Tribunales

Los veintisiete años de enemistad del juez y el abogado del caso Erial

El magistrado que ha sido designado ponente del caso que juzgará a Zaplana se siente atacado por el abogado que lo denunció por cohecho, en 1996, en 2006 por no abstenerse y logró recusarlo en otra causa

A la izquierda el magistrado José Manuel Megía Carmona y a la derecha el abogado Vicente Grima.

A la izquierda el magistrado José Manuel Megía Carmona y a la derecha el abogado Vicente Grima. / Levante-EMV/Germán Caballero

El magistrado José Manuel Megía y el abogado Vicente Grima han pasado los últimos veintisiete años evitándose y encontrándose, a su pesar, en la Audiencia de València. Los dos juristas protagonizan un historial de denuncias por cohecho y omisión del deber de abstenerse, archivadas, y de una recusación, admitida, que han generado una enemistad larvada. Y que ha vuelto a sacar a la luz el caso Erial que juzgará a Eduardo Zaplana y catorce personas más. 

El mismo magistrado José Manuel Megía relata este historial de enemistad en el escrito en el que presentó su abstención como ponente del caso Erial, al que ha tenido acceso Levante-EMV. Una abstención que ha sido rechazada por la sección cuarta. Según Megía, «el abogado Vicente Grima mantiene desde hace más de veintisiete años frente a mí una postura de ataque y, parece que de odio, que en una ocasión, de manera incomprensible, se aceptó una recusación que promovió contra mi».

El magistrado explica su versión del origen de este embrollo. «A denuncia del letrado y con personación vía querella del Colegio de Abogados de València se siguió un procedimiento frente a mi ante el TSJ que se mantuvo secreto más de dos años, con mis teléfonos y los de mi mujer intervenidos, en base a autos que hoy no se sostendrían, ante la falta de motivación y la absoluta falta de indicios y datos que justificaran el secreto y las prórrogas».

«Tremenda investigación»

Como relató Levante-EMV la denuncia se sobreseyó en 1999. «A pesar de la tremenda investigación que sufrí con la práctica de diligencias absolutamente prospectivas y de suyo nulas, seguimientos personales, llegándose a investigar quién era el titular de todos los números de teléfono con los que hablaba; hasta el ginecólogo de mi mujer salió por allí». «La causa fue sobreseída -continúa- por la absoluta falta de indicios por el instructor, el 13 de abril de 1999, y confirmada por la sala del TSJCV el 17 de mayo de 1999. Va para 24 años; 27 desde el inicio de la causa». Durante los tres años que duró este proceso, Megía señala que «no fui suspendido y no dejé de atender a ninguna de mis obligaciones profesionales, por más que el dolor, al ver el intento de destrozar mi honor, lo llevase por dentro y lo soportase toda mi familia». 

A partir de ese momento, el magistrado revela la decisión que adoptaron el entonces presidente de la sección cuarta, Vicente Urios (y su sustituto posterior, Antonio Ferrer), y el presidente de la Audiencia de València, Pedro Castellano (actualmente en la cuarta), con la anuencia del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa. «Desde el año 2001 establecimos un sistema por el que "cuando el letrado [en referencia a Vicente Grima] tenía sesión en la sala de la sección cuarta, se formaba un tribunal en el que no se me incluía. Incluso en los tiempos en que éramos tres magistrados por sección, cuando sucedía la ilustrísima magistrada [Maria José] Julia, entonces en la sección primera, venía a mi sala y yo la sustituía en la suya". De esta manera se ha evitado, según relata Megía en su escrito, «un rosario de más recusaciones o abstenciones». 

El sistema sólo «falló», según su relato, cuando fue adscrito temporalmente a la sección segunda de la Audiencia de València durante el caso Maeso por los contagios masivos de la hepatitis C. «Los funcionarios de dicha sección, que no conocían el problema, me dejaron en la mesa un recurso firmado por el señor Grima que, como siempre y sin mirar nombres que es la mejor manera de demostrar independencia, resolví a su favor».

Denuncia al CGPJ

A raíz de esta intervención, el magistrado relata que el abogado Vicente Grima «presentó contra mi una denuncia por la supuesta comisión de una falta muy grave por la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas». Y que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «concluyó sin que hubiese lugar a realizar reproche disciplinario alguno que motivara la apertura de expediente». 

En 2023 el «sistema» ha vuelto a «fallar» porque la letrada de la administración de justicia de la sección cuarta era desconocedora del «problema». «Se habría corrido el turno de adscripción de ponencia y turnada a otro de los tres magistrados o asumida, como antaño era costumbre en estas causas, por el presidente. Y no estaríamos en este trance», asegura el magistrado sobre la situación creada tras ser designado ponente del caso Erial

El juez se siente «expuesto a una nueva denuncia si no me abstengo y, como poco, a una nueva recusación, que esta vez admitiría desde luego» porque, añade, «está claro que el letrado tiene contra mi una enemistad largamente demostrada y que yo, desde la imputación de venalidad que me hace en el periódico Levante-EMV, también la siento. Profundamente». 

De ahí que, para evitar ser denunciado, el magistrado admite que «ha surgido en mi una enemistad manifiesta con el letrado de uno de los acusados de la causa que podría llevar a que se entendiese que cualquiera que fuese mi decisión, sobre todo si es condenatoria, está tintada por esa enemistad, lo que no debe permitirse ni provocar sospecha, por lo que entiendo que me debo abstener». Una abstención rechazada el viernes por tres compañeros de la sección cuarta. El último capítulo de un culebrón que continuará. 

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