La Generalitat no reclamará la paga covid a los sanitarios pese a anularla el TSJ

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv) ha declarado nula la paga extraordinaria a los sanitarios que estuvieron en primera línea durante la pandemia tres años después de decretarse el confinamiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así los recursos interpuestos por los sindicatos CSIF y CC OO contra el acuerdo del Consell del 27 de noviembre de 2020. El Gobierno valenciano estableció entonces y mediante un decreto los criterios para aplicar la compensación económica por los servicios extra del personal de la Conselleria de Sanidad con motivo de la covid-19.

La Generalitat, en cualquier caso, señalaba poco después de hacerse pública la decisión judicial que nadie deberá devolver la gratificación. Desde el Ejecutivo valenciano se procederá ahora a estudiar ambos fallos para ver el recorrido, pero, insisten, no tendrá ninguna una repercusión en los sanitarios que ya percibieron la paga por su esfuerzo durante los duros meses de la pandemia.

Los recurrentes han defendido en todo momento que no hubo una negociación colectiva efectiva con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial sobre los criterios para identificar al personal y la distribución de ese pago extra según la exposición al riesgo. El TSJ les da ahora la razón, aunque ambas sentencias, dictadas el pasado 9 de marzo, no son firmes. El departamento que dirige Miguel Mínguez podrá ahora presentar recurso ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

El pago se restringía solo para aquellos que estuvieron en primera línea en ciertos servicios o al mando

La denominada paga covid ascendía a 10 euros por día trabajado durante el estado de alarma para los médicos y a 8 euros/día para el personal de Enfermería, como en su día publicó Levante-EMV, pero solo aquellos que estuvieron en primera línea en ciertos servicios o al mando. Esa fue la propuesta —y la estimación de pago que hizo la Conselleria de Sanidad— para cuantificar el dinero extra que debían recibir cerca de 40.000 sanitarios del sistema público durante diciembre de 2020. Ese fue el baremo de pago para estimar la cuantía final de 42,3 millones de euros a repartir, teniendo en cuenta que, del total de la plantilla sanitaria, no todos iban a poder ser compensados.

En ambas sentencias, la Administración se opone a la demanda y argumenta que del examen del acta del 18 de noviembre se aprecia que sí hubo un verdadero proceso negociador, en el que también estuvieron los sindicatos recurrentes. Estos, sin embargo, aducen la premura de la convocatoria para mostrarles el borrador del decreto que se publicaría dos días después. Critican, además, varios artículos por "discriminatorios", al no establecer con claridad que la retribución económica se abonará a todo el personal que prestó servicios entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.

En las antípodas

Según los sindicatos, «no constituye una verdadera negociación convocar una mesa sectorial para poner en conocimiento de las organizaciones un texto permitiendo expresar su opinión sobre el mismo, pero sin posibilidad de efectuar ningún cambio en su redacción». «La información por sí sola no constituye negociación», remarcan.

Rosa Atiénzar, secretaria general de la federación de sanidad de CC OO, abogaba ayer por respetar lo ya cobrado en su día aunque ampliando ese reconocimiento y aplicando esta vez «criterios de distribución objetivos y equitativos». «El reparto fue aleatorio porque lo decidían las direcciones de los departamentos a su criterio y se dejó a mucha gente fuera», incidía, insistiendo en que Sanidad «no cumplió los derechos mínimos de la negociación colectiva».