Tribunales

"Imelsa y Ciegsa es la historia de una traición. Asusta que gestionaran 40 millones al año"

El Fiscal Anticorrupción presenta su informe final sobre los trabajadores zombis en el que pide 12 años a los principales acusados

Los veintiséis acusados en la pieza de los zombis del caso Taula

Los veintiséis acusados en la pieza de los zombis del caso Taula / Miguel Ángel Montesinos

La Fiscalía Anticorrupción ha realizado su informe final sobre el juicio del caso Taula por los trabajadores zombis. El representante del Ministerio Público ha señalado que "la historia de Imelsa y Ciegsa es la historia de una traición del interés publico por todos los acusados en beneficio propio, porque el dinero procedía de la Diputación de València, de la Generalitat, de todos los españoles y de todos los valencianos. 235 millones de euros es la cantidad que gestionaron Marcos Benavent y todos sus compañeros en el delito. Casi 40 millones anuales. Asusta pensar todo lo que han podido hacer con este dinero". Una gestión de la que, ha recordado, se ha investigado en el caso Taula en el que "se ha podido incoar una pieza principal, once separadas. De la que ya contamos con una sentencia condenatoria y largos juicios". 

Para la Fiscalía Anticorrupción, los principales acusados del caso Taula "han asaltado Imelsa y Ciegsa, esta última en menor medida".

En su exposición, el Fiscal Anticorrupción ha repasado algunas cuestiones previas planteadas por las defensas como la validez de los audios que originaron el caso Taula y sobre el que se plantea la duda de si "afecta a la intimidad de Benavent" y no se respetó "la cadena de custodia". Una cuestión sobre la que "la sección quinta de la Audiencia de València ya lo ha resuelto". 

Aunque el Fiscal Anticorupción ha señalado que el Ministerio Público "niega que exista derecho a la intimidad alegado por Benavent, ya que grabó y copió los archivos en el disco duro del ordenador que pertenecía a su exsuegro. Anteriormente declaró sin problemas. Nunca dijo que se había visto afectado su derecho a la intimidad. Diez años después no se puede recuperar un derecho al que renunció".

Para apoyar esta postura, la Fiscalía Anticorrupción ha recordado la sentencia del Supremo sobre la lista Falciani, que avaló el acceso a la lista de evasores fiscales que un informático extrajo de la entidad bancaria HSBC. De ahí que el Ministerio Público considere que es "perfectamente legal" el acceso a los audios a través del exsuegro de Benavent porque éste "se divorcia en enero de 2010. Y declara [en el caso Taula] en 2015. En ese tiempo no reclama las cintas. No las recoge. Ni siquiera presentó demanda judicial para reclamarlas. Él tenia la posibilidad de haberse llevado el disco duro que estaba a la vista y disponibilidad de su familia política. Fue una dejadez absoluta de su derecho a la intimidad y ahora no lo puede reclamar". 

La Fiscalía Anticorrupción tampoco ve irregularidades en la cadena de custodia de los dispositivos que almacenaban las grabaciones.

"No hemos visto irregularidad en la cadena de custodia. Su suegro entrega los audios y el ordenador porque nunca habló del disco duro. El volcado del pen y del ordenador se hizo por auto de 2015". Y, lo más importante, "los informáticos que prestaron declaración llegaron a la misma conclusión: El contenido de los dos pendrive tenían la misma huella digital, el mismo hush, que no fue alterado ni por Benavent ni por el suegro". Además de otro tema capital que no se ha producido desde el cambio de versión del yonqui del dinero. "Benavent no ha querido responder dónde están los originales. Si hubiesen sido manipulados sería muy sencillo demostrarlo: presentando los originales. En este caso ha habido un cambio de actitud, pero es un dato esencial: ¿Dónde están los archivos originales?", se ha preguntado.

A continuación el Fiscal Anticorrupción ha pasado a señalar la gestión presuntamente delictiva de los principales acusados. "Sobre Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València, donde se produce la poco loable gestión de Marcos Benavent". En esta vista sólo se enjuician los presuntos contratos zombis. "Una contratación de personas, infringiendo la legislación del empleado público, sin respetar los principios para contratar nuevos trabajadores establecidos de 2009 a 2014. Y que estaban al albur de los responsables de Imelsa. Se contrataba cuando quería el gerente y las personas por encima de él que dominaban esta situación".

Se trataba, según el Fiscal Anticorrupción "de una gestión peculiar por no decir delictiva: no había relación de puestos de trabajo, algo necesaria porque determina los puestos, el salario y el manual".

"Otra característica de esta curiosa empresa -ha señalado- la cesión ilegal de trabajadores. Trabajadores que cobran de Imelsa pero trabajan en otras empresas que no tienen nada que ver. Y que no está aprobado por el consejo de administración y la junta general (patronato de Turismo, escuela de capataces…) Además de que la contratación ilegal de asesores para los miembros del consejo de administración de Imelsa, es un auténtico fraude de ley". 

La Fiscalía Anticorrupción sólicita por estos hechos doce años de cárcel para el expresidente de la Diputación de ValènciaAlfonso Rus; su jefe de gabinete Emilio Llopis; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla y el exgerente de ImelsaMarcos Benavent

Para este último, yonqui del dinero confeso, la pena de prisión es más elevada que la solicitada inicialmente ya que la Fiscalía Anticorrupción le ha retirado la atenuante de confesión, al dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula (desde octubre de 2021, cuando cambió de abogado y se arrepintió de arrepentirse) e intentar ahora invalidar las grabaciones que originaron la investigación y con ellas todo el caso Taula que ha alcanzado las doce piezas separadas. Por ahora ya existe una condena por la pieza de Thematica Events, que aún no es firme.