La Sindicatura alerta de la falta de control de los fondos europeos en los municipios

La Sindicatura de Comptes suspende el control ejercido por los ayuntamientos a los fondos europeos. El órgano fiscalizador publicó ayer un informe sobre el grado de cumplimiento de los planes municipales de prevención del fraude y la corrupción, realizado a 13 consistorios de la Comunitat Valenciana que han recibido alguna partida de las ayudas de la UE, y en él otorga una nota global de 30 sobre 64. Es decir, un suspenso general. Hay excepciones, como Castelló de la Plana, València o Torrent, que son los únicos que aprueban, mientras otros tres ni siquiera realizaron la evaluación interna de su gestión (Bigastro, Càlig y Moixent).

Entre las que sí que llevaron a cabo la autoevaluación, Castelló de la Plana logró la nota más alta (60/64), seguida de València (46/64) y Torrent (39/64). En el lado contrario, Novelda anotó un 16/64 y Alicante y la Vall d’Uixó un 20/64. Gandia, Vila-real, Orihuela y Canals obtienen calificaciones ebtre 23 y 26 puntos, también suspensos.

Igualmente, la Sindicatura de Comptes concluye que los planes de medidas antifraude de ayuntamientos valencianos que reciben ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) cumplen con los «requerimientos mínimos» para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, pero recomienda revisarlos porque hay medidas del sistema de gestión de estos fondos europeos «parcialmente implementadas».

Ayudas de 8,5 millones

El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las autonomías acordaron la realización en 2022 de una actuación fiscalizadora coordinada sobre los planes de medidas antifraude en las entidades locales que participen en el PRTR.

El estudio analiza los planes antifraude de una muestra de 13 de las 32 entidades locales de la Comunitat Valenciana que participan de las medidas del PRTR: Alicante, Càlig, Canals, Bigastro, Castelló de la Plana, Gandia, Novelda, la Vall d’Uixó, Moixent, Orihuela, Vila-real, Torrent y València. Estos ayuntamientos recibieron 8,59 millones de euros de fondos europeos, del total de 9,8 millones de euros de ayudas informadas por el Tribunal de Cuentas (el 87 %).

La Sindicatura concluye que los planes de medidas antifraude cumplen con los requerimientos mínimos establecidos y «disponen de un plan de medidas antifraude que les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la UE en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

No obstante, considera que «hay medidas de prevención y de detección parcialmente implementadas que deberían ser objeto de subsanación».

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha instado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a formalizar el contrato de una residencia de personas mayores de Benetússer que lleva prorrogando desde marzo de 2020 a través de una resolución de conclusión de actuaciones publicada ayer.

El organismo abrió una investigación tras la denuncia de la empresa concesionaria de «supuestas irregularidades acontecidas en la prestación del servicio» por no haber «cobertura contractual» y ahora da un plazo de tres meses al departamento que dirige la también vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, para justificar esa decisión.

El conflicto se remonta a marzo de 2019, cuando venció el contrato de la firma, en vigor desde 2015 por 3,1 millones de euros. Entonces, la compañía e Igualdad acuerdan una prórroga de 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020, ya en pandemia. Se amplía sin revisar precios, como pedía la contratista.

Al mismo tiempo, la conselleria decreta una nueva extensión del contrato por «deber público» debido al impacto de la covid, y dos meses después la empresa vuelve a reclamar la actualización de tarifas.

Con todo, la AVAF recomienda a Igualdad «que proceda a efectuar los trámites correspondientes para resolver el expediente,dando traslado del acuerdo de adjudicación cuando se produzca a la AVAF». Asimismo, reclama a la conselleria que «proceda a la aprobación del plan de contratación correspondiente, en caso de que no se disponga del mismo, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Tirón de orejas de Antifraude a Igualdad

Pide a la conselleria aclarar el contrato de una residencia de mayores prorrogado dos años

R C V. València

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