectado que hizo pública la entidad Valencia Acoge, que reivindica que este tipo de actuaciones incumplen las reiteradas recomendaciones de organismos como el Defensor del Pueblo y que solo provocan "temor y desconfianza hacia quienes deben velar por la seguridad de todas las personas".
Su abogada presentó alegaciones en contra, pero la misma policía de Burjassot las rechazó al considerarlas “improcedentes” y ha propuesto a la Delegación del Gobierno que se expulse del territorio nacional a H. R. En la resolución la policía trata de justificar la expulsión indicando que el joven entró como turista “con la intención de quedarse a vivir en España”.
Fuentes de la Policía Nacional aseguraron que la actuación en este caso es "totalmente correcta" y que al tratarse de una persona en situación irregular "procedía una propuesta de sanción". Además rechazan que sea un trato discriminatorio ya que "si una persona acude a renovarse el DNI y se detecta que tiene situaciones pendientes nuestra labor es actuar".
También se afirma que tiene pendiente “una propuesta de sanción grave por la L. O. 4/15 art. 36.16”; dicho artículo castiga el consumo o la tenencia de drogas. Sin embargo, el joven asegura que nunca había tenido ningún problema legal, “nunca me habían sancionado por nada. Tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué”.
Su abogada de hecho destacaba que carece de antecedentes penales y policiales, se ponen de manifiesto los “fuertes vínculos que mantiene con España” ya que está formándose académicamente y en el país residen varios familiares que han iniciado en proceso de regularización.
Desde 2004 denunciando esta práctica
En las alegaciones de la abogada se detalla toda la argumentación que el Defensor del Pueblo ha expuesto al Gobierno desde 2004, cuando formuló la primera recomendación al Ministerio del Interior “a fin de que no se incoaran expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudían a las comisarías de policía a denunciar delitos”.
Esa recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género (suspensión de sanción por estancia irregular y concesión de autorización de residencia provisional mientras se tramita el procedimiento penal), pero seguían corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular.
De hecho, en 2019 una mujer hondureña acudió a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (València) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar. La difusión del caso provocó una fuerte reacción social y la Delegación del Gobierno acabó archivando la expulsión.
Sin embargo, explica Valencia Acoge, la razón del archivo no fue que prevaleciera su derecho como víctima de un delito frente a su condición de persona en situación administrativa irregular, sino que la policía no le permitió formular la denuncia.
A raíz de este caso, el Defensor volvió a presentar una recomendación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicitaba: “Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”.
Para el Defensor, la cuestión debe resolverse concentrando todos los esfuerzos “en auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos”. Por esta razón, rechaza que, al mismo tiempo, el agente indague sobre la situación administrativa de la víctima.
Reclamaciones rechazadas
No obstante, en enero de 2021 el Gobierno rechazó la recomendación. Interior trató de justificar su negativa diciendo que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “les corresponde, entre sus funciones.
Valencia Acoge, sin embargo, recuerda que existe otra legislación con la misma fuerza jurídica que avala la reivindicación del Defensor: la Ley española 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa. Todas "establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia".
También el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) exigió un cambio en la Ley de Extranjería y calificó de “muy lamentable” el rechazo de Interior a la recomendación del Defensor por la impunidad que provoca, “desde agresiones sexuales hasta abusos laborales. Hemos visto a personas migrantes trabajadoras que han fallecido abandonados a las puertas de un hospital. Eso sucede por decisiones como esta”.
Aunque no fue aceptada la recomendación del Defensor, desde entonces ha cambiado la forma (aunque no el fondo) del proceder de la policía: se suele atender con corrección a quien va a denunciar, pero una vez formulada la denuncia se ordena a la víctima comparecer en ese mismo momento o días después ante la correspondiente Brigada de Extranjería para iniciar el procedimiento por estancia irregular.
Así, en septiembre de 2020 una mujer migrante denunció una estafa ante la policía de Granada y, una vez presentada, se le abrió un procedimiento de expulsión. A finales de ese mismo año, en la comisaría de Paterna (València) se incoaron procedimientos de sanción por estancia irregular a tres madres que habían acudido a realizar el trámite de sacar el DNI para sus bebés, que además recibieron un trato humillante por parte de algunos policías. Lo mismo le acaba de ocurrir al joven colombiano que denunció la destrucción de su pasaporte en la comisaría de Burjassot
Por todas estas razones, desde Valencia Acull reiteramos la urgente necesidad de una reforma legislativa de la Ley de Extranjería para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo. Mientras tanto, las personas en situación irregular deben acudir al juzgado de guardia o a la Fiscalía a formular denuncias si no quieren correr el riesgo de acabar expulsadas
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