El Consell Jurídic Consultiu (organismo que analiza los proyectos de ley de la Generalitat aunque no es vinculante) ha puesto objeciones a la aprobación del nuevo decreto de Igualdad que cambia de arriba a abajo todo el modelo de los servicios sociales valencianos. El organismo critica que conselleria no ha medido el coste económico que este decreto tendrá para los usuarios de servicios sociales y el impacto en el sector.
El texto es uno de los grandes decretos de la legislatura. Modifica ratios, condiciones laborales de los trabajadores, garantiza la proximidad de los centros, blinda las condiciones, organiza los servicios sociales para evitar duplicidades, actualiza los horarios y muchos otros asuntos que modernizan todo el sistema. En palabras de la ex consellera de Igualdad Mónica Oltra, al anunciarlo "es un salto de treinta años en la administración".
La ley modifica más de 15 normas sobre tipologías de centros, algunas de las cuales que no se tocaban desde los años noventa, y las deja solo en una, para organizar el totum revolutum de servicios sociales en un solo decreto. Todo con el objetivo de agilizar el sistema de servicios sociales y ahorrar en burocracia. Un cambio de pies a cabeza del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
El camino para sacar adelante esta "enciclopedia", como lo definió Oltra, ha sido largo. Pero es uno de los decretos más importantes a aprobar en la legislatura por su calado. A las puertas de ver la luz, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) lo ha criticado duramente por la falta de informes económicos que midan cuánto va a costar a las familias y usuarios y qué impacto puede tener en el sector.
El Jurídic dice textualmente que "lejos de generar un marco normativo estable, el proyecto de Decreto va a provocar una situación de incertidumbre, pues se desconoce la repercusión del mismo" en los usuarios y empresa y su correcta implementación. Por este motivo, para el órgano consultivo "no debería aprobarse la norma sin antes procederse a un estudio y análisis de los efectos que tendrá en sus destinatarios".
Igualdad reivindica que el proyecto ya cuenta con todos los informes favorables de Conselleria de Hacienda, que estiman que la memoria económica está ajustada y ha dado el visto bueno para la aprobación del decreto por vía de urgencia. Por eso, considera que las alegaciones del Jurídic pueden ser "reiterativas" y señala que la patronal "ha tenido la intención" de que el organismo se pronunciara sobre la ley al presentar estas alegaciones.
La patronal carga contra Igualdad
La patronal de las residencias, Aerte, cargó ayer contra Igualdad tras este dictamen del Jurídic. Su portavoz, José María Toro, criticó que "en estas condiciones no creemos que el Consell se plantee abordar el decreto", y se preguntó si "importa más colgase la medalla política que el impacto económico que va a tener en las personas usuarias".
En el informe del Jurídic se estima igualmente que deberían valorarse las alegaciones presentadas por Aerte durante la elaboración del decreto, en relación con la memoria económica que presentó la patronal "para comprobar si efectivamente son correctas", explica la asociación.
Para Toro, el hecho de que el dictamen de este organismo no sea vinculante para la Generalitat "no quiere decir que esta situación deba ser ignorada. Al contrario, cualquier persona con responsabilidad política debería entender que, si se plantean objeciones jurídicas de tanto calado a un proyecto por parte del Jurídic, habría que resolverlas antes de la aprobación definitiva del decreto".
Para la patronal "Conselleria ha negado sistemáticamente los cálculos hechos por Aerte, pero el Consejo Económico Social y el Jurídic han planteado las mismas dudas sobre la memoria económica", señala el presidente de Aerte.
Igualdad desmiente que los cálculos de la patronal fueran correctos, y dice que se basa en unas ratios totalmente desactualizadas. Defiende así su cálculo del impacto económico como "más fiel a la realidad actual de los centros". Conselleria también critica que la patronal intenta "ofrecer las cifras más altas posibles dentro de su desviación" por el coste de las plazas.
