Territorio detecta 194.000 casas ilegales de las que 181.727 podrían regularizarse

La Conselleria de Política Territorial que dirige la consellera Rebeca Torró ha elaborado un inventario de viviendas irregulares o ilegales en toda la Comunitat Valenciana para determinar cuántas podrían acogerse a un expediente o plan de minimización de impacto. 

El inventario ha contabilizado el número de viviendas irregulares junto a la situación urbanística en que se encuentran las parcela en las que están ubicadas además de la antigüedad de la edificación. Según este inventario, en la Comunitat Valenciana existen 194.000 viviendas irregulares de las que 181.727 casas podrían acogerse a un expediente de legalización y minimización de impacto. Una «amnistía» urbanística prevista en la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) de 2014 y aplicable para las casas construidas desde esta fecha hasta 1976. 

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Para regularizar las viviendas ilegales, la ley prevé que cuando las construcciones ocupen más de un 4% de la superficie de la parcela o menor, las viviendas pueden legalizarse mediante «minimización de impactos» con la construcción de una depuradora, accesos habilitados. En el caso de construcciones que ocupan menos del 4% de la parcela, «las viviendas podrían contar con licencia si cumplieran los parámetros que fija la Lotup y el correspondiente planeamiento urbanístico municipal».

Las viviendas ilegales construidas desde 2015 hasta la actualidad no son legalizables con una única excepción: las construcciones que ocupen menos del 4% de superficie de la parcela que «pueden contar con licencia y legalizarse si cumplen los parámetros que fija la Lotup o el planeamiento urbanístico municipal». 

La mitad están en Alicante

Según estos criterios urbanísticos, «en la Comunitat Valenciana serían susceptibles de acogerse a la minimización de impacto 107.851 viviendas» construidas en suelo no urbanizable entre los años 1976 a 2014. Alicante es la provincia que más casas ilegales acumula con 51.379. La mayoría son viviendas ubicadas en suelo común y en parcelas menores a una hectárea. 

València es la segunda provincia con más edificaciones irregulares, un total de 44.898, en las que de nuevo se lleva la palma las 29.684 casas localizadas en suelo común y en parcelas menores a una hectárea. 

Aunque la cifra más preocupante es la de las 14.845 casas ubicadas en suelo protegido en la provincia de València (27.219 en la Comunitat Valenciana) que ocupen una superficie menor a una hectárea y que para tramitar la minimización de impacto deben contar no solo con el visto bueno del ayuntamiento competente sino también de la autoridad medioambiental, como podría ser la dirección de un parque natural. 

Política Territorial también ha detectado otra tipología de viviendas irregulares: las construidas en suelo urbano o urbanizable «pendientes de gestionar desde el punto de vista urbanístico». Y que pueden ser pormenorizadas (con el planeamiento aprobado con las calles y los espacios urbanizados ya «dibujados» pero sin ejecutar) o sin pormernorizar. Las viviendas con ordenación pormenorizada sin gestionar son mayoría: un total de 62.843 en toda la Comunitat Valenciana.  

El director general de Urbanismo de la Política Territorial Vicente García Nebot señala que el inventario «supone un primer paso para conocer la situación que existe en la Comunitat Valenciana». Una información que «unida a la creación de la Agencia valenciana de protección del territorio persigue impedir que no haya más viviendas ilegales». Todas las construidas desde 2014 hasta la actualidad deben derribarse.

Pero hasta llegar a ese año hay muchísimas. De ahí que se intente un «pacto con los propietarios porque de las 194.000 viviendas ilegales nadie iba a derribarlas por lo que había que llegar a un pacto: corrige el impacto ambiental que provoca y, a cambio, le legalizaremos la casa. Pero, eso sí, se ha de cumplir una serie de condiciones». García Nebot también destaca que esta decisión también permite a los propietarios de las viviendas con estas carácteristicas «poder venderlas, hipotecarlas, o dejarlas a los hijos. Es un patrimonio aflorado legal que cambia los circunstancias de una manera enorme». Además, concluye García Nebot, «se regulariza y evita el mal al medio ambiente. Es un beneficio para los propietarios. Y para toda la sociedad».

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