La consellera de Justicia, Interior y Función Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado la construcción de una segunda Ciudad de la Justicia en València. Según ha argumentado Bravo, la nueva infraestructura responde a que la actual, ubicada en la avenida Profesor López Piñero, "se ha quedado pequeña" para las necesidades del sistema. La nueva edificación llevará por nombre Ascensión Chirivella, valenciana licenciada en Derecho y que fue la primera mujer que pudo colegiarse para ejercer como abogada en España.
La consellera lo ha avanzado este miércoles, a escasos dos meses de las elecciones autonómicas y municipales, durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha hecho balance de las dos legislaturas del Botànic, las cuales ha situado como fundamentales para que la Comunitat Valenciana haya mejorado "desde la serenidad, el acuerdo y el diálogo".
Según ha desgranado, la nueva Ciudad de la Justicia se levantará en la parte posterior de la actual sobre unos terrenos que ya son propiedad de la Generalitat. Según detallan fuentes de la conselleria, el solar tiene una extensión de 33.000 metros cuadrados y requerirá de un cambio en el uso del suelo, aunque añaden que el trámite no conllevará excesiva carga administrativa.
Todavía no están claros los servicios que se ubicarán en este nuevo espacio. Bravo ha considerado "frustrante" que "el edificio que iba a ser el del futuro" se haya "quedado pequeño en apenas 20 años". Según la consellera, el "grave déficit de espacio" que lleva a esta nueva obra se debe al incremento de órganos judiciales y de servicios en la sede actual.
Federalizar la Justicia
Al margen del anuncio, Bravo ha defendido la necesidad de acometer una "profunda reforma" del sistema judicial que amolde la organización “a la nueva realidad social, política económica y demográfica de la España actual” y que pase por “más cogobernanza” y el "federalismo judicial”.
Así, ha apelado a implantar consejos autonómicos de Justicia como "primer paso para adecuar el sistema al estado de las autonomías" y "corregir un aspecto de la arquitectura institucional que no está bien resuelto", de igual modo que el derecho civil. Asimismo, ha recordado que el Estatut "prevé un Consell de Justicia de la Comunitat Valenciana", y ha lamentado que el proyecto haya quedado "postergado".
Bravo ha recordado que, en los últimos ocho años “se ha incorporado la dignidad en las sedes judiciales” gracias al Plan de Infraestructuras con más de 270 millones de euros de inversión para la mejora del parque inmobiliario judicial de las tres provincias y entre cuyas iniciativas destacan “proyectos emblemáticos como la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante o la reforma integral de la sede del Tribunal Superior, que ya se están ejecutando”.
En este sentido, además de la nueva Ciudad de la Justicia, la consellera ha explicado que en la siguiente fase del Plan de Infraestructuras se incluirán nuevas sedes judiciales en Sagunto, Sueca y Elda o la reforma integral del complejo de Benalúa de Alicante.
La consellera ha desgranado también otros logros como el Plan de Eficiencia Energética; la creación de 46 nuevas unidades judiciales; el aumento en un 64 % del presupuesto de personal del área de Justicia o el Plan de Digitalización que ha permitido la puesta en marcha del expediente judicial electrónico.
La mitad de funcionarios que la media
Con todo, ha lamentado que "pese a que la Generalitat es la que ha llevado a cabo el mayor incremento de inversión en Justicia de todas las comunidades autónomas" y que "supera la media nacional", esta apuesta "no se traduce en una mejora acorde al esfuerzo realizado, porque no podemos actuar sobre las dos variables que más influyen en su funcionamiento de los juzgados: la creación de plazas y la organización judicial”, ha asegurado la consellera.
Por ese motivo, para Bravo, “ha llegado el momento de abrir el debate sobre la oportunidad de crear los Consejos autonómicos de Justicia”. Esta iniciativa, sería “un primer paso para adecuar el Poder Judicial y la Administración de Justicia al Estado de las autonomías y corregir así, tras casi medio siglo de vigencia de la Constitución, un aspecto de nuestra arquitectura institucional que no está bien resuelto”.
La consellera ha destacado que la Generalitat “ha asumido el reto” y por ello ha puesto en marcha “el mayor proceso de selección de capital humano desde los años 80”, al tiempo que se estabiliza uno de cada tres puestos de trabajo a través de las ofertas de empleo público que suman un total de 10.442 plazas. Aun así, ha lamentado que la Generalitat tiene "casi la mitad de los empleados públicos que la media estatal". Según ha desvelado, presenta una ratio de 27 funcionarios por 1.000 habitantes frente a los 45 por cada 1.000 de la medida estatal, la más baja del país.
